En una reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Rosario, firmaron un preacuerdo amistoso en un caso que había llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que de no cerrarse hubiera implicado la aplicación de sanciones internacionales para la Argentina. Es la primera vez que se arriba a un convenio de estas características en la provincia de Santa Fe.
El encuentro fue presidido por elministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti,a quien acompañaron por el gobierno provincial el subsecretario de AsuntosPenales, Juan Lewis, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Juan PabloCifré. Acudieron también el peticionario ante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (Cidh), Rubén Godoy, y su defensora,Marcela De Luca, así como Javier Salgado, director de Derechos Humanos(Contencioso Internacional) del Ministerio de Relaciones Exteriores, ComercioInternacional y Culto de la Nación y Gonzalo Bueno, también de Cancillería, encalidad de observadores.
El nudo del conflicto es que a raízdel anterior Código de Procedimientos Penales se habrían vulnerado derechos deGodoy, condenado en una causa penal por un hecho ocurrido hace 19 años.Agotadas las instancias judiciales locales, Godoy recurrió a la Cidh, con sede en Washington, donde su petición fuecontemplada ya que el Código anterior violaba tratados internacionales. En elmarco de esta denuncia, desde 2008 realizaron una serie de reuniones paraalcanzar un acuerdo amistoso, al cual finalmente se arribó ayer y que ahoradeberá homologar la Cidh.
Durante el encuentro se analizó elestado de cumplimiento de las cuatro recomendaciones efectuadas oportunamentepor la Comisión. En ese sentido, se ha presentado un recurso de apelación en elmarco del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, en trámite ante laCámara Penal de Rosario. En segundo lugar, a partir de una nota que el ministrode Justicia y Derechos Humanos cursara a la Procuración General, el Procuradordio instrucciones para que se investiguen los apremios denunciados por Godoy,causa que estaba archivada. En el transcurso de este año la causa fuedesarchivada y se realizaron una serie de medidas probatorias, con intervenciónde la Fiscalía N° 8 y el juzgado de instrucción N° 3. Además Godoy se haconstituido como querellante, una figura que prevé el nuevo Código Procesalpara darle intervención a la víctima en el proceso.
En cuanto a la tercera recomendaciónde la Cidh, relacionada con el principio de “norepetición”, es decir que casos como éste no vuelvan a repetirse, el Estadoargentino había presentado como defensa las leyes que consagran el nuevosistema de enjuiciamiento penal, que actualmente se está implementando en laprovincia y respeta, a diferencia del sistema anterior, los tratadosinternacionales de derechos humanos.
Por último, en materia reparatoria, Godoy ha recuperado la libertad después de 19años el 22 de julio pasado, encontrándose en libertad condicional. A través deFiscalía de Estado, el gobierno ofreció la suma de 40 mil pesos como reparaciónpor los daños generados por la conculcación del derecho a acceder a un recursojudicial de revisión (Godoy había optado en su momento por ser juzgado en unaaudiencia oral, instancia que en el viejo sistema no contemplaba la posibilidadde apelar, y fue condenado a prisión perpetua). Pero además, y como parteintegrante de los compromisos reparatorios, laprovincia, a través de la Dirección Provincial de Control y Asistencia PosPenitenciaria del Ministerio de Justicia y derechos Humanos ya ha contactado aGodoy para ofrecerle asistencia. En concreto, ser incorporado al Programa de Microemprendimientos y al Programa de Fondos de AsistenciaPos Penitenciaria, así como otras intervenciones tendientes a facilitar sureinserción. Por último, se conmutará el resto de la pena impuesta en la causaoriginada en 1992.
LACUESTIÓN INSTITUCIONAL
“De esta manera se evita que el casollegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Argentina recibasanciones internacionales, así como reparar los eventuales daños que hubierasufrido Godoy a raíz de que no se le respetaron sus derechos”, indicó elministro de Justicia y Derechos Humanos. “Uno de los puntos del acuerdo es lareforma en el sistema de enjuiciamientos penales que está llevando adelante laprovincia, ya que una vez plasmada este tipo de casos no volverán a repetirse”,agregaron.
En ese sentido, la nueva justiciapenal permite que la provincia se ponga a tono con las exigencias de laConstitución Nacional y los tratados internacionales, “un enunciado que quizássuene abstracto pero que en casos como el que nos ocupa demuestra laimportancia institucional de estos cambios, además de la mayor cercanía,agilidad y eficiencia que tiene el sistema acusatorio en relación alinquisitivo”, señaló Superti.
Como se dijo antes, este nuevo sistemade enjuiciamiento penal se utilizó para defender la posición del Estadoargentino, ya que aunque las vulneraciones de derechos se produzcan en lasprovincias, las sanciones internacionales se aplican a los países.-
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