Acusado de administración fraudulenta, Ghioldi deberá declarar al igual que su sobrina, Susana Treviño, y el que era tesorero del gremio, Oscar Fernández. Deberá ampliar indagatoria por la denuncia de un faltante de 42.500 pesos.
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El removido secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Rubén Ghioldi, volverá a Tribunales para ampliar la indagatoria que hizo en septiembre pasado, acusado de "administración fraudulenta". La declaración será el martes próximo, ante la jueza de Instrucción 10º, Irma Bilotta, quien citó además a la sobrina del acusado, Susana Treviño, otrora representante legal del gremio, y al ex secretario de Finanzas del sindicato, Oscar Fernández. Pese a haber sido destituido hace un año, el histórico dirigente sindical pretende volver a su puesto y su abogado, Hernán Martínez, cree que todavía "tiene posibilidades". Para ello, en agosto pasado presentó un recurso de amparo a la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, y elevó un pedido de restitución al Ministerio de Trabajo de Nación, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas de ninguno de los dos ámbitos. En diálogo con Rosario/12, Martínez aseguró: "Ghioldi no gastó un solo centavo de la asociación para cuestiones personales". Desde la conducción actual del gremio, aseguran que hay faltantes por más de 42 mil pesos.
El 27 de marzo de 2010 un afiliado (ya jubilado) denunció ante la Justicia a Ghioldi, dirigente que estuvo 42 años frente al sindicato. Tras ello, se inició una investigación; y paralelamente, fue destituido de su puesto por una asamblea extraordinaria de la Comisión Directiva, realizada en julio de 2010. Para Ghioldi, esa instancia fue "arbitraria e ilegal". Otra asamblea eligió a Víctor Trovato, que hace un año está al frente del gremio de los mercantiles. Trovato desmintió la acusación de Ghioldi y aseguró que cuando se revocó el cargo al ex dirigente, actuaron "conforme lo establece la ley 23.551 y el estatuto del sindicato".La actual conducción del gremio es querellante de la causa judicial por administración fraudulenta contra Ghioldi y sus colaboradores más estrechos. El secretario adjunto, Juan Gómez, aseguró ayer que "los que tienen que estar preocupados son ellos"; e indicó que pidieron a la Justicia la "inhibición de bienes" de la familia Ghioldi, además de la rendición de cuentas por una faltante de más de 42 mil pesos, por parte de la ex abogada de la asociación.
Ghioldi, junto con su sobrina, y el entonces tesorero deberán presentarse la semana que viene ante la jueza, quien en septiembre pasado le tomó declaración por primera vez, cuando el propio Martínez pidió la cita. "Queríamos saber de qué se acusaba a mi defendido, y tan claro no quedó, porque le imputan administración fraudulenta, pero no sabemos si ahora cambiará algo", indicó el letrado.
La acusación del ex afiliado Julio González tiene que ver con la supuesta utilización de fondos de la entidad para gastos personales y familiares. En ese contexto, la investigación se basó en la sospecha de que Ghioldi autorizó el pago de cheques del gremio a personas de su entorno para gastos personales. Martínez aseguró: "No le gastó un centavo a la asociación".
Sobre las presentaciones en el Ministerio de Trabajo nacional y en la Cámara Laboral donde se interpuso un recurso de amparo, Martínez aseguró que no hay respuestas. "Lo de la cámara es el punto neurálgico para que esto se resuelva", dijo con respecto a la posibilidad de que Ghioldi, que actualmente tiene 89 años, vuelva a ocupar su cargo de secretario general. "La forma en que fue separado no corresponde. La asamblea que lo destituyó fue pedida por el 15 por ciento, no por resolución de la comisión directiva", dijo; aunque meses atrás, la conducción actual negó que haya sido así.
A partir de la denuncia por "administración fraudulenta" la Comisión Directiva comenzó a evaluar la continuidad del entonces secretario general. Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción 10º comenzó la investigación sobre el accionar administrativo de Ghioldi tras la denuncia de González, e hizo lo propio con Treviño y Fernández. Según se indicó desde un primer momento, la denuncia recaería básicamente en autorizaciones a la abogada para gastos personales. Desde la nueva conducción del gremio, que tiene 25 mil afiliados, indicaron que los gastos de Treviño ascienden a "42.500 pesos".
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