La modificación de la ley de cupo femenino, "que asegure la igualdad", y la incorporación de algunos cambios en la ley de Trata de Personas fueron las consignas que lanzaron organizaciones sociales y feministas de la ciudad.
Bajo el lema "vamos por más", un grupo de mujeres de organizaciones sociales y feministas marchó ayer por el centro de la ciudad con vestidos especiales (que recordaban a Evita, Juana Azurduy, Virginia Bolten, entre otras) y consignas claras: la modificación de la ley de cupo femenino, que asegure la igualdad, y la incorporación de algunos cambios en la ley de Trata de Personas. Los reclamos se enmarcaron en el día de la promulgación de la ley del voto femenino y el día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de niños y niñas. "Aunque hay leyes para garantizar nuestros derechos, las mujeres tenemos que estar atentas", dijo Gabriela Sosa, referente del Colectivo de Mujeres Las Juanas, que organizó la caminata. La activista utilizó esa frase para luego poner como ejemplo la controversia en el Concejo Municipal por la banca del Pro, que se debate entre el cuarto candidato de la lista, Marcelo Ayimen, y la quinta, Julia Bonifacio, tras la renuncia de quien ocupaba el tercer puesto, Sofía Alarcón. La necesidad del debate sobre la despenalización y legalización del aborto, no quedó afuera de la agenda.
"Somos más del 50 por ciento de la población nacional, provincial y municipal, y hoy el 33 por ciento mínimo de mujeres en las listas para cargos políticos, se convierte en un techo en lugar de ser el piso", planteó Sosa, candidata a diputada nacional por el Frente Amplio Progresista.
Sosa aseguró que la puja por el escaño del Pro "pone en riesgo lo que ya es ley" aunque planteó como "positivo" que se haya dado el debate sobre el tema, porque además "abrió la posibilidad de propuestas al interior de la Cámara de Diputados provinciales de ir por más". Al respecto, mencionó "experiencias interesantes" en Chile y Bolivia, que tienen una división igualitaria entre varones y mujeres en espacios de decisión política en el Ejecutivo. "Creemos que las condiciones están dadas para convertir esa idea en ley", apuntó.
El pedido es claro: un 50 por ciento mínimo para las mujeres en las listas, cargos legislativos y ejecutivos. Las manifestantes aseguraron que instalando el tema en la sociedad "se pueden lograr muchas cosas, por eso es muy importante y sumamente necesario visibilizar esta demanda, cuya idea principal es garantizar la igualdad", señalaron.
Al mismo tiempo, Sosa se quejó: "No hay que aclarar que somos capaces para reclamar un mayor cupo femenino. Por qué tenemos que demostrar el doble o el triple que un hombre si somos iguales; entonces que ellos también muestren un certificado de capacidad".
Por otro lado, la caminata de ayer incluyó la demanda por modificaciones a la Ley de Trata, que obtuvo media sanción en el Senado nacional a fines de agosto. Se trata de los proyectos de endurecimiento del castigo a los implicados en la trata de personas y la creación de un "Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales". Sosa precisó que los proyectos de modificaciones "quitan la diferencia entre víctimas mayores y menores: una mujer mayor de 18 años tenía que probar que no consintió la explotación". Justamente el Senado aprobó este punto con la idea que "la víctima no sea revictimizada".
Para las mujeres que marcharon ayer es "muy importante que este tratamiento continúe en la Cámara de Diputados". Al mismo tiempo, consideraron necesario "incorporar la figura del cliente como autor de este delito", que arrastra al discusión de cuál debería ser la sanción para estas personas. "No creemos que llenando las cárceles de clientes se vaya a terminar con la trata, pero sí creemos que puede haber capacitación enmarcada en las leyes de violencia, que permita empezar a transformar valores en la sociedad, que ubica a las mujeres como objeto sexual".
Si bien estos dos reclamos dieron motivo a la convocatoria de ayer, las mujeres no dejaron de lado la problemática del aborto, y la necesidad de una normativa de despenalización y legalización, en el marco de proyectos firmados por un centenar de diputados y diputadas. "Debería tratarse en el Congreso antes de que termine el año, porque es el principal derecho de las personas: decidir sobre su propio cuerpo. En el caso de las mujeres, no es así". En ese sentido, Sosa criticó la intensión del diputado nacional Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, para iniciar (el próximo martes) una discusión que apunta a la modificación de los abortos no punibles. "Intenta desviar el principal punto a debatir", advirtió.
"Somos más del 50 por ciento de la población nacional, provincial y municipal, y hoy el 33 por ciento mínimo de mujeres en las listas para cargos políticos, se convierte en un techo en lugar de ser el piso", planteó Sosa, candidata a diputada nacional por el Frente Amplio Progresista.
Sosa aseguró que la puja por el escaño del Pro "pone en riesgo lo que ya es ley" aunque planteó como "positivo" que se haya dado el debate sobre el tema, porque además "abrió la posibilidad de propuestas al interior de la Cámara de Diputados provinciales de ir por más". Al respecto, mencionó "experiencias interesantes" en Chile y Bolivia, que tienen una división igualitaria entre varones y mujeres en espacios de decisión política en el Ejecutivo. "Creemos que las condiciones están dadas para convertir esa idea en ley", apuntó.
El pedido es claro: un 50 por ciento mínimo para las mujeres en las listas, cargos legislativos y ejecutivos. Las manifestantes aseguraron que instalando el tema en la sociedad "se pueden lograr muchas cosas, por eso es muy importante y sumamente necesario visibilizar esta demanda, cuya idea principal es garantizar la igualdad", señalaron.
Al mismo tiempo, Sosa se quejó: "No hay que aclarar que somos capaces para reclamar un mayor cupo femenino. Por qué tenemos que demostrar el doble o el triple que un hombre si somos iguales; entonces que ellos también muestren un certificado de capacidad".
Por otro lado, la caminata de ayer incluyó la demanda por modificaciones a la Ley de Trata, que obtuvo media sanción en el Senado nacional a fines de agosto. Se trata de los proyectos de endurecimiento del castigo a los implicados en la trata de personas y la creación de un "Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales". Sosa precisó que los proyectos de modificaciones "quitan la diferencia entre víctimas mayores y menores: una mujer mayor de 18 años tenía que probar que no consintió la explotación". Justamente el Senado aprobó este punto con la idea que "la víctima no sea revictimizada".
Para las mujeres que marcharon ayer es "muy importante que este tratamiento continúe en la Cámara de Diputados". Al mismo tiempo, consideraron necesario "incorporar la figura del cliente como autor de este delito", que arrastra al discusión de cuál debería ser la sanción para estas personas. "No creemos que llenando las cárceles de clientes se vaya a terminar con la trata, pero sí creemos que puede haber capacitación enmarcada en las leyes de violencia, que permita empezar a transformar valores en la sociedad, que ubica a las mujeres como objeto sexual".
Si bien estos dos reclamos dieron motivo a la convocatoria de ayer, las mujeres no dejaron de lado la problemática del aborto, y la necesidad de una normativa de despenalización y legalización, en el marco de proyectos firmados por un centenar de diputados y diputadas. "Debería tratarse en el Congreso antes de que termine el año, porque es el principal derecho de las personas: decidir sobre su propio cuerpo. En el caso de las mujeres, no es así". En ese sentido, Sosa criticó la intensión del diputado nacional Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, para iniciar (el próximo martes) una discusión que apunta a la modificación de los abortos no punibles. "Intenta desviar el principal punto a debatir", advirtió.
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