El edil del PRO celebró la
actuación de oficio de una fiscal que investigará la denuncia que hizo
en su contra el abogado Carlos Varela, quien lo acusó públicamente de
pedir coimas a empresarios de la noche para boicotear la habilitación de
Esperanto. Las obras de la megadiscoteca siguen adelante en medio de
las polémicas.
El concejal del PRO Rodrigo López Molina celebró la
intervención de oficio que dispuso la Justicia en torno a la denuncia
que públicamente presentó un abogado en su contra, y adelantó que una
vez que la investigación finalice exigirá un resarcimiento por daño
moral. El edil expresó su beneplácito por las medidas que solicitó la
justicia al conocer la denuncia que hace un par de semanas lanzó
públicamente el representante del boliche Esperanto Carlos Varela, quien
lo acusó de coimero.
"Desde el principio celebramos la participación de la fiscal que busca echar luz sobre lo que fueron graves denuncias mediáticas, pero con un dato no menor: hasta el día de hoy no se presentó ningún papel de las numerosas pruebas que supuestamente tenían. Por eso mismo nos ponemos a disposición de la fiscal, del juez de instrucción para proveerle toda la información necesaria para aclarar una denuncia que causó un daño moral no sólo a mi persona, sino también al espacio político al que pertenezco", afirmó el concejal.
"Vamos a exigir que se nos repare el daño causado porque la denuncia afectó nuestro buen nombre y honor. Luego de que la fiscal y el juez trabajen e investiguen lo que crean conveniente, nos reservamos nuestro derecho a ejercer alguna acción legal sobre una grave ofensa que sufrimos por denuncias irresponsables que nunca se llevaron a la Justicia", afirmó López Molina.
Con relación a la reapertura del registro de oposición de los vecinos y al proceso de habilitación de Esperanto, el edil opinó que ese trámite "tiene que ser amplio, transparente y libre para todos. La reapertura del registro de oposición de vecinos lo que hace es sanear las graves irregularidades que tuvo el proceso de oposición que se había convocado en enero, entre gallos y medianoche, y donde los vecinos se enteraron de la posibilidad de que se abriera una megadisco en un barrio residencial cuando salimos a pedir explicaciones por los medios."
"Los vecinos pedían garantías en el proceso para enfrentar ese trámite con reglas claras. Dar por válidas las notificaciones ya realizadas, impulsar asambleas de vecinos. y constituir comisión de veedores para seguir de cerca cómo se desarrolló ese proceso. Es una solución que abarca los derechos de todos, que no afecta los intereses de los empresarios y les da a los vecinos ser legítimamente escuchados", agregó.
"Desde el principio celebramos la participación de la fiscal que busca echar luz sobre lo que fueron graves denuncias mediáticas, pero con un dato no menor: hasta el día de hoy no se presentó ningún papel de las numerosas pruebas que supuestamente tenían. Por eso mismo nos ponemos a disposición de la fiscal, del juez de instrucción para proveerle toda la información necesaria para aclarar una denuncia que causó un daño moral no sólo a mi persona, sino también al espacio político al que pertenezco", afirmó el concejal.
"Vamos a exigir que se nos repare el daño causado porque la denuncia afectó nuestro buen nombre y honor. Luego de que la fiscal y el juez trabajen e investiguen lo que crean conveniente, nos reservamos nuestro derecho a ejercer alguna acción legal sobre una grave ofensa que sufrimos por denuncias irresponsables que nunca se llevaron a la Justicia", afirmó López Molina.
Con relación a la reapertura del registro de oposición de los vecinos y al proceso de habilitación de Esperanto, el edil opinó que ese trámite "tiene que ser amplio, transparente y libre para todos. La reapertura del registro de oposición de vecinos lo que hace es sanear las graves irregularidades que tuvo el proceso de oposición que se había convocado en enero, entre gallos y medianoche, y donde los vecinos se enteraron de la posibilidad de que se abriera una megadisco en un barrio residencial cuando salimos a pedir explicaciones por los medios."
"Los vecinos pedían garantías en el proceso para enfrentar ese trámite con reglas claras. Dar por válidas las notificaciones ya realizadas, impulsar asambleas de vecinos. y constituir comisión de veedores para seguir de cerca cómo se desarrolló ese proceso. Es una solución que abarca los derechos de todos, que no afecta los intereses de los empresarios y les da a los vecinos ser legítimamente escuchados", agregó.
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