La Nación ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte datos que posibiliten las detenciones. En todo el país, son 27 los prófugos procesados por delitos de lesa humanidad.
Se trata del ex policía César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y de los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario a cargo de Marcelo Martín Bailaque.
Mientras tanto, respecto de los procesados por haber cometido este tipo de delitos en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe y alrededores (cuatro de ellos involucrados en la Megacausa), se informó que si bien esperan los juicios en libertad, sobre todos ellos se tiene conocimiento sobre su paradero.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofreció 100 mil pesos –y el anonimato del denunciante– (por cada uno de los acusados) para aquel que aporte datos ciertos que permitan ubicar a estos sospechosos. Con estos nombres, ya suman 27 los prófugos buscados por estos delitos imprescriptibles, por los cuales se ofrecen más de 2,5 millones de pesos de recompensa.
Secuestros y muertes
César Peralta, de 56 años, fue un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y al que se acusa de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales. Entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman. Está prófugo desde el 28 de agosto de 2006.
A Tuttolomundo, de 53 años, lo buscan desde el 5 de mayo del 2008 por delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.
Los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que ventiló el año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la llamada causa Guerrieri.
En aquel juicio se sentenció a prisión perpetua a los cinco acusados –Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo– por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
Por decisión de la Corte
A principios de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la excarcelación del único militar que estaba preso en una cárcel común por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.
Inteligencia militar
Se trata del teniente coronel Domingo Morales, un ex jefe operativo del Destacamento de Inteligencia Militar 122, procesado por dieciséis homicidios, asociación ilícita y supresión de identidad de una menor, entre otros delitos, que quedó libre en abril del año pasado por una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal.
El fallo de la Corte sentó jurisprudencia para que suceda lo mismo con otros represores de la provincia que están en libertad por resoluciones similares de Casación.
Morales había sido detenido en octubre de 2009 por orden del juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, pero sólo estuvo preso seis meses en la cárcel de Las Flores. Rodríguez le rechazó el pedido de excarcelación, la Cámara Federal de Rosario confirmó esa medida de primera instancia, pero luego la Cámara Nacional de Casación la dejó sin efecto, en un fallo muy controvertido de la Sala III. “Un fallo vergonzoso y de una gravedad institucional inusitada porque significa que de ahora en más los juicios se harán con los genocidas en las calles”, lo calificó por entonces la abogada de H.I.J.O.S., Lucila Puyol.
Mecanismo de captura
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak sostuvo que “este mecanismo (de recompensas por el aporte de datos) –instrumentado por la cartera a su cargo a través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia– ya permitió la captura de numerosos fugitivos acusados de haber participado en la represión ilegal durante la última dictadura militar”.
“Se trata de imputados por los delitos de violación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios, sustracción de menores y desaparición física de personas, que pudieron ser puestos a disposición de la Justicia para ser juzgados en el marco de las causas que los implican”.
La Unidad Especial, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Allí se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.
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