Para el PJ, "si se ata la tarifa de Aguas al nivel de consumo, los perjudicados serán los sectores más vulnerables quienes pagarán más porque son los que más consumen". La objeción fue planteada por la diputada Alejandra Vucasovich, integrante de la comisión de Obras y Servicios Públicos y de la Bicameral de Seguimiento de Aguas.
En ese marco, la legisladora reutemista solicitó ayer al gobierno provincial que convoque "urgente" a la Bicameral para analizar el nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios, que el Ejecutivo tiene previsto remitir en septiembre a la Legislatura. "Hace dos años que no se reúne esta comisión y nos enteramos por el diario de los cambios que quieren incorporar", se quejó.
El adelanto de La Capital sobre el anteproyecto de ley regulador del agua en la provincia tuvo ayer fuertes repercusiones políticas. Por la mañana, en el Enress hubo una imprevista reunión entre el personal y directores, quienes quedaron en alerta ante la posible eliminación del Ente y su reemplazo por otro órgano de contralor.
En la Legislatura, la diputada Vucasovich planteó reparos desde la oposición. "Coincidimos en la necesidad de perfeccionar la regulación pero analizando detenidamente los cambios que se van a incorporar. Nuestra preocupación es que si se ata la tarifa al consumo, los sectores más vulnerables, que son lo que más consumen agua, van a terminar pagando más en cada factura".
Vucasovich, integrante de la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara baja y de la Bicameral que monitorea a Aguas, también sumó dudas a la diferenciación tarifaria por zonas. "No en todos los radios catastrales hay viviendas del mismo valor, en cada barrio hay distintas situaciones y si se unifica el cargo eso impactaría negativamente en los hogares más sencillos", argumentó.
En ese marco, la legisladora reclamó ayer al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente que convoque "cuanto antes a la Bicameral que hace dos años no se reúne". La comisión está integrada por tres diputados, tres senadores y seis representantes del Poder Ejecutivo.
Otro legislador opositor integrante de la comisión de Obras y Servicios Públicos, el cavallerista Oscar Urruty, reclamó la "efectiva participación de los usuarios en la autoridad de control y en el proceso de toma de decisiones de la empresa".
El diputado del PPS también criticó la propuesta de nombrar a las autoridades del organismo de contralor vía concursos de antecedentes y oposición ya que a su criterio "no siempre son transparentes y en muchas ocasiones suelen estar digitados". Para Urruty debe sostenerse el envío de los pliegos a la Legislatura.
De todos modos, el legislador cavallerista consideró "correcta" la eliminación de la tarifa plana, que implica abonar de acuerdo a lo consumido. "Es un acto de estricta justicia", opinó.
“Si se elimina el Enress, van a desaparecer los controles”
“Si eliminan el Enress, desaparece el control efectivo”. De esta forma el director del Entre Regulador de Servicios Sanitarios, Alberto Muñoz, cargó contra el marco regulatorio propuesto por la gobernación para el servicio de agua potable, que contempla reconvertir el Ente por una Autoridad de Control. En diálogo con La Capital, Muñoz consideró que “se quiere convertir al Enress en una biblioteca, y nosotros decimos que, lejos de quitarle autonomía, se la tienen que incrementar”.
“Me resulta llamativo que justo cuando el Ente propone que hay que mejorar la calidad del agua en determinados lugares se proponga su disolución”, se quejó Muñoz, quien de todos modos coincidió con la necesidad de atar la tarifa al consumo.”Siempre propusimos en las resoluciones el camino del medidor, no por el objetivo de pagar menos sino para que haya un uso más racional el servicio y sea más justo”, recordó.
Para el funcionario “el Ente actual es propuesto por el Ejecutivo ad referéndum de la Legislatura, tiene cierta autonomía, trabaja autárquicamente, se para desde otro lugar. Tiene posibilidades de decirle a la empresa qué tiene que mejorar. Si el ente es transformado en una secretaría, en una dirección u otra área del Ministerio de Aguas y no tiene posibilidad fáctica de plantear las cosas desde un lugar independiente las cosas no van a ser iguales. Lo que planteamos es que la discusión de la regulación, del control, tiene que ser con toda la sociedad. No es una cuestión de una elite de ingenieros hídricos ni de contadores, tiene que ver con las ONG, las organizaciones de usuarios, los municipios y comunas, los legisladores y las cooperativas. Todos tienen que participar del proceso de discusión”.
“Me resulta llamativo que justo cuando el Ente propone que hay que mejorar la calidad del agua en determinados lugares se proponga su disolución”, se quejó Muñoz, quien de todos modos coincidió con la necesidad de atar la tarifa al consumo.”Siempre propusimos en las resoluciones el camino del medidor, no por el objetivo de pagar menos sino para que haya un uso más racional el servicio y sea más justo”, recordó.
Para el funcionario “el Ente actual es propuesto por el Ejecutivo ad referéndum de la Legislatura, tiene cierta autonomía, trabaja autárquicamente, se para desde otro lugar. Tiene posibilidades de decirle a la empresa qué tiene que mejorar. Si el ente es transformado en una secretaría, en una dirección u otra área del Ministerio de Aguas y no tiene posibilidad fáctica de plantear las cosas desde un lugar independiente las cosas no van a ser iguales. Lo que planteamos es que la discusión de la regulación, del control, tiene que ser con toda la sociedad. No es una cuestión de una elite de ingenieros hídricos ni de contadores, tiene que ver con las ONG, las organizaciones de usuarios, los municipios y comunas, los legisladores y las cooperativas. Todos tienen que participar del proceso de discusión”.
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