Propusieron la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y un Registro Público de Empleadores con Sanciones laborales.
Funcionarios del gobierno nacional se reunieron con sindicalistas oficialistas y con empresarios para poner en marcha un Plan Integral de Combate al Trabajo no Registrado, en el marco del “debate” convocado por la presidenta Cristina Fernández tras la derrota electoral del 11 de agosto.
Los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Industria, Deborah Giorgi, junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, lanzaron “nuevos procedimientos de fiscalización del empleo, la creación de una Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y un Registro Público de Empleadores con Sanciones laborales”.
Del encuentro realizado en la sede del Ministerio de Trabajo, participaron el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, y Pedro Wasiejko por la CTA afín al gobierno, en ausencia del docente Hugo Yasky.
Por el sector empresario, estuvieron el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, y el vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Juan Carlos Lascurain, entre otros.
Tras la reunión, en diálogo con DyN, Waseijko calificó al encuentro como “interesante” porque se trata de “la implementación de una serie de herramientas para atacar el núcleo del trabajo irregular que tiene características heterogéneas, porque no es lo mismo en el sector agrícola, que en el sector industrial, en las cooperativas o en el trabajo doméstico”.
La iniciativa oficial fue lanzada en el marco del “debate” que inició el gobierno con empresarios y referentes del sindicalismo oficialista el pasado 21 de agosto en Río Gallegos.
En esta primera reunión, funcionarios empresarios y sindicalistas se abocaron a lograr la “concientización y difusión de daños económicos y sociales que produce el trabajo no registrado”.
En ese contexto, Tomada dispuso “aumentar de 20 a más de 400” la plantilla de inspectores nacionales que controlarán el cumplimiento de la registración de los trabajadores en todo el país.
Tras el encuentro, de más de tres horas, las partes acordaron volver a reunirse en 10 días, cuando “cada sector presentará su propuesta para combatir el empleo marginal por escrito”.
Los procedimientos para el control del empleo marginal incluirán la creación de una unidad especial encargada del control del fraude laboral en sectores complejos de fiscalizar, trabajo más cualitativo de seguimiento de cadenas de valor con la utilización de tecnología informática y bancaria y la construcción de indicadores mínimos de trabajadores.
Además se integrará un equipo multidisciplinario conformado por contadores, economistas y abogados que hará foco especial en el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta e ilegal en determinadas actividades.
Crecieron los depósitos a plazo fijo
- Las colocaciones a plazo fijo del sector privado en el sistema bancario crecieron durante el pasado mes de agosto a un ritmo interanual del 42,6% y avanzaron a una tasa del 4,6% durante ese mes, de acuerdo con el Informe Monetario Mensual del Banco Central (BCRA) difundido anoche.
Durante el mes de agosto las operaciones del sector público y del sector externo tuvieron efecto contractivo.
Los préstamos en pesos al sector privado presentaron un crecimiento de 2,7% (.710 millones), incremento que resultó similar al registrado en los tres meses anteriores.
De esta forma, continuaron mostrando una elevada tasa de crecimiento en términos interanuales (38%).
El incremento del mes estuvo explicado tanto por las líneas más relacionadas con la actividad comercial, tal el caso de los documentos y los adelantos, como por aquellas más asociadas al consumo, las financiaciones con tarjetas de crédito y los préstamos personales.
En agosto se realizó una nueva licitación del Programa del Financiamiento Productivo del Bicentenario (PFPB), con una adjudicación de 159 millones de pesos, con lo cual el total de fondos desembolsados desde el comienzo del PFPB asciende a 5.387 millones de pesos, alrededor del 76% de lo adjudicado.
