Tras varias denunicas contra uniformados, la diputada Alicia Gutiérrez presentó una iniciativa para que la provincia instrumente una serie de normas que recomienda la ONU con el fin de evitar “posibles abusos”. También alcanzaría al Servicio Penitenciario.
Con la mira puesta en reducir los abusos de las fuerzas de seguridad sobre la población, la diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un proyecto de ley que establece “Principios Rectores y un Código de Conducta” destinado a agentes nombrados o elegidos que ejercen funciones de policía y servicio penitenciario. La iniciativa de la legisladora del partido SI, que integra el Frente Progresista, se basa en un código de conducta adoptado por la ONU que declara que “las funciones de aplicación de la ley en defensa del orden público, y la forma en que éstas se ejercen, tienen una repercusión directa en la calidad de la vida tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto”. Esa declaración de 1979 “también pone de relieve los posibles abusos que entraña el ejercicio de esos deberes”. El pedido se produce en marco de numerosas denuncias contra uniformados. A principios de mes, por ejemplo, asociaciones de derechos humanos señalaron "apremios policiales ilegales constantes" en Cañada de Gómez. Casi en paralelo se conoció el caso de los ocho policías de Santa Fe que fueron detenidos por malos tratos a tres limpiavidrios. Gutiérrez expresó que el Código de conducta consta de ocho artículos y si bien “no es un tratado, pertenece a la categoría de instrumentos de autoridad que proporcionan orientación a los gobiernos en cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y la Justicia Penal”. “Estas normas carecen de valor práctico por sí solas, a menos que su contenido y significado, mediante la educación y la capacitación y mediante la vigilancia, pasen a ser parte del credo de todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley”, afirmó la diputada que integra el oficialismo en Santa Fe. En el articulado del proyecto se establece que la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario Provincial (PPSF y SPP) deberán adoptar mecanismos de difusión internos y articular políticas que se adecuen a los principios sustentados en el código. Gutiérrez remarcó que si bien a nivel nacional se dictó la ley 24.059 que adopta expresamente ese código internacional, de todas formas consideró necesario “su complementación provincial dentro de su jurisdicción, como bien lo expresa la norma nacional, y es lo que intentamos con la presente iniciativa”.
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