El eterno gobernador K nombró a un Tribunal Electoral que ahora inhabilitó las alianzas entre opositores. Irregularidades, destituciones y clientelismo judicial.
La influencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sobre el Poder Judicial es una de las críticas más escuchadas por la oposición de esa provincia. Esta semana, esa situación quedó una vez más en el centro de la escena, a raíz de la inhabilitación judicial para que la confederación de distintos partidos que se unieron para oponerse al gobernador –que va en búsqueda de su quinto mandato– se presente bajo el lema Frente Amplio Formoseño, sino como UCR. El Frente Amplio, que lleva como candidato a gobernador al cura Francisco Nazar, denunció que se trata de una “proscripción” y volvió a sembrar dudas respecto de la independencia judicial. En primer lugar, al Tribunal Electoral Permanente, que es el que emitió el polémico fallo, lo creó Insfrán en 2001 y sus tres jueces no pasaron por la instancia de evaluación del Consejo de la Magistratura. Fueron designados directamente por el gobernador, con acuerdo de la Legislatura, donde Insfrán tiene una contundente mayoría. Además, para los tres (Verónica Hans, Guillermo Alucin y Claudio Daniel Moreno), ésta es la primera magistratura que ejercen. Por otro lado, antes de asumir en el Tribunal, Moreno era el apoderado del Partido Justicialista local. Los apoderados de la alianza presentaron un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que por estas horas deberá ratificar o desestimar el fallo. Ese cuerpo tenía cinco miembros, pero a raíz de la muerte de una y la renuncia de otro (estuvo detenido en el ’99 cuando se oponía a que Insfrán pueda ser reelecto) quedó con tres integrantes. Para resolver este tipo de cuestiones, el Superior Tribunal convocó a dos magistrados de cámara para que formen parte de la votación. En este caso, sumaron a Vanesa Boonman, que es la hermana del actual apoderado del PJ, quien a su vez comparte estudio de abogados con el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera. El año pasado, el Obispado de Formosa recusó a todos los jueces inscriptos en un colegio de magistrados local porque recibieron 1,5 millón de pesos de parte del Estado para construirse una nueva sede. El Obispado, que tiene una causa en contra del Estado, lo consideró una dádiva.
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