El resultado de una auditoría
contable al municipio local será llevado a la Justicia, tal cual lo
confirmó el intendente Adrián Carletti, quien precisó que la
construcción de una planta de reciclaje de basura domiciliaria —aún no
habilitada— "se cobró dos veces, primero con subsidios de la provincia y
de la Nación, y una segunda, a través de fondos enviados por la
Dirección Provincial de Vialidad (DPV) cuyo destino eran carpetas
asfálticas".
El ex intendente Raúl Ponzio recogió el
guante y afirmó que se trata de "deudas legítimas", y cargó contra su
sucesor, a quien acusó de "incapaz de gobernar".
Las declaraciones fueron hechas por el
propio Carletti en una conferencia donde se dieron a conocer detalles de
la auditoría externa encargada por la actual administración al 12 de
diciembre de 2011.
El mandatario contó que se observó una
diferencia de conciliación bancaria de 329 mil pesos entre Contaduría
General y Finanzas del municipio, lo que significa que las áreas
municipales no realizaron los asientos contables por no contar con los
respectivos comprobantes.
"Una parte de la auditoría ya la hemos
presentado en la Fiscalía del Distrito Judicial Nº 6 de Cañada de Gómez
por un desvío de fondos de obras menores. Ahora remitiremos esta otra
parte para que se inicie una investigación", dijo Carletti, y añadió que
"se observaron compras directas a empresas de la región sin el
correspondiente llamado a licitación".
Según se informó en la reunión, la
auditoría arrojó una deuda por todo concepto del municipio de
9.831.077,96 pesos, entre la que se incluyen compromisos de pago con
proveedores de otras localidades por 1.145.000 pesos y locales por
1.078.000 pesos. A esto se suma una serie de valores por más de 800 mil
pesos, que fueron entregados a los empleados del municipio para el cobro
del sueldo de noviembre, además de pagos a funcionarios de la gestión
anterior por un total de 283.400 pesos y a concejales por 180 mil pesos,
según el informe.
El secretario de Hacienda, Pablo
Gentiletti, consignó por su parte la existencia de más de 1.400 cheques
de pago diferido emitidos por la gestión anterior con vencimiento en
esta administración sin autorización del Concejo, y comentó que los
valores entregados suman aproximadamente 3,2 millones de pesos, de los
cuales ya se ha pagado cerca de 1,7 millón. El funcionario explicó
además que por fuera de los valores emitidos, el municipio tomó una
ayuda económica en la Asociación Italiana por 82 mil pesos para la
compra de los medidores de agua, la que estaba impaga y por la cual se
arribó a un acuerdo de pago en marzo.
Seguidamente, uno de los asesores
legales de la Municipalidad, Facundo Daperno, dio detalles sobre la
primera denuncia penal presentada en los Tribunales de Cañada de Gómez.
La misma está referida a la utilización del dinero del Fondo de Obras
Menores 2011,que incluía a 33 cuadras de cordón cuneta y mejorado más 15
cuadras de alumbrado público
Daperno explicó que los fondos por un
total de 622 mil pesos ingresaron al municipio el 31 de octubre del año
pasado, y destacó que fueron utilizados para otros gastos.
Rápida contestación.
El ex intendente Raúl Ponzio salió a la palestra con una rápida
contestación. Dijo que la actual administración montó un acto político
con hechos ajenos a la realidad, invocando cifras y números que siembran
sospechas sobre proveedores y entre los vecinos, y confió que "se trata
de deudas legítimas".
"Este hecho tiene una sola razón y es
tapar la ya inocultable incapacidad para gobernar. Solamente informan
deudas y no, por ejemplo, los 10 millones de pesos a cobrar, en gran
parte por obra pública, además de las obras en vías de ejecución, como
agua, gas y viviendas".
Ponzio instó a Carletti que informe
concretamente si le está imputando una apropiación de recursos públicos.
"Como no dijo que robé durante mi gestión, interpretaré que tal actitud
da cuenta de mi inocencia", remató.
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