La Cámara de Diputados votó por
unanimidad una resolución que faculta a la comisión de Derechos y
Garantías -que preside Eduardo Toniolli-, a constituirse en comisión
investigadora de la masacre de villa Moreno, y le concedió 90 días para
producir un "informe detallado" sobre el triple crimen.
La Cámara de Diputados votó ayer por unanimidad una
resolución que faculta a la comisión de Derechos y Garantías a
constituirse en comisión investigadora de la masacre de los jóvenes
militantes sociales Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián
Rodríguez, en Villa Moreno, y le concedió 90 días para producir un
"informe detallado" sobre el triple crimen. "Hay mucho por investigar",
dijo el presidente de la comisión, Eduardo Toniolli, al plantear en el
recinto algunas hipótesis de la pesquisa: las conexiones entre los
ajustes de cuentas y las bandas que operan con autos de alta gama y
armas de guerra, la trama de complicidades y las relaciones
privilegiadas de los imputados en la masacre del 1º de enero con alguna
estructura de lavado de dinero.
La comisión está integrada ?hasta ahora? por Toniolli y cuatro de sus
colegas: María Eugenia Bielsa, Avelino Lago, Germán Kahlow (del PJ) y
Germán Mastrocola (Pro). Pero ayer, el radical Julián Galdeano dijo que
también se sumarán legisladores del Frente Progresista, que no
participan en ninguna de las comisiones de la Cámara, en protesta por el
reparto de cargos.
Toniolli hizo un extenso relato sobre la ejecución de los tres jóvenes el primer día del año, la trama que rodea al victimario, el reclamo de los familiares de las víctimas de una comisión investigadora y las gestiones que realizó la comisión de Derechos y Garantías en el receso parlamentario, entre otras cosas. Criticó la versión policial del supuesto "ajuste de cuentas" ?desmentido por los hechos?, y advirtió que esa categoría tranquiliza conciencias. "Hablar de ajustes de cuenta muchas veces resta presión a distintos actores institucionales a la hora de investigar. Seguramente, porque en algún sector de la sociedad anida esa idea de que \'se matan entre ellos\', que los deja más tranquilos o corre la atención sobre determinados casos", afirmó Toniolli.
"Pero muchas veces, este tipo de caracterizaciones termina profundizando y reproduciendo los hechos y estigmatiza a determinados sectores sociales. En Rosario, el año pasado, se cometieron 170 homicidios dolosos y 70 de ellos fueron caracterizados como supuestos ajustes de cuentas", advirtió. "La masacre del 1º de enero en villa Moreno es un punto de inflexión que debe arrojar luz frente a esta problemática. Por lo tanto, crear esta comisión investigadora es un gesto político del compromiso de los poderes públicos en la búsqueda de justicia", agregó.
El juez Dónola ?que investiga la causa? coincidió en la "idea de una investigación integral", recordó Toniolli. Porque planteó que la presencia de estas bandas en Rosario significan una "alerta amarilla". Y lo mismo planteó el juez Caterina ?que también intervino en el caso durante la feria? al pedirle al procurador de la Corte Suprema de Justicia "una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario y el tráfico de estupefacientes", apuntó el legislador.
"Creemos que el aporte legislativo de una investigación integral de estas características debería producir un causal informativo en torno a determinados hechos. Hacer inteligible en algún sentido lo que hoy aparece como fragmentado en el plano de la justicia", dijo.
"Testigos privilegiados de la causa hablan de las relaciones privilegiadas o relaciones íntimas entre la banda de Rodríguez con algunos funcionarios de la fuerza que constan en el auto de procesamiento del juez Caterina. Estos hechos deben ser investigados, no sólo por las autoridades judiciales, sino también por las autoridades políticas porque dan cuenta de una posible red de complicidades que podría involucrar a la fuerza de seguridad".
"El esclarecimiento de estos hechos seguramente van a depender en gran parte la posibilidad de desarticular el accionar este tipo de bandas", insistió Toniolli. Y mencionó que "muchos de los actores han denunciado la posibilidad cierta de que haya una estructura de lavado de dinero con actores de todo tipo, hombres del derecho ligados a esta situación y a una estructura de blanqueo de dinero de determinados delitos que explicaría por qué estas bandas operan con autos de alta gama y armas de guerra", finalizó.
Toniolli hizo un extenso relato sobre la ejecución de los tres jóvenes el primer día del año, la trama que rodea al victimario, el reclamo de los familiares de las víctimas de una comisión investigadora y las gestiones que realizó la comisión de Derechos y Garantías en el receso parlamentario, entre otras cosas. Criticó la versión policial del supuesto "ajuste de cuentas" ?desmentido por los hechos?, y advirtió que esa categoría tranquiliza conciencias. "Hablar de ajustes de cuenta muchas veces resta presión a distintos actores institucionales a la hora de investigar. Seguramente, porque en algún sector de la sociedad anida esa idea de que \'se matan entre ellos\', que los deja más tranquilos o corre la atención sobre determinados casos", afirmó Toniolli.
"Pero muchas veces, este tipo de caracterizaciones termina profundizando y reproduciendo los hechos y estigmatiza a determinados sectores sociales. En Rosario, el año pasado, se cometieron 170 homicidios dolosos y 70 de ellos fueron caracterizados como supuestos ajustes de cuentas", advirtió. "La masacre del 1º de enero en villa Moreno es un punto de inflexión que debe arrojar luz frente a esta problemática. Por lo tanto, crear esta comisión investigadora es un gesto político del compromiso de los poderes públicos en la búsqueda de justicia", agregó.
El juez Dónola ?que investiga la causa? coincidió en la "idea de una investigación integral", recordó Toniolli. Porque planteó que la presencia de estas bandas en Rosario significan una "alerta amarilla". Y lo mismo planteó el juez Caterina ?que también intervino en el caso durante la feria? al pedirle al procurador de la Corte Suprema de Justicia "una investigación integral que permita analizar y relacionar los homicidios de similares características ocurridos en los últimos tiempos en la ciudad de Rosario y el tráfico de estupefacientes", apuntó el legislador.
"Creemos que el aporte legislativo de una investigación integral de estas características debería producir un causal informativo en torno a determinados hechos. Hacer inteligible en algún sentido lo que hoy aparece como fragmentado en el plano de la justicia", dijo.
"Testigos privilegiados de la causa hablan de las relaciones privilegiadas o relaciones íntimas entre la banda de Rodríguez con algunos funcionarios de la fuerza que constan en el auto de procesamiento del juez Caterina. Estos hechos deben ser investigados, no sólo por las autoridades judiciales, sino también por las autoridades políticas porque dan cuenta de una posible red de complicidades que podría involucrar a la fuerza de seguridad".
"El esclarecimiento de estos hechos seguramente van a depender en gran parte la posibilidad de desarticular el accionar este tipo de bandas", insistió Toniolli. Y mencionó que "muchos de los actores han denunciado la posibilidad cierta de que haya una estructura de lavado de dinero con actores de todo tipo, hombres del derecho ligados a esta situación y a una estructura de blanqueo de dinero de determinados delitos que explicaría por qué estas bandas operan con autos de alta gama y armas de guerra", finalizó.
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