Un tribunal absolvió a un joven por las numerosas irregularidades de un arresto inventado por agentes de Homicidios para sonsacarle 30.000 pesos de coima al detenido. Los jueces amonestaron en su dictamen a las fiscales del caso.
Rosario 12 |
Un tribunal de alzada confirmó la absolución resuelta en el primer juicio oral y público realizado bajo el nuevo sistema penal santafesino.
El Tribunal de Apelación Pluripersonal -compuesto por Carina Lurati , Carlos Carbone y Adolfo Prunotto Laborde- ratificó al fallo del juez Hernán Postma, con el cual absolvió a Emanuel Federico Lator, alias "Ema caravana", quien estaba acusado de resistencia a la autoridad, abuso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. El magistrado había considerado la "estricta aplicación del principio de la duda razonable" y dispuso su libertad, además de ordenar que se investigara el accionar de los policías que detuvieron al joven al presumir que hubo irregularidades en ese procedimiento. Ahora el tribunal reconfirmó esas mismas órdenes y llamó la atención a los acusadores. Para el tribunal "la fiscalía no pudo acreditar su teoría del caso al no haber certeza positiva para probar que el arma secuestrada fuera portada y utilizada por Lator, para lo cual la duda existente respecto de si el arma secuestrada fue descartada en ese lugar por el acusado, deviene insuperable". Los fiscales fueron Marisol Fabbro y Juliana González.
Lator contó con la asistencia de los defensores Adrián Ruíz y José Ferrara, quienes no dudaron en ir a juicio sin ninguna instancia previa ya que consideraron que "pese a ser un caso en flagrancia -lo que implica que estaba teóricamente probada la resistencia y el uso armas- había una cantidad de irregularidades, omisiones y errores en la causa", expresó Ruiz.
A Lator lo buscaban ese fue el principal argumento de Homicidios por el asesinato de Matías Cano, ocurrido el 14 de noviembre de 2013, que investiga el juzgado de instrucción 11, en el antiguo sistema penal. Pero en las audiencias se develó que la única orden de allanamiento para encontrarlo en dos domicilios tenía una vigencia de 48 horas, en noviembre de 2013. De hecho, el imputado se había presentado espontáneamente en el juzgado el 6 de diciembre pasado. "Surge claramente que al momento de la detención no existía una previa orden escrita de autoridad competente vigente", había dicho Postma.
La persecución la habían iniciado el oficial principal Osvaldo Miranda y el sargento ayudante Marcelo Rodríguez, los dos de Homicidios. "A través de sus integrantes, Miranda, Rodríguez, Cimino, Rivas, Acosta y Aranda, estaban en el lugar de los hechos, siendo que Miranda y Rodríguez habían realizado la persecución y habían efectuado disparos", dice el fallo. El titular de la Sección, Flavio Aranda, declaró que no pidió órdenes de allanamiento y no recordó el horario del procedimiento. "Todos los integrantes de la Sección declararon que tienen más de diez años de antiguedad en la fuerza", recordó el juez entonces para quien resulta "por lo menos ilógico o bien irregular que una dependencia de la policía que realiza un operativo en donde personal policial mantiene un \'enfrentamiento\' y realiza disparos resulte la autoridad prevencional de dicho hecho, labre las actuaciones y efectúe la cautela probatoria sin esperar al gabinete criminalístico especializado". En el lugar, los mismos efectivos de Homicidios levantaron el arma que atribuyeron al imputado. Ahora la Cámara también negó verosimilitud al decomiso y secuestro.
Para Adrián Ruiz, abogado de Lator, "la oralidad del nuevo sistema permitió exponer las irregularidades que cometiera la brigada de Homicidos". "El primer jucicio probó que la orden de detención contra Lator nunca existió y que podíamos estar frente a un caso de recaudación ilegal de una policía autonomizada. Esto hizo que el juez Postma ordena que se los investigara por el delito de extorsión".
No parece un dato menor: "El caso fue una suma de irregularidades. Se plantó un arma y ni siquiera los testigos aportados por la parte contraria (agentes de la ex Brigada de Homicidios) pudieron ponerse de acuerdo en la existencia de ese arma y en la balacera que teóricamente sucedió", dijo Ruiz.
Para el abogado, la fiscalía perdió la oportuniad de enviarle una mensaje a la fuerza policial. "En lugar de aprovechar la oportunidad para decirle a la policía que iban a controlarla, no se animaron a darle ese mensaje". Y agregó : "Si no le decimos a la policía que sus acciones positivas van a ser reconocidas y sus errores castigados, se iguala a todos para abajo. Si los fiscales siguen avalando estas investigaciones, este sistema se va a caer. Acá los fiscales no se quisieron meter con una caja negra policial que es la recaudación ilegal por aprietes, lisa y llana extorsión", analizó el penalista.
Sin embargo, aclaró que "los fiscales tienen ahora la oportunidad histórica de llevar a juicio a los mismos policías que el juez Postma señaló en su fallo. Si esto no se hace, el mensaje es claro: que las cajas policiales pueden seguir adelante".
Yamila, la mujer de Ema, contó en las audiencias que salieron de su casa con su marido y sus hijos y en un semáforo de Juan B. Justo y Colectora aparecieron dos personas, que habían tirado muchos tiros y que les pusieron dos revólveres en la cabeza. "Con los chicos nos llevaron a Homicidios. Había dos testigos que había puesto la policía siguió el relato . Emanuel le dijo que le habían puesto un revólver, los chicos que estaban ahí le dijeron lo mismo. Una vez allí, la policía le pidió dinero, mucha plata, le decían que si les daba plata le daban el revólver que pusieron".
"Me dejaron ir a condición de que les lleve la plata. Estaba asustada. Llamaron once veces al número de mi suegra para que lleve la plata a la puerta de la Jefatura. Me dijeron que vaya a una estación de servicio y que había dos hombres de traje esperándome. Fui y era verdad, me pidieron 30.000 pesos", relató la mujer en las audiencias. Ya lo había hecho ante un fiscal, al denunciar la extorsión.
Finalmente Ruiz destacó que "aun no hay un auditor que controle a los fiscales porque está vacante ese cargo. Y ese es un gran agujero del sistema".
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