ROSARIO: Unos 300 vecinos gritaron por "seguridad" en el Monumento

Unas 300 personas realizaron ayer la Marcha Patriótica por la Inseguridad. Se habían dado cita en distintos puntos de la ciudad y, luego, algunos con sus automóviles y otros de a pie con afiches, remeras con las caras de las víctimas de delitos, cacerolas, silbatos, pancartas, escarapelas y banderas argentinas se juntaron en el mástil mayor del Monumento bajo una consigna única: “Seguridad para todos”.

La movida fue conformada por vecinos de distintos barrios de la ciudad que contaron con el apoyo de otros tantos que pasaban por el lugar y tocaban bocina. Leyeron un petitorio que en unos 20 días pretenden acompañar con más de cien mil firmas y llevar a los despachos de los funcionarios provinciales y locales. Y cantaron el himno, no sólo por haberse convocado en un día patrio, sino para dejar en claro que no los aglutinaba ninguna bandería político partidaria, uno de los aspectos que remarcaron en más de una
oportunidad.
“La seguridad no es política, nos compromete a todos”, dijo Federico, de barrio Azcuénaga, abriendo con su análisis más preguntas que respuestas porque, curiosamente, si algo denunció cada uno de los manifestantes fueron cuestiones más políticas que sociales y económicas.
Cuando se les preguntó, por qué creían que se dan los hechos de inseguridad, apuntan en su mayoría a las falencias del Estado y sus agentes. “La culpa es de los políticos”, fue la que más se oyó. “Es de los jueces que no aplican las leyes” y “las leyes no sirven, porque protegen a los ladrones y no a los ciudadanos”, conformaron otras de las conclusiones más repetidas. No estuvo ausente: “La culpa es de la policía corrupta”, con la enumeración de las seccionales de cada barrio y sus carencias y la connivencia de todos en el mercado de la droga y el narcotráfico.
En menor medida algunos, como Marcela, arriesgaron: “Pobreza, falta de trabajo y droga. Es una combinación de cosas”.
Las víctimas. Los vecinos se convocaron a través del boca a boca y por los medios de comunicación. Llegaron desde Mendoza y Rouillón, al oeste; Génova y Alberdi, al norte ;y Salta y Lagos, en el macrocentro. Al apostarse bajo el Monumento comenzaron a desplegar algunas banderas. La de la Agrupación Amigos de Avenida Sabín, la de Vecinos de Pie (de barrio Belgrano) y el cartel que rezaba: “Rosario turística con juegos panamericanos, pero antes queremos seguridad”. Pero nada sensibilizó tanto como las caras jóvenes de víctimas que amigos y familiares estamparon en remeras y banderas. Allí se vio las fotos de Martín Almada (17), Leandro Zini (22), Marcos Rivero (21) y Marcelo Farías (41), todos asesinados tras arrebatos callejeros. También se plegaron una bandera y volantes con el rostro de Vanesa Celma (27), una mujer embarazada de 8 meses que el año pasado murió tras ser quemada por su concubino. Y se leyó un: “Justicia por Nicolás”.
Petitorio. El petitorio que se hizo conocer en la asamblea pública pidió terminar con los “arrebatos, robos, violación a la propiedad privada y a los individuos, y toda serie de delitos comunes y complejos, sumados a la impunidad con la que son cometidos”. El escrito destacó que los delitos han crecido e incluso se registran en el ámbito escolar y suman homicidios. Refirió al “flagelo de la droga” y solicitó seis reivindicaciones a los tres poderes del Estado provincial.
El resumen. La síntesis del pedido busca el esclarecimiento de los crímenes y robos sin resolver, reformular el número de efectivos policiales en los distritos y la creación de centros de recuperación y tratamiento para adictos y menores en conflicto con la ley. También aboga por la participación de las ONGs y los representantes barriales en la problemática que las preocupa. Y, en una clara desconfianza a la policía provincial, los vecinos solicitan que los buzones por la vida (de denuncias anónimas sobre supuestos sitios de venta de droga) sean monitoreados por la Justicia federal.

Finalmente, requieren el esclarecimiento y la publicación de las supuestas vinculaciones de los sectores policiales, judiciales o políticos con la venta de estupefacientes.