Para 2012 se tienen que eliminar todos los depósitos de residuos en la provincia de Santa Fe. Desde el gobierno provincial adelantaron que el Banco Mundial financiará obras de infraestructura para concretarlo.
El subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Carlos Martín, se refirió en varios medios de comunicación sobre el dinero que se necesita para llevar a cabo el proyecto y expresó: “El tiempo pasa y los fondos, aunque están disponibles, no aparecen. Mientras tanto, generamos 3.000 toneladas de residuos por día, de las cuales unas 1.500 toneladas van a parar a los basurales”.
Esta situación obligó a las autoridades provinciales a buscar créditos para financiar obras de infraestructura que permitan resolver esta problemática sanitaria y ambiental. En lo concreto, los fondos procederán del Banco Mundial pero, como requisito previo, una consultora deberá estudiar el panorama. La semana pasada se firmó el contrato para que esa entidad comience a realizar su tarea el 1 de septiembre.
Al referirse al financiamiento contó que se trata de una línea de crédito que el Banco Mundial le abrió a la Argentina en 2005 y se llama Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). La misma pretende mejorar el tratamiento que los Estados locales le dan a todo lo que sus poblaciones desechan. Hasta ahora, esos fondos fueron aplicados a proyectos desarrollados en Mar del Plata y en el Chaco, pero Santa Fe sigue esperando. Según calculan, el monto necesario ascendería a unos 30 millones de dólares.
“La consultoría, por una parte, es un requisito del Banco Mundial para poder solicitar el financiamiento. Pero, además, nos brindará un montón de información muy importante acerca de la generación de residuos en la provincia, los lugares posibles para rellenos sanitarios. Información que quizás está, pero está aislada y ahora va a estar sistematizada en una base importante”, precisó Carlos Martín, subsecretario de Gestión Ambiental de la provincia, quien añadió que los primeros resultados se conocerán en seis meses.
Los primeros pasos
Según se pudo recabar, hace tres años, la Subsecretaría de Gestión Ambiental santafesina presentó ante la cartera nacional que conduce Juan José Mussi el proyecto para generar rellenos sanitarios, plantas de separación de residuos y estaciones de transferencia en un circuito en el que las 363 comunas y municipios resuelvan el destino de su basura de manera sostenible.
Al año siguiente, en diciembre de 2009, la Legislatura sancionó la Ley 13.055, llamada Basura Cero, que orienta el rumbo de las políticas de saneamiento hacia una matriz sustentable, empezando por la erradicación de basurales a cielo abierto.
El problema ambiental
Desde entonces, la ley activó la cuenta regresiva. De acuerdo con ella, las ciudades con más de 35.000 habitantes tendrán que haber eliminado los basurales a partir del 1 de enero próximo. Las poblaciones por debajo de esa dimensión tienen un año más de plazo. Asimismo, se impone como meta que en el 2016 cada urbe haya logrado reducir en un 15 por ciento el peso de los residuos sólidos que vuelca a sus rellenos sanitarios; y que a partir de 2018 disminuya un 12 por ciento más en forma bianual. La intención de la ley es promover el reciclado de la mayor cantidad posible de residuos.
Carlos Martín, manifestó: “El gran problema son los pequeños basurales que se generan por la extracción de suelos para yacimientos, se hacen las rutas y esas cavas quedan al costado de la ruta y son usadas para tirar basura. Después eso sigue con prender fuego para que el residuo pierda volumen y se pueda seguir depositando. La Ley 13.055 conocida como Basura Cero o de Gestión de Residuos, entre otras cosas, establece fechas para el cierre de todos los basurales”.
En esa línea, Martín dijo: “El paso siguiente era la firma del acuerdo para eso vino la doctora Romina Picolotti y firmó con Binner que era la segunda condición y eso fue a fines de 2008 y la condición era que la Secretaría de Ambiente autorice una consultoría que era una exigencia del Banco Mundial para establecer cuáles son las prioridades, las líneas de avance de ese proyecto y ahí fue donde nos quedamos parados”.
Desde el 2009 la ley activó la cuenta regresiva y de acuerdo con ella las ciudades con más de 35.000 habitantes tenían la obligación de haber eliminado los basurales pero hasta el momento esto parece una utopía.
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