Los locales funcionaban en la zona de la terminal y estaban en pésimas condiciones. La misiva, con lujos de detalles, llegó a la casa de la Fiscal de causas NN. Hubo un hombre demorado.
"Sin clientes no hay trata de personas ni explotación sexual". El lema que comenzó dentro de los movimientos de mujeres se globalizó y sirve para comprender que sólo se condicionará ese mercado actuando sobre la base económica del delito: en este caso la prostitución.
El lunes 17 de octubre la fiscal Canavesio abrió como rutinariamente hace el buzón de correo de su domicilio particular, ubicado cerca de la terminal de ómnibus. Un sobre le llamó la atención y cuando lo abrió se topó con una nota manuscrita donde un anónimo contaba los padecimientos de las trabajadoras sexuales en cuatro puntos de la ciudad de Rosario: tres de ellos frente a la misma terminal y el otro en Castellanos al 600.
A partir de esa data, la brigada operativa de la Fiscalía NN comenzó a investigar esos lugares. "Siempre que se reciben denuncias se chequean los datos para determinar si son fidedignos y si se comprueba se abre la investigación respectiva", explicó ayer a La Capital la fiscal Canavesio.
Casa a casa. Tras casi un mes de pesquisa, el jueves a la nochecita unos 40 efectivos de la brigada de la fiscalía, la División Judiciales de la Unidad Regional II y el Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri) de la policía rosarina realizaron los cuatro allanamientos ordenados por el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Con ellos colaboraron empleados de la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Rosario (ante la posibilidad luego concretada de hallar mujeres extranjeras), de la Defensoría del Pueblo y de la Municipalidad.
El operativo no pasó desapercibido para los vecinos y transeúntes de la zona ya que se prolongó durante seis horas y media. Según las fuentes, todo se organizó de manera tal que las trabajadoras sexuales fueran entrevistadas por el personal del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría para determinar si estaban trabajando allí por decisión propia o si se estaba ante un caso de trata de personas, algo que en este caso no sucedió.
El denominador común de las declaraciones de las trabajadoras es que tenían como método de labor la cooperativa y que no estaban regenteadas por un proxeneta, una de las cuestiones que ahora deberá develar el juez Vienna.
Paupérrimo. De los cuatro lugares allanados, uno por calle Santa Fe estaba cerrado. Sobre la misma vereda, en otro de los locales, estaban trabajando dos mujeres de nacionalidad argentina y había tres clientes. Allí los pesquisas hallaron tres habitaciones con cinco camas en las que se prestaban los servicios.
En tanto, en una de las ochavas de Santa Fe y Castellanos, en la planta alta de una tapicería, está ubicado el local que peor se encontraba ediliciamente, dijeron los pesquisas. Al ver el estado de techos y paredes la fiscal Canavesio y el juez Vienna convocaron a personal de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. En ese lugar trabajaban tres mujeres argentinas, todas mayores de edad, en condiciones paupérrimas.
Lo peor, dijeron allegados a la causa, podía observarse en el prostíbulo de Castellanos al 600. Allí, en el espacio que ocupa un garaje, había ocho boxes construidos con ladrillos vistos. Y en cada uno de esos boxes una cama de una plaza tras una cortina. "Ese lugar es deplorable, está en pésimo estado, es espantoso y se ajustaba detalladamente a lo que se describía en el manuscrito que dio origen a la pesquisa", relató la fiscal.
En ese último lugar fue demorado un hombre que dijo ser el dueño del local y que trató de agredir con un cuchillo de 20 centímetros de hoja a un efectivo del Giri, confiaron los voceros. El hombre, cuya identidad no trascendió, fue acusado por violar la ley de profilaxis y por resistencia calificada a la autoridad, dos delitos dentro de la órbita Correccional.
En el burdel de calle Castellanos trabajan tres mujeres. Una de nacionalidad dominicana, otra paraguaya y una muchacha argentina de 21 años que cursa un embarazo de seis meses.
Tras la clausura de los cuatro locales por orden judicial y municipal, las trabajadoras sexuales prestaron declaración testimonial y se fueron a sus casas. La fiscal Canavesio, en tanto, realizó un pedido de informe para conocer quien o quienes son los dueños de los prostíbulos e informó a la Empresa Provincial de la Energía que en los tres sitios mencionados se hurta el suministro eléctrico. También pidió un informe para saber si alguna dependencia policial tenía abierta alguna investigación ante una oferta "tan manifiesta de sexo, como la que había en estos lugares", concluyó Canavesio.
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