Los legisladores dieron luz verde en las últimas horas a la ley que regula la práctica de abortos no punibles en los casos de riesgo de vida para la mujer o en embarazos producto de violaciones, entre otros. La norma fue aprobada con 30 votos positivos y 29 negativos de la bancada del PRO y los aliados, y coincide con el criterio adoptado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin autorización judicial.
La norma fue aprobada con 30 votos positivos y 29 negativos de la bancada del PRO y los aliados, y coincide con el criterio adoptado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin autorización judicial.
Asimismo, admite como válido el consentimiento de una adolescente para acceder a un aborto no penado a partir de los 14 años de edad, no fija un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica, pero si establece un tope de cinco días desde que se solicita para concretar la interrupción del embarazo.
La ley quedó aprobada esta madrugada en el marco de una sesión que comenzó con un debate en cual los referentes del tema del aborto de cada bloque expusieron sus puntos de vista y que reflejaba una clara contraposición entre quienes estaban a favor y los que no, pero que no registraba mayores roces.
Sin embargo, cerca de la una de la madrugada y cuando los diputados estaban por votar el proyecto, algunos asesores del PRO comenzaron a comentar a los diputados sentados en las bancas acerca de un tuit publicado por la legisladora María José Lubertino que agredía a los macristas Victoria Morales Gorleri y Sergio Bergman.
"¡Morales Gorleri y Bergman: saquen sus rosarios y sus kipas de nuestros ovarios!", fue la frase que Lubertino puso en su cuenta en la red social Twitter y que generó la ira de los legisladores al punto que tres diputadas debieron ser asistidas por personal médico por crisis de nervios y la sesión fue interrumpida por veinte minutos por la situación que se había desmadrado.
Una vez de regreso en el recinto, fue extensa la lista de diputados que pidió la palabra para repudiar los dichos de Lubertino, expresar solidaridad con los agredidos y adelantar que van a acompañar una denuncia ante el INADI por discriminación.
Juan Cabandié, presidente del bloque kirchnerista, calificó la frase de Lubertino como "manifestaciones vergonzosas que afectaron al conjunto de las personas del recinto"; al tiempo que Morales Gorleri reconoció que "las palabras me ofendieron y me dolieron fuertemente a mi y a los miles de argentinos que profesan mi fe".
Luego del escándalo, los diputados retomaron el debate y aprobaron la norma que, según fuentes parlamentarias, supera al protocolo de atención de abortos no punibles que firmó el ex ministro de Salud Jorge Lemus antes de renunciar a su cargo.
Ese protocolo fue considerado "como restrictivo" por los requisitos que impartía para el acceso al aborto, entre ellos, que en los casos de abuso la práctica debía hacerse como límite hasta las doce semanas de gestación.
No obstante, algunos diputados que celebraron la aprobación del proyecto admitieron que está la sospecha que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, vete la ley, tal como lo hizo en otros casos con temas con los cuales el Ejecutivo no estuvo de acuerdo con las legislaciones emitidas por el Parlamento o bien no consideró necesarias para el distrito.
"Esperamos que este caso no sea parte de la cantidad de leyes vetada", dijo la diputada del Frente para la Victoria María Rachid, quien aseguró que con la aprobación de la norma "se avanzó hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que tiene que ver con los principios que la Corte reconoció en relación a los casos de aborto no punibles".
En sesión, la diputada María Elena Naddeo, del ibarrismo, sostuvo que el proyecto de la oposición "no impone nada, sino que simplemente dice que el Estado debe garantizar ese derecho a la mujer y a la niña que se está reclamando".
Puntualmente, entre los puntos centrales del texto aprobado figura la prohibición a que se impongan “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación” de la conclusión del embarazo producto de una violación o de alto riesgo para la mujer gestante.
En ese sentido, refiere a “obstáculos” a la intervención de varios profesionales en el diagnóstico, la participación de equipos interdisciplinarios, comités de ética o la exposición policial o judicial del hecho de violencia sexual que generó el embarazo.
Por ello, para acceder a un aborto en caso de abusos “no resulta necesaria la denuncia de violación, ni la constatación del delito, sino que basta con una declaración jurada de la mujer prestada ante el profesional de la salud interviniente”.
Y agrega: “Un médico diplomado y el consentimiento de la mujer encinta, son requisito general de todos los casos de aborto no punible".
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