El ex capellán de la Policía eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas. Zitelli presentará un escrito a través de su abogado. En tanto Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia.
El ex capellán de la policía rosarina durante la dictadura, Eugenio Zitelli, se negó ayer a declarar frente al juez federal Marcelo Bailaque quien lo había citado para tomarle declaración indagatoria por una serie de delitos de lesa humanidad. En tanto ayer se le notificó al fiscal federal Gonzalo Stara que Ricardo Corrales, quien fuera secretario del jefe de Policía, Agustín Feced, fue declarado prófugo de la justicia ya que hace cinco meses dejó el departamento que habitaba (Paraguay 1440 2 C). Estaba citado para declarar como "testigo" en el marco de la causa Díaz Bessone.
El sacerdote Zitelli se presentó ayer a las 11 en los tribunales de Oroño al 800 y al someterse al cuestionario del magistrado eligió el derecho de abstenerse a declarar, puesto que presentará un escrito por medio de su representante legal. El fiscal Stara, quien había solicitado su comparencia, explicó que "se le atribuyeron una serie de hechos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos agravados, formar parte de una asociación ilícita más conocida como la Patota de Feced y un homicidio", tras lo cual el párroco "realizó una breve manifestación y eligió abstenerse a declarar sin contestar preguntas".Según el fiscal que investiga la causa Feced, el asesinato que se le atribuye a Zitelli es el de Eduardo Bracaccini, un casildense secuestrado y torturado durante la última dictadura, cuya acta de defunción figura "muerte por enfermedad cuando en la misma dictadura sostuvieron que cayó en un enfrentamiento en Alvear, mecánica que utilizaba la dictadura para fraguar asesinatos", precisó Stara.
Hasta hace solo unas semanas atrás el sacerdote se desempeñaba en la iglesia San Pedro de la ciudad de Casilda, y de 1964 a 1983 ofició como capellán en la sede de la Unidad Regional II de policía de Rosario.
Zitelli había sido visto en numerosas oportunidades en el Servicio de Informaciones, ubicado en la intersección de Dorrego y San Lorenzo del edificio de la jefatura, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
El cura fue denunciado por ex detenidos de haber estado presente en sesiones de tortura y entrevistas que se efectuaban en el Servicio de Informaciones y sería el primero que está involucrado en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos del terrorismo de Estado en jurisdicción del Comando del II Cuerpo.
A su vez, organismos de derechos humanos, concejales, diputados y representantes gremiales de Casilda, junto a víctimas de la última dictadura militar, habían solicitado en varias oportunidades que se investigue el accionar del actual cura párroco.
Zitelli es considerado como una pieza importante para descubrir el funcionamiento y sostén de los mecanismos ilegales de represión que se desarrollaron a partir de 1976 en la región.
Con respecto al otro protagonista de la jornada, Corrales, ayer el fiscal federal repitió que "de su legajo personal, se desprende que con anterioridad a ejercer la jefatura de la secretaría privada, se desempeñó en la División Investigaciones, tanto en el servicio de calle, como en Leyes Especiales". Por tanto, al momento del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, momento en el cual, según la declaración del propio Feced, el Comandante del II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, ordenó el comienzo de las operaciones contra la subversión en Rosario, Corrales no sólo ocupaba la jefatura de la secretaría privada, sino que contaba con amplia experiencia sobre todo lo concerniente al tema de "inteligencia".
El 28 de junio pasado y a pedido de la defensa de la Patota de Feced, Corrales hizo una declaración sobre su rol "burocrático" en la Policía, contra la posición del fiscal Gonzalo Stara quien sostuvo que Corrales había participado "en la perpetración de los delitos cometidos en el marco de un plan criminal". Stara le había pedido entonces a Bailaque que ordenara la indagatoria de Corrales, por más de un centenar de secuestros y tormentos, y más de una veintena de homicidios ocurridos en el ámbito del Servicio de Informaciones, por entender que integraba el grupo de tareas conformado y comandado por Feced. Ahora está prófugo.
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