Desde la muerte de Néstor hubo cambios. El hijo presidencial quedó al frente, junto a los históricos Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice.
Sociedades, propiedades, cuentas bancarias, hoteles. Los bienes y los negocios que dejó Néstor Kirchner forman parte de la sucesión, la herencia que se dividirán la jefa de Estado, Cristina Fernández, y sus dos hijos, Máximo y Florencia. El patrimonio declarado por el matrimonio en el año 2010, cuando todavía el ex presidente vivía, ascendía a 76 millones de pesos. Si se sumara a eso el valor llave de las acciones que Kirchner declaró por separado, la suma daría más de 86 millones de pesos. El ex perito de la Corte, Alfredo Popritkin, explicó que ese valor debe añadirse porque se trata de un bien intangible, es como la “marca” de las acciones.
Más allá del modo de contar los bienes, el incremento patrimonial de los Kirchner es en el peor de los casos del 27 por ciento, lo cual implica que creció 34 veces desde 2002, el año previo al acceso al poder nacional.
En los pasillos de la Casa Rosada es vox pópuli que Cristina nunca quiso meterse en los negocios y que de todo eso se encargaba Néstor. Es famosa la “libreta” en la que el ex mandatario llevaba las cuentas. Cuando él murió, el 27 de octubre del año pasado, los empresarios que habían hecho negocios con Kirchner se preguntaban cómo se llevaría a cabo la división de bienes, ya que CFK desconocía el entramado.
Al frente de la sucesión, que ya se inició, está el primogénito de los Kirchner, Máximo. Participa también Osvaldo “Bochi” Sanfelice, un hombre que tenía especial ascendencia sobre el santacruceño. Cuando Kirchner era gobernador, Sanfelice le cuidaba la caja: era director de Rentas de la provincia.
Es socio en la inmobiliaria de la familia (Negocios Inmobiliarios SA) y también de un hotel en El Calafate, del que participa la sobrina de Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia). Sanfelice tiene el control sobre todas las propiedades y por lo tanto es un actor fundamental para avanzar con la sucesión.
Otro personaje que tiene un rol activo es Víctor Manzanares, el contador presidencial. Fue quien defendió a Néstor Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, que archivó de manera polémica el juez federal Norberto Oyarbide. En esa causa se acusaba a Kirchner de haber incrementado su patrimonio el 158% en un año, sobre los datos de la declaración jurada de 2008. Contra lo que indicaba Manuel Garrido, ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, Oyarbide desestimó la denuncia. Manzanares también fue funcionario de Kirchner en Santa Cruz. El entonces gobernador lo designó síndico del banco provincial. Tenía una relación de familia. El padre de Víctor, Victoriano, era amigo de los Kirchner.
Leandro Albornoz, presidente del Colegio de Escribanos de Santa Cruz, también está participando de la sucesión. Albornoz fue escribano de cuatro empresas de Manzanares, y en una de esas empresas Manzanares está asociado con un pariente de Kirchner.
Según supo PERFIL, hay un cruce entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez por un fideicomiso que los dos constituyeron para construir un edificio. Para ese negocio, Néstor entregó el terreno, ubicado en el centro de Río Gallegos, y Lázaro se dedicó a la construcción. Los departamentos son gerenciados por Carlos Sancho, ex gobernador nombrado por el pingüino, socio de la inmobiliaria con Máximo. También habría conflictos con la familia Mercado, ya que tendrían negocios en común con los Kirchner y otros empresarios y no se pondrían de acuerdo sobre lo que corresponde a cada uno.
El que no tiene ningún rol es Rudy Ulloa, quien si bien tiene buena relación con Máximo, no está metido en el tema de la herencia y está más abocado a la política. Desde que murió Néstor, algunos especulaban con que el primogénito tomaría un rol activo en la política, pero eso no sucedió. Se quedó en Gallegos ocupándose de los negocios.
La herencia. Según el Código Civil, de los bienes gananciales CFK recibirá el 50 por ciento. El resto se lo distribuirán en partes iguales (un 25 por ciento cada uno) los hijos. Entonces, su esposa se quedaría con más de 38 millones de pesos. Máximo y Florencia obtendrían más de 19 millones de pesos cada uno. Casi el 100 por ciento de los activos de la familia provenían del ex presidente.
Antes de la presentación de la declaración jurada, según información que obtuvo PERFIL, en Río Gallegos hubo varias reuniones con los socios que mantenía negocios con el pingüino.
El objetivo era ajustar los números para que ellos pusieran en sus declaraciones lo mismo que había informado el ex presidente, porque no se podían permitir diferencias ante la AFIP. CFK obtuvo una prórroga de la Oficina Anticorrupción para presentar la declaración jurada. En general, los funcionarios hacen la presentación en julio. Esta vez le dieron plazo hasta el 24 de agosto.
Más allá del modo de contar los bienes, el incremento patrimonial de los Kirchner es en el peor de los casos del 27 por ciento, lo cual implica que creció 34 veces desde 2002, el año previo al acceso al poder nacional.
En los pasillos de la Casa Rosada es vox pópuli que Cristina nunca quiso meterse en los negocios y que de todo eso se encargaba Néstor. Es famosa la “libreta” en la que el ex mandatario llevaba las cuentas. Cuando él murió, el 27 de octubre del año pasado, los empresarios que habían hecho negocios con Kirchner se preguntaban cómo se llevaría a cabo la división de bienes, ya que CFK desconocía el entramado.
Al frente de la sucesión, que ya se inició, está el primogénito de los Kirchner, Máximo. Participa también Osvaldo “Bochi” Sanfelice, un hombre que tenía especial ascendencia sobre el santacruceño. Cuando Kirchner era gobernador, Sanfelice le cuidaba la caja: era director de Rentas de la provincia.
Es socio en la inmobiliaria de la familia (Negocios Inmobiliarios SA) y también de un hotel en El Calafate, del que participa la sobrina de Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia). Sanfelice tiene el control sobre todas las propiedades y por lo tanto es un actor fundamental para avanzar con la sucesión.
Otro personaje que tiene un rol activo es Víctor Manzanares, el contador presidencial. Fue quien defendió a Néstor Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, que archivó de manera polémica el juez federal Norberto Oyarbide. En esa causa se acusaba a Kirchner de haber incrementado su patrimonio el 158% en un año, sobre los datos de la declaración jurada de 2008. Contra lo que indicaba Manuel Garrido, ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, Oyarbide desestimó la denuncia. Manzanares también fue funcionario de Kirchner en Santa Cruz. El entonces gobernador lo designó síndico del banco provincial. Tenía una relación de familia. El padre de Víctor, Victoriano, era amigo de los Kirchner.
Leandro Albornoz, presidente del Colegio de Escribanos de Santa Cruz, también está participando de la sucesión. Albornoz fue escribano de cuatro empresas de Manzanares, y en una de esas empresas Manzanares está asociado con un pariente de Kirchner.
Según supo PERFIL, hay un cruce entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez por un fideicomiso que los dos constituyeron para construir un edificio. Para ese negocio, Néstor entregó el terreno, ubicado en el centro de Río Gallegos, y Lázaro se dedicó a la construcción. Los departamentos son gerenciados por Carlos Sancho, ex gobernador nombrado por el pingüino, socio de la inmobiliaria con Máximo. También habría conflictos con la familia Mercado, ya que tendrían negocios en común con los Kirchner y otros empresarios y no se pondrían de acuerdo sobre lo que corresponde a cada uno.
El que no tiene ningún rol es Rudy Ulloa, quien si bien tiene buena relación con Máximo, no está metido en el tema de la herencia y está más abocado a la política. Desde que murió Néstor, algunos especulaban con que el primogénito tomaría un rol activo en la política, pero eso no sucedió. Se quedó en Gallegos ocupándose de los negocios.
La herencia. Según el Código Civil, de los bienes gananciales CFK recibirá el 50 por ciento. El resto se lo distribuirán en partes iguales (un 25 por ciento cada uno) los hijos. Entonces, su esposa se quedaría con más de 38 millones de pesos. Máximo y Florencia obtendrían más de 19 millones de pesos cada uno. Casi el 100 por ciento de los activos de la familia provenían del ex presidente.
Antes de la presentación de la declaración jurada, según información que obtuvo PERFIL, en Río Gallegos hubo varias reuniones con los socios que mantenía negocios con el pingüino.
El objetivo era ajustar los números para que ellos pusieran en sus declaraciones lo mismo que había informado el ex presidente, porque no se podían permitir diferencias ante la AFIP. CFK obtuvo una prórroga de la Oficina Anticorrupción para presentar la declaración jurada. En general, los funcionarios hacen la presentación en julio. Esta vez le dieron plazo hasta el 24 de agosto.
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