El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante. La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de fuerza ilegítimo que aún se mantiene, sin consentirlo en momento alguno.
El Gobierno argentino reafirma una vez más los imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que son parte integrante de su territorio nacional.
La ilegítima ocupación colonial británica, que dura ya 182 años, se ve agravada por la provocativa y desafiante negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones sobre soberanía como establece el mandato vigente de las Naciones Unidas, establecido mediante la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General y refrendado por nueve resoluciones subsiguientes y más de treinta de su Comité Especial de Descolonización. El mismo que ha venido siendo reiterado desde entonces y hasta nuestros días, además, por numerosos foros regionales y birregionales.
Al tiempo que perdura la ocupación ilegal de esa porción del territorio argentino, el Reino Unido continúa perpetrando actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en espacios marítimos argentinos ilegalmente ocupados que, sumadas a su continuada presencia militar en el Atlántico Sur, ha suscitado expresiones de creciente preocupación y rechazo no sólo en la región.
Nuestra región ha sido unánime en su rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur y ha manifestado su preocupación por las mencionadas actividades unilaterales a través de diversos pronunciamientos de las cumbres de Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, de la UNASUR, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Cumbre Iberoamericana. También otras regiones se han manifestado a favor de la reanudación de las negociaciones tales como la Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la Cumbre de Países Sudamericanos y Africanos (ASA).
Más recientemente, al igual que en el marco de la Organización de Energía de América Latina y el Caribe (OLADE), el Grupo de los 77 y China ha reconocido expresamente el derecho que le asiste a la República Argentina de emprender acciones legales, con pleno respeto del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes, contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en sus espacios marítimos, lo cual incluye la plataforma continental.
La Argentina recuerda que -durante el año 2015 que se inicia- se conmemorará el cincuentenario de la adopción de la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera referida específicamente a la Cuestión de las Islas Malvinas y que, por reconocer la existencia de la disputa de soberanía, llama a sus dos únicas partes a encontrarle solución mediante la negociación, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
Al igual que lo manifestó junto al Reino Unido en 1966, al dar inicio al proceso negociador bilateral sobre la soberanía de las islas que se extendió casi dos décadas, la República Argentina continúa plenamente dispuesta a encontrar la solución pacífica y duradera a la disputa con el mismo ánimo constructivo que manifestara durante los años en que ambos países analizamos diversas fórmulas de solución en cumplimiento de la resolución cincuentenaria.
La Argentina celebra con satisfacción la plena vigencia de este mandato de las Naciones Unidas y aprovecha esta ocasión para agradecer el contundente respaldo de la comunidad internacional, en sus distintas manifestaciones, y para renovar su firme compromiso con la solución pacífica de las controversias, el derecho internacional y el multilateralismo.
Al evocar 182 años del despojo, el Gobierno argentino reitera, una vez más su permanente y sincera disposición a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido, tal como lo reclama la comunidad internacional, para hallar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y poner fin, de este modo, a una anacrónica situación, incompatible con la evolución del actual mundo post colonial.
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