Gustavo Víttori participó de reuniones oficiales e institucionales donde se abordó como tema central el traslado del puerto después de haberse difundido la estratégica compra de tierras de su socio. El ex titular de Adepa había prometido lo contrario para aventar cualquier tipo de sospecha sobre su persona. La flagrancia de su contradicción es elocuente.
El contraste con el archivo fotográfico de su propio diario podría depararle más de una sorpresa. Escribió Gustavo Víttori en una memorable solicitada hecha pública el 21 de abril de 2007: “He comunicado a la mesa directiva de la Bolsa de Comercio de Santa Fe mi decisión de apartarme del equipo que lleva adelante el tema portuario. Y por razones de violencia moral, he hecho saber igual determinación a los Consejos de Dirección y Administración de El Litoral SRL respecto de su seguimiento periodístico”.
El enunciado anterior se enmarcaba en una objeción hacia la conducta de “Nahuel Caputto, socio de El Litoral SRL (…) autor de una compraventa de tierras, que no es objetable desde el punto de vista legal, pero erige para mi persona una barrera ética” según sus propios dichos. A confesión de partes, relevo de pruebas. El ex titular de la Bolsa de Comercio, lejos de mantenerse distante de las alternativas del traslado del puerto después de aquel pronunciamiento público participó en forma activa de encuentros en los que estuvieron presentes autoridades gubernamentales provinciales y municipales actuales y de la gestión anterior.
En ese sentido, no se le podrá achacar incoherencia: escribió una cosa y realizó otra. En términos personales y tal como lo escribí en alguna oportunidad, tengo el íntimo convencimiento de que se pretendió desvirtuar una acción correccional penal destinada a preservar la honra de las personas, como instrumento de intimidación y control de la prensa.
La querella planteada por Víttori, a fuerza de entender a la ciudad y la región como un feudo, tuvo como intención ulterior la supresión de voces discordantes a su discurso, conservador y retrógrado, con el fin de consolidar privilegios dentro de una matriz prebendaria que vienen usufructuando desde hace décadas. La estrategia de El Litoral de “matar al mensajero” tan funcional durante años, esta vez fracasó en Tribunales. Como dueño de un medio de comunicación y más aun, como representante de una institución como Adepa con vasos comunicantes en todo el país, sabe que querellar a un periodista significa enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que ejercen la profesión en la ciudad. Pero también a la comunidad toda.
Es una manifestación de poder, lacerante y con intenciones inhibitorias para quienes se animen a contrariar sus intenciones. Es una ostentación de la desmesura. El dueño de un diario versus un redactor, un empleado en relación de dependencia.
No dudó en su pretensión de punir penal y económicamente a un cronista de Santa Fe. Pero otro rostro mostraba en Buenos Aires para Adepa. Allí se manifestaba en contra de la judicialización de los medios y periodistas que cumplían con su mandato de informar.
Sin embargo, en la ciudad de Garay, el ex presidente de la Bolsa de Comercio tenía un objetivo: disciplinar a todo el periodismo en un tema sensible a sus intereses. Desde el vamos, el dueño de El Litoral sabía que no había delito alguno en las notas publicadas. Su intención era dar una lección memorable a propios y extraños. No entiende que corren nuevos vientos y que los tiempos están cambiando.
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