El procurador de la Corte, Agustín Bassó, presentó un nuevo pedido de impugnación del llamado para cubrir 220 puestos de fiscales y defensores de acuerdo al nuevo sistema penal. Desde la Defensoría General señalan que la medida va en contra de la legislación internacional y pretende conservar el statu quo del siglo XIX en Santa Fe.
Mientras el Ejecutivo provincial se preparaba para largar el 21 de junio pasado el concurso para la creación de 220 nuevos cargos, el procurador de la Corte, Agustín Bassó, presentó una impugnación a ese llamado del que no fue notificada la Defensoría General de la provincia y cuyo titular, Gabriel Ganon, desestimó al entender que a fines del año pasado ya la Corte Suprema se había expedido ante un pedido similar realizado por Bassó en mayo de 2010.
A principios de junio de este año el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, anunció que llamarían a concurso para cubrir 220 cargos de fiscales y fiscales adjuntos y defensores y defensores adjuntos, luego de que las máximas autoridades (el fiscal general y el defensor provincial, y los fiscales y defensores regionales) asumieran sus cargos tras haber ganado los correspondientes concursos. Es un paso muy importante para que en septiembre tengamos la cantidad de fiscales y defensores para cubrir todo el territorio de la provincia", decía entonces el funcionario, quien impulsa la reforma del sistema penal..
El año pasado, Bassó cuestionó la constitucionalidad de la ley del Ministerio Público porque lo desplaza como jefe de los fiscales y de los defensores y lo convierte en una figura decorativa en la cabeza del Poder Judicial.
Por su parte, consultado por Cruz del Sur, Ganon estimó que ese planteo de inconstitucionalidad ya está zanjeado por la resolución de la corte de 2010 -que no dio lugar al reclamo de Bassó-, y que si bien desconoce los nuevos argumentos del nuevo pedido de Bassó, supone que el concurso de cargos que lleva adelante el Ejecutivo seguirá adelante sin inconvenientes.
El funcionario también recordó que a principios de este mes, la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) se reunió en San Salvador (República de San Salvador) y aprobó por unanimidad la resolución sobre la independencia y autonomía de la Defensa Pública Oficial, donde establece que la Justicia es un derecho y que ningún país puede hacer valer sus normativas locales por sobre una internacional como ésta, que propende a garantizar el acceso a la justicia para todos. "Tener en cuenta el pedido de impugnación de Bassó -dijo Ganon-, que quiere prolongar el statu quo decimonónico de la provincia de Santa Fe, es ir contra ese derecho internacional".
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