La influyente revista británica criticó el convenio alcanzado con Teherán por la investigación del atentado a la mutual judía, enmarcándolo dentro de la política exterior "combativa" del gobierno de Cristina Kirchner. La AMIA exigió frenar el arreglo.
Con un artículo títulado "¿Un pacto con diablo?", el semanario británico analiza el reciente acuerdo alcanzado entre Argentina e Irán por la causa que investiga el atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y ningún condenado hasta la fecha.
Según la influyente publicación, que en el pasado ya había criticado al gobierno por la manipulación de los datos del INDEC, "Argentina agregó esta semana a Israel a su lista de puentes quemados", en alusión a sus recientes enfrentamientos internacionales (Inglaterra por las islas Malvinas, España tras la nacionalización de YPF, Ghana con la Fragata Libertad), disputas que son enmarcadas dentro de "una política exterior cada vez más combativa".
Para The Economist, no es "evidente" la justificación para el convenio que esta semana Argentina firmó con Irán, y que estipula la formación de una "Comision de la Verdad" para revisar la causa y el interrogatorio -en tierra persa- de los sospechosos iraníes de perpetrar el atentado.
"La Sra. Fernández podría querer suavizar las relaciones con Irán como un gesto de apoyo a sus aliados de izquierda en América Latina, como Cuba y Venezuela, así como estar buscando promover un mundo multipolar que no esté dominado por las potencias occidentales tradicionales", dice la revista, citando al director de la consultora argentina Poliarquía, Sergio Berensztein, para luego ensayar una explicación propia.
"La política intervencionista de Argentina ha obligado a importar cantidades cada vez mayores de energía. E Irán es probable que ofrezca condiciones generosas a cualquier país que quiera desafiar a Occidente para comprar petróleo iraní", razonan.
The Economist resalta sin embargo que fue el ex presidente Néstor Kirchner "el responsable de revivir la causa AMIA luego de varios años de investigación ineficiente" y apuntan que fue durante su gobierno que la Justicia argentina acusó formalmente a los ocho funcionarios iraníes por su participacion en el ataque.
Por otra parte, la AMIA, a través de declaraciones del presidente de la entidad, Guillermo Borger, volvio a cambiar de posición, y anunció su rechazo al polémico convenio, luego de haberse opuesto inicialmente para luego decir, tras una reunión con el canciller Héctor Timerman, que se trataba de un "pequeño paso adelante".
"Es necesario rehacer este documento, hacer uno nuevo, aunque seguramente dilate los tiempos", dijo Berger en alusión al convenio firmado entre los dos países, agregando más adelante que "el memorándum nos sorprendió, semejante propuesta jamás fue consultada, ni notificada, ni antes, ni durante. Nos sentimos sumamente molestos, nos hizo sentir muy mal".
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