Cada legislador tiene 20 mil pesos por mes para distribuir pero sólo la vicegobernadora Griselda Tessio y el socialista Juan Carlos Zabalza informaron a quiénes otorgaron las ayudas económicas.
Así surge del propio portal oficial que tiene la Cámara alta –www.senadosantafe.gov.ar– en el link denominado Transparencia y Acceso a la información, donde se corrobora que de los 19 senadores sólo el socialista Juan Carlos Zabalza (Rosario) y la vicegobernadora Griselda Tessio presentaron adónde fueron a parar esos miles de pesos de fondos públicos. El resto, 13 justicialistas y cinco radicales que integran el cuerpo, prefirieron no remitir explicación alguna sobre ese punto que apenas es optativo.
En tal sentido, oficialistas y opositores fueron invitados en mayo de 2010 por la presidencia del Senado a “ratificar o corregir datos personales” que se encontraban publicados en el sitio web de la Cámara y también a “enviar para su publicación otro tipo de datos como declaración jurada, nombre, funciones y currículum vitae de colaboradores e información sobre los subsidios otorgados”. La propuesta no tuvo la respuesta que se esperaba, pero Tessio no desistió de avanzar en “fortalecer la calidad institucional, transparencia y participación ciudadana”.
El tema es sensible. Los senadores santafesinos, que tienen una representación territorial muy fuerte, reproducen cada vez que pueden que son los primeros eslabones del Estado que tienen que dar respuestas a las muchas demandas que existen en sus distritos. Y esos subsidios son un mecanismo –legal– para mitigar algunos problemas en materia sanitaria, educativa, productiva y hasta de transporte, entre otras.
Hasta allí, no caben dudas que miles de esos recursos públicos van a parar a gente que lo necesita, pero al no publicarse quiénes son los beneficiarios –físicos o jurídicos– o cuanto menos los números de expedientes de las solicitudes de los subsidios, se tiende un manto de sospecha sobre los legisladores que no cumplen con ese requisito que no es obligatorio, aunque sí ético.
Un argumento que esgrimieron varios senadores del justicialismo cuando en 2009 se discutió en el recinto la ley de libre acceso a la información pública –que obviamente fracasó– fue que dar a conocer quiénes son los beneficiarios de los subsidios es “estigmatizar” al que tiene una necesidad o un problema, y consideraron que se debe respetar el derecho a la privacidad. La mayoría opositora hizo valer sus 13 miembros sobre 19 para votar la iniciativa que Diputados, donde el oficialismo tiene más miembros, mandó al cajón de los recuerdos.
“En la ley de acceso a la información está el tema de la protección de los datos sensibles, que es no querer revelar determinados subsidios que están direccionados, supongamos, a tratamientos de sida, para preservar la privacía de esa persona; pero nosotros no tenemos por qué identificarlas, en todo caso, sino que basta con que publiquemos el número de expediente para que la ciudadanía conozca absolutamente que los subsidios tienen un destino”, dijo Tessio a Diario UNO.
Por ahora no existe una obligación legal de dar a publicidad adónde se destinan los subsidios, y a juzgar por el comportamiento legislativo tampoco hay demasiada voluntad en que eso suceda. Ni siquiera aquellos senadores del Frente Progresista que hace dos años votaron por una ley de libre acceso a la información sin cláusulas restrictivas –que nunca salió– hoy predican con el ejemplo.
Mayor transparencia
Los subsidios en sí mismos generan un debate político muy fuerte sobre la legitimidad institucional de que legisladores tengan esa potestad. Hay dirigentes, entre ellos el gobernador Hermes Binner, que consideran que el reparto de fondos públicos por parte de senadores y diputados no es correcto porque no está entre sus atribuciones constitucionales. De hecho, queda flotando la idea de la discrecionalidad dirigida.
A su vez, en el período 2003-2007 la vicegobernadora de entonces, María Eugenia Bielsa (PJ), debió afrontar varios desplantes de los senadores de su partido por los sucesivos aumentos que se aprobaron en dichos montos, y que pasaron de 9.000 a 14.000 pesos, luego a 20.000 pesos. La reciente diputada electa criticó ese último incremento, y no lo aceptó; tampoco la socialista Patricia Sandoz (mandato cumplido).
“La idea de los subsidios es, fundamentalmente, otorgarlos para cuestiones de necesidad en enfermedades, en temas institucionales puntuales, para que mientras esperan respuestas de los ministerios nosotros colaboremos con ellos”, agregó Tessio, que se mantuvo en los 14.000 pesos por mes que había dispuesto su antecesora en el cargo para la presidencia del Senado.
Por su parte, el otro integrante de la Cámara alta que publicó los nombres y/o números de DNI de los beneficiarios de sus subsidios, Juan Carlos Zabalza, dijo: “Un proyecto de libre acceso a la información que involucra a todos los poderes (del Estado), que hicieron diputados del Frente Progresista, lo trabajamos en el Senado y lo mejoramos. Le incorporamos específicamente un punto que era informar los subsidios y la bancada de senadores justicialistas lo votó en contra”.
“Ese proyecto quedó planchado. Y por eso con Griselda Tessio tomamos la decisión de hacer público en la página web del Senado santafesino todos los subsidios que se otorgan”, recordó Zabalza, quien espera que la próxima Legislatura dé un salto cualitativo en la discusión y sanción de una ley que garantice a los ciudadanos poder obtener toda información pública que se genere en cualquiera de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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