En el departamento La Capital más de la mitad de las beneficiarias está en edad escolar. Algunos mitos, derechos y dificultades en la maternidad adolescente.
La problemática de los embarazos adolescentes sigue siendo una de las mayores preocupaciones dentro del ámbito escolar. Todos los años, docentes y directivos –de escuelas públicas y privadas, con poblaciones de todos los niveles socioeconómicos– ven que un grupo importante de alumnas enfrentan gestaciones no planificadas que, en algunos casos, ponen en riesgo la continuidad de su formación obligatoria. En ese sentido, desde la Udai Santa Fe del Ansés indicaron que del total de asignaciones que se entregan por embarazo en el departamento La Capital, el 55 por ciento pertenece a mujeres menores de 18 años, es decir, en edad escolar. En los establecimientos educativos destacaron el trabajo que se realiza en la aplicación de la educación sexual integral (ESI) y la completa información con la que se cuenta, pero entienden que el proceso de cambio llevará mucho más tiempo. Desde el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) coincidieron con esa mirada y mencionaron la importancia de contar en la provincia con el acceso a los métodos anticonceptivos gratuitos y con la información necesaria para terminar con los mitos sobre el cuidado del cuerpo de las mujeres. Puntos de reflexión Frente a la continuidad de una significativa tasa de embarazo adolescente es necesario recordar que no se trata de una situación que involucra sólo a las clases bajas. Aunque sí es una realidad que las clases media y alta acceden a la posibilidad de terminar la gestación de manera segura si la joven no desea ser madre aún. Sin embargo, es necesario pensar que si bien muchos de esos embarazos no son planificados tampoco son no deseados. En ese sentido, se debe tener en cuenta que recién en el siglo pasado la mujer comenzó a posponer la maternidad en función de otros intereses personales, como una carrera profesional. También hay que descartar que la cantidad de embarazos responda a la posibilidad de cobrar una asignación familiar, ya que el costo de mantener a una criatura supera ampliamente el dinero que el Estado destina. Derecho a estudiar Respecto a las repercusiones en el ámbito escolar es importante señalar que las adolescentes embarazadas cuentan con dos leyes que apuntan a resguardar su derechos a continuar sus estudios. Por un lado está la Ley Nacional Nº 25.273 que crea “un régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez para alumnas que cursen los ciclos de enseñanza general básica polimodal y superior no universitaria en establecimientos de jurisdicción nacional, provincial o municipal que no posean una reglamentación con beneficios iguales o mayores que las que otorga esta ley”. Y, por el otro, la Ley Nº 25.584 que garantiza continuidad del cursado de alumnas embarazadas. Esa normativa establece la “prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas”. Fernanda Pagura –del Programa de Género de la UNL– destacó la importancia de que las jóvenes conozcan esas normativas y que las escuelas articulen todas las medidas necesarias para facilitar la continuidad del cursado en el marco de la obligatoriedad de los 13 años de escolaridad en todo el país. En ese sentido, es importante destacar que existen instituciones educativas abiertas que autorizan a las jóvenes madres a asistir con sus hijos e hijas a clases para que no pierdan la oportunidad de estudiar; y otras en las que se contemplan las inasistencias y se trabaja con los tutores para que puedan seguir el ritmo. El acceso a la salud El Programa de Género de la UNL trabaja el empoderamiento en derechos sexuales y reproductivos en las mujeres. “Consideramos que hay que garantizar que en los centros de salud estén los métodos anticonceptivos. Desde que se reglamentó la ley provincial hubo momentos en los que no se contó con pastillas, preservativos u otros anticonceptivos”, explicó y agregó: “Hoy todos los métodos están disponibles en los centros de salud. La provincia produce sus propios anticonceptivos así que están garantizados”. En ese sentido, Pagura reconoció que siguen existiendo muchos mitos y desinformación sobre la utilización de la píldora del día después, que es un anticonceptivo de emergencia no abortivo. Es una pastilla que está incluida en el programa médico obligatorio de Nación. “Encontramos que hay barreras en los centros de salud. Sin embargo, no es el Estado el que no distribuye, sino que operan las barreras humanas como la objeción de conciencia, el desconocimiento de para qué sirve la pastilla o de que se puede conseguir en los centros de salud”, indicó Pagura y agregó: “En muchos otros casos las usuarias no conocen la existencia de esa pastilla que está destinada a ser utilizada cuando falla el método anticonceptivo habitual, cuando hubo un descuido o en caso de una violación”. Al respecto mencionó que en muchos casos se la confunde con el Misoprostol –una droga utilizada para realizar abortos seguros hasta la semana 12 de embarazo-. “Hay algunos profesionales de la salud que siguen planteando que el DIU es abortivo y que la anticoncepción de emergencia también; y, desde ahí, hacen objeción de conciencia. Dicen: «Esto no lo pongo o esto no lo doy porque va en contra de mis concepciones»”, remarcó.
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