Acta acuerdo entre la Defensoría y el Ministerio de Seguridad. El ministro Raúl Lamberto dio detalles de lo que se realiza para cumplir con el hábeas corpus correctivo en favor de los detenidos.
La Capital |
El Ministerio de Seguridad de la provincia inició el año 2015 con el "firme compromiso de llevar adelante todas las obras necesarias" para dar cumplimiento al acta acuerdo fimada en los últimos días de diciembre con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en torno a la situación de los detenidos alojados en las comisarías del departamento Rosario. En ese sentido, y tal cual lo adelantara La Capital el pasado miércoles 31, se prevé que para el 6 de agosto próximo no habrá más de 230 reclusos en dependencias policiales de la Unidad Regional II y se habrá concluido con la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 16, en el límite entre Rosario y Pérez, además de dos nuevos pabellones en la Unidad Nº 11 de Piñero y un importante número de modernos módulos en las nuevas seccionales con capacidad para entre 12 y 16 personas, todo lo que permitirá "cumplir con la promesa asumida", según confió ayer el ministro Raúl Lamberto.
"El compromiso asumido ante la Justicia es el final de un largo proceso de trabajo y negociaciones que esperamos dar por cerrado a fines de 2015 o en los primeros meses de 2016", dijo ayer el ministro de Seguridad de la provincia tras enumerar los pasos que se fueron dando al respecto. En ese marco habrá que recordar que en los primeros meses de 2014 los Defensores Públicos del departamento Rosario realizaron una exhaustiva recorrida por las dependencias policiales y relevaron no sólo la cantidad de detenidos en cada seccional, sino también el estado de salud de cada uno de los presos y las condiciones edilicias de las dependencias.
Tras ello presentaron un recurso de hábeas corpus correctivo y colectivo en el cual denunciaban que había 1.379 personas privadas de su libertad en espacios que no podían albergar a más de 677, lo que marcaba un exceso del 204 por ciento en la población de detenidos.
Resolución judicial El hábeas corpus recayó en manos de la jueza penal Roxana Bernardelli y tras varias reuniones entre las partes se arribó a un acta acuerdo que fue validada por la magistrada el último lunes del año pasado y con carácter de sentencia (ver aparte). En ese documento se establece un cupo constitucional y legal de 230 detenidos adecuado a los parámetros internacionales vigentes en la materia para alojar personas en comisarías de la Unidad Regional II.
Al respecto, el ministro Lamberto valoró la decisión de la Justicia puesto que "sitúa a la provincia dentro de los estándares internacionales en lo referente a políticas de detención de personas". Y recordó que en materia penitenciaria el objetivo es "la reducción paulatina de detenidos en resguardo de efectivos policiales y, al mismo tiempo, la jerarquización del Servicio Penitenciario" como custodio de esas personas privadas de libertad.
Para llegar a ese número mágico de 230 presos, ayer el ministro Lamberto recordó que "se está llevando a cabo un plan de obras en la órbita del Servicio Penitenciario que contempla la construcción de dos alcaidías regionales para varones con capacidad para 220 personas en total, y un penal para mujeres con capacidad para 100 internas", establecimientos que se levantarán en la zona de avenida de Circunvalación y 27 de Febrero. Para los mismos, dijo el ministro, "se llamará en pocos días a licitaciones simultáneas para la construcción de los dobles cercos perimetrales, las áreas de servicios y administración y los pabellones que se construirán con sistemas modernos, premoldeados que nos permitirán acelerar los tiempos y tener para fin de año o principio de 2016 esos nuevos espacios habilitados".
A las alcaidías se suman "las que ya se encuentran en ejecución, como la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez que contará con 168 plazas en total y su conclusión está pensada para el segundo semestre de este año; y los dos nuevos módulos en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero con capacidad para 168 internos cada uno (uno ya licitado y el otro por licitarse), cuya finalización está prevista para mediados de 2016".
Cada cual en su lugar. Lamberto explicó que todo lo que se está haciendo "se trata de una clara definición política. La policía debe estar abocada para lo está siendo y fue formada, es decir la prevención y persecución del delito. En tanto que las personas privadas de la libertad deben ser supervisadas por personas que también han sido preparadas para ello, como son los agentes penitenciarios". Y en ese sentido recordó que el traspaso de la alcaidía de Jefatura de la policía al Servicio Penitenciario, en noviembre pasado, "después de hacer las adecuaciones edilicias necesarias como el doble cerco perimetral, un nuevo pabellón y una nueva área de servicios que se está construyendo, permitió bajar el número de detenidos en dependencias policiales de 1.300 a 480".
En este marco, desde el Ministerio se informó que en la actualidad "hay obras en marcha en cinco seccionales, tres de ellas ya en su etapa final", como la comisaría 27ª de Arroyo Seco. Además se está trabajando en la 26ª de Villa Gobernador Gálvez, la 16ª de barrio Tablada, la 10ª de La Florida y la 5ª del macrocentro rosarino. "Estamos hablando de un nuevo concepto de comisarías, totalmente diferente a las existentes, pensadas para que los detenidos realmente estén de paso según lo establece el nuevo sistema penal establecido en la provincia. Y para eso se demuele todo lo existente y se construyen nuevos espacios que cumplen con todos los requisitos de estándares internacionales relativos a ventilación, iluminación natural, servicios sanitarios y otros".
La salud. Otro tópico que abordó el ministro es el avance que se realizó, a partir del mismo hábeas corpus, con la firma de un convenio entre las carteras de Seguridad y de Salud de la provincia mediante el cual "se implementó a partir del mes de julio pasado un dispositivo de salud para la atención de los detenidos en dependencias policiales".
Lamberto explicó que "el dispositivo cuenta con base operativa en la comisaría 6ª de Rosario y tiene por finalidad la atención médica y odontológica de los reclusos, con seguimiento pormenorizado de los mismos a los que por primera vez se les ha realizado una ficha personal en la cual consta su historial médico y odontológico".
"Este sistema de salud, único en el país, se amplió recientemente para los detenidos alojados en Villa Constitución y se extenderá próximamente a los que se encuentran en San Lorenzo y Casilda", agregó Lamberto.
Y concluyó haciendo referencia a un convenio firmado con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria para "la producción, el control de calidad y la distribución de los alimentos que ingerirán los presos" alojados en esas seccionales.
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