El edil del Partido del Progreso
Social (PPS) pretende eliminar los negocios de compra y venta de
elementos robados como las chatarrerías y desarmaderos y lo relacionado a
la trata de personas y el tráfico de drogas. Para el edil el problema
de la inseguridad \"es el más grave que hoy tiene la ciudad de
Rosario\".
Héctor Cavallero y Fernanda Gigliani, concejales del
Partido del Progreso Social (PPS), presentaron esta mañana dos proyectos
de ordenanza relacionados con la seguridad ciudadana. En el primero
propuso la creación de un departamento de lucha contra el delito y en el
segundo lo concerniente a la trata de personas y el tráfico de drogas.
El edil y ex intendente de Rosario explicó que una de las propuestas presentadas tiene que ver con "los negocios de compra y venta de elementos robados como las chatarrerías, los desarmaderos y todo lo relacionado a la trata de personas y la droga".
Según reza el proyecto contra la economía del delito, la Intendencia municipal deberá crear un departamento de lucha permanente contra la economía del delito, dependiente de la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. A su vez, en cada distrito deberá crearse un departamento que se dedique sólo a relevar los lugares donde se desarrollan las economías del delito. El proyecto de ordenanza presentado por Cavallero y Gigliani contempla también la formalización de un convenio con el Ministerio de Justicia Nacional y Provincial y/o con los Justicia Nacional y Provincial y/o con los Juzgados Federales y Provinciales, a los efectos de que designe personal de su competencia para la recepción de denuncias relacionadas los delitos que le competen en cada caso.
Asimismo, Cavallero agregó que el otro proyecto prevé el "control y regularización de toda la seguridad privada en pos de prevenir el delito, y no que se custodien área para después liberar otras zonas". Según la ordenanza por la regulación de empresas de seguridad privada, las mismas deberán estar inscriptas y habilitadas por el Registró Único de Información, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y por la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario.
En todos los casos, la empresa debe identificar su razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico institucional y página web, además de todos los datos fiscales y demás requisitos exigidos por las dependencias Municipales, Provinciales y Nacionales y la autorización municipal expedida por la Subsecretaría. Además, cada vigilante en servicio deberá poseer una credencial habilitante y otorgada por la empresa con conformidad del Departamento Ejecutivo Municipal, la cual deberán de llevar permanentemente para identificarse ante autoridades y cualquier ciudadano de Rosario. Asimismo, los prestadores de servicios deberán hacerlo bajo la normativa laboral vigente que genere una efectiva relación de dependencia entre el contratante y el contratado.
Cavallero consideró que la falta de seguridad es el tema a resolver porque "es el más grave que hoy tiene la ciudad de Rosario".
El edil y ex intendente de Rosario explicó que una de las propuestas presentadas tiene que ver con "los negocios de compra y venta de elementos robados como las chatarrerías, los desarmaderos y todo lo relacionado a la trata de personas y la droga".
Según reza el proyecto contra la economía del delito, la Intendencia municipal deberá crear un departamento de lucha permanente contra la economía del delito, dependiente de la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. A su vez, en cada distrito deberá crearse un departamento que se dedique sólo a relevar los lugares donde se desarrollan las economías del delito. El proyecto de ordenanza presentado por Cavallero y Gigliani contempla también la formalización de un convenio con el Ministerio de Justicia Nacional y Provincial y/o con los Justicia Nacional y Provincial y/o con los Juzgados Federales y Provinciales, a los efectos de que designe personal de su competencia para la recepción de denuncias relacionadas los delitos que le competen en cada caso.
Asimismo, Cavallero agregó que el otro proyecto prevé el "control y regularización de toda la seguridad privada en pos de prevenir el delito, y no que se custodien área para después liberar otras zonas". Según la ordenanza por la regulación de empresas de seguridad privada, las mismas deberán estar inscriptas y habilitadas por el Registró Único de Información, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y por la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario.
En todos los casos, la empresa debe identificar su razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico institucional y página web, además de todos los datos fiscales y demás requisitos exigidos por las dependencias Municipales, Provinciales y Nacionales y la autorización municipal expedida por la Subsecretaría. Además, cada vigilante en servicio deberá poseer una credencial habilitante y otorgada por la empresa con conformidad del Departamento Ejecutivo Municipal, la cual deberán de llevar permanentemente para identificarse ante autoridades y cualquier ciudadano de Rosario. Asimismo, los prestadores de servicios deberán hacerlo bajo la normativa laboral vigente que genere una efectiva relación de dependencia entre el contratante y el contratado.
Cavallero consideró que la falta de seguridad es el tema a resolver porque "es el más grave que hoy tiene la ciudad de Rosario".
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