Patricia Isasa, una de las
primeras denunciantes de los crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la dictadura militar en la capital santafesina y principal
testigo en la causa Brusa, criticó al gobierno provincial: calificó de
"ineficiente" al sistema de protección de testigos, y aseveró que "los
socialistas no tienen política de derechos humanos".
La sobreviviente también aseguró que "son
una barbaridad" las salidas transitorias otorgadas por la Justicia
federal a tres de los condenados en la causa Brusa —el ex juez Víctor
Brusa, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex policía Eduardo Ramos—
sentenciados a penas de entre 19 y 23 años de prisión por crímenes de
lesa humanidad.
Isasa advirtió que "a esta gente, verdaderos asesinos
seriales, ahora el Tribunal Oral Federal les dio salidas cada 15 días
sin restricciones", lo que representa "un riesgo altísimo, porque ya se
fugaron antes".
"Es gravísimo. ¿Cómo no se trabaja desde la
Secretaría de Derechos Humanos (de la provincia) con información que
tienen testigos y querellantes?", resaltó.
En ese marco, se preguntó: "¿Cómo no se hace una mesa
de trabajo, cómo no hay un protocolo de actuación que coordine Juzgado
Federal, Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Derechos Humanos,
Programa de Protección de Testigos, y los psicólogos que asisten a los
testigos y querellantes. Así se trabaja en el gobierno nacional",
destacó.
Sobre el programa de protección a testigos en Santa
Fe, destacó: "Mi sensación es que no tiene programa o aplica una
política errática".
"Los socialistas no tienen política de derechos
humanos, por eso pusieron antes (durante la gestión de Hermes Binner) al
frente de ese área a Rosa Acosta, de bochornosa administración, y ahora
a un joven abogado de derechos humanos (Horacio Coutaz). Realmente
hacen agua", agregó.
Sostuvo que "no es válida la excusa de que recién
asumen, porque por un lado en lo administrativo heredan la estructura ya
armada y funcionando, y en cuanto a política, debieron presentar un
plan de acción de gobierno cuando se postularon para las elecciones un
año atrás. Lo que pasa es que son improvisados, sin política de derechos
humanos".
"Los socialistas no tienen política de derechos
humanos. En 30 años de democracia, no desarrollaron cuadros políticos,
ni de trabajo", aseguró.
Señaló que "no nos informan a los testigos y
querellantes, tenemos nosotros que llamarlos a ellos, es una vergüenza",
y añadió que "reclaman del Poder Judicial cosas que ellos mismos no
hacen con nosotros. No me llamaron, ni a los testigos, ni a mis
abogados".
"Ya pasó lo de Silvia Suppo (ex detenida, testigo de
la causa Brusa y asesinada en 2010) y no la protegieron. Cuando ocurrió
el crimen, salieron a decir que ella no quiso que la protegieran, pero
yo digo: ¿no se les planteó que podía haber riesgo? No hicieron nada,
siempre detrás de los hechos, nunca hacen prevención", se quejó.
Una larga lucha. Isasa recordó que
"en el año 1998, en soledad, le pedí el juicio político al juez federal
Brusa". Añadió que "en 1997 realicé un trabajo de investigación. En
septiembre del 98 viajé a España, presenté todo ante el juez Baltasar
Garzón y el magistrado pidió inmediatamente la captura internacional de
Brusa a Interpol. En septiembre de 2001, el mismo juez pidió la
extradición de seis represores de Santa Fe y doce de la Esma".
"Inmediatamente, Brusa presentó un hábeas corpus, la
Justicia comenzó a tomarle declaración, lo fueron a buscar a su
domicilio y se fugó. Lo mismo pasó con Ramos", indicó.
"Recién unos 10 días después se entregó Ramos y lo
hizo en el Arzobispado de Santa Fe, en ese entonces a cargo de monseñor
Gabriel Storni. Paralelamente, Brusa fue detenido en Buenos Aires",
repasó Isasa.
Por estas razones, insistió en la gravedad de que
estos represores condenados hoy gocen de salidas transitorias de
prisión, ya que ambos se han fugado en el pasado.
Búsqueda en un dique salteño
El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos solicitó a
la Secretaria de Seguridad de esa provincia realizar una inspección
ocular subacuática en el dique Cabra Corral con el fin de establecer si
allí fueron arrojadas víctimas de la última dictadura. El funcionario
solicitó esa medida a raíz de los dichos de un ex comisario que
manifestó haber visto cuerpos “fondeados” en ese dique salteño.
“No esperamos encontrar esqueletos —aclaró el fiscal— pero sí elementos que nos indiquen si hubo hechos que pretendieron ocultar delitos”. Se estima que los rastrillajes podrían comenzar en diez días.
Incluso, se menciono que el cuerpo del ex gobernador Miguel Ragone habría sido arrojado allí poco después de haber sido secuestrado en marzo de 1976, días antes del golpe militar. Según se explico, las declaraciones publicas formuladas por el ex comisario Eduardo Medina al diario El Tribuno fueron tomadas por la Fiscalía como “notitia criminis”, es decir el acto de comunicar o noticiar la perpetración de un hecho delictivo.
El ex policía relató a ese diario haber asistido al rescate de un cuerpo que presentaba impactos de bala y que había sido arrojado al fondo del dique.
“No esperamos encontrar esqueletos —aclaró el fiscal— pero sí elementos que nos indiquen si hubo hechos que pretendieron ocultar delitos”. Se estima que los rastrillajes podrían comenzar en diez días.
Incluso, se menciono que el cuerpo del ex gobernador Miguel Ragone habría sido arrojado allí poco después de haber sido secuestrado en marzo de 1976, días antes del golpe militar. Según se explico, las declaraciones publicas formuladas por el ex comisario Eduardo Medina al diario El Tribuno fueron tomadas por la Fiscalía como “notitia criminis”, es decir el acto de comunicar o noticiar la perpetración de un hecho delictivo.
El ex policía relató a ese diario haber asistido al rescate de un cuerpo que presentaba impactos de bala y que había sido arrojado al fondo del dique.
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