A partir de enero de 2012 los usuarios residenciales de agua, electricidad y gas comenzarán a recibir "una especie de declaración jurada" para que confirmen si, de acuerdo a su situación, necesitan seguir recibiendo subsidios estatales o bien, si requieren que el beneficio se mantenga. Los datos se cruzarán con las bases de usuarios que posee el Estado .
Es decir, el Estado analizará la "situación económica" del beneficiario para determinar si le corresponde o no el subsidio con base sobre la declaración jurada. Adicionalmente, no se explicó cuál será la metodología de evaluación para realizar estos análisis .Así lo confirmaron el ministro de Economía, Amado Boudou, y el de Planificación, Julio De Vido, durante el anuncio de quita de estos beneficios a grandes empresas de cuatro sectores económicos y usuarios domiciliarios de los barrios de Puerto Madero, Barrio Parque y countries .
El envío de pedidos de información comenzará en enero para Capital Federal y Gran Buenos Aires. No habrá envíos masivos, sino que se irán remitiendo de acuerdo a los cronogramas de vencimientos de los diferentes servicios. Según pudo averiguar LA NACION, habrá dos avisos y si al segundo aviso el usuario no responde con un pedido de mantención de subsidios, se quitará directamente el beneficio.
Boudou explicó que para "transparentar el mecanismo" se lanzará una página web en los próximos 10 días que oficiará de registro único y oficial de los beneficiarios de subsidios. Todas los individuos que se ubiquen en áreas en las que se implementen disminuciones de estos beneficios aparecerán allí, desde donde podrán solicitar que se les mantenga o analice su situación personal.
Asimismo, los que sean beneficiarios de "Asignación Universal por Hijo, jubilación mínima" o tengan alguna categorización especial como beneficiario podrán seguir manteniéndolos.
El ministro indicó que "el sistema presumirá que quienes no pidan que su situación sea analizada no necesitarán subsidios". Y en caso de pedir su mantención, un equipo de técnicos analizará la situación, que pueden llegar a disponer de hasta una visita de una asistente social para que evalúe in situ la situación del consumidor.
Asimismo, a través del mencionado registro los consumidores podrán expresar su deseo de renunciar voluntariamente a percibir el beneficio en caso de poder pagarlo.
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