El anuncio fue realizado por el
administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Juan
José Bertero, quien además precisó que la demora en iniciar los
trabajos obedece al tiempo que requiere el traslado de la maquinaria
específica para las tareas a las zonas de conflicto.
.La Capital |
A pesar de la advertencia emanada desde
el mismo organismo provincial a principios de este mes, que tenía como
destinatarios a los jefes comunales y los directores regionales de la
DPV, productores de algunas localidades del sur provincial, como Colonia
Belgrano, San Martín de las Escobas, Cañada Rosquín, El Trébol, Los
Cardos y de algunas comprendidas en la traza de la ruta 90, entre otras,
desoyeron la decisión oficial y no levantaron los cultivos.
Ahora quedarán sujetos a las sanciones
que disponga la DPV y al pago de los gastos que ocasione la destrucción
de los cultivos ilegales. "Marcamos un plazo y transcurrido el mismo nos
dispusimos a destruir los sembrados. Comenzamos por localidades
comprendidas sobre la ruta provincial 90 y la semana próxima
trabajaremos en la zona de la ruta 13", indicó Bertero.
El funcionario aseguró que "según una
evaluación interna bajó mucho la cantidad de cultivos en zonas de camino
desde que se sancionó la normativa que lo prohíbe" y precisó que "la
mayor cantidad de sembrados en zonas prohibidas se observa hacia el sur
de la provincia y por tramos. Ya no es una constante como ocurría en
años anteriores".
Para Bertero la acción de segar los
cultivos, en esta época mayoritariamente de soja, tendrá un efecto
aleccionador. "Somos todos hijos del rigor y en la medida en que se
aplique la norma en vigencia se logrará que en las próximas campañas de
siembra se respeten las zonas de camino", vaticinó.
Cumplir la ley."Este
año todos estaban advertidos sobre las consecuencias que tendrían si
sembraban en las banquinas. Lo hicieron porque pensaron que lo
dejaríamos pasar, pero no. La ley se hizo para cumplirla", indicó.
Bertero ahondó en detalles y sostuvo
que "diariamente está atendiendo audiencias por este tema, pero fuimos
demasiado claros y comunicamos las medidas prohibitivas. Hace 15 días
reiteramos la decisión tomada a través de los jefes comunales y ahora
salimos a destruir los cultivos. El que quiera resistirse a esto tendrá
que afrontar las consecuencias e incluso dar explicaciones ante la
Justicia, en caso de ser necesario".
Personalmente.Del caso
de los sembrados en el departamento San Martín se ocupó personalmente
el asistente técnico de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de
Gobierno, Luciano Caturelli, quien les transmitió a los jefes comunales
sobre el tema y les pidió "que notificaran con aviso de retorno a cada
productor".
El funcionario aseguró que recorrió
cada sembrado en zonas de caminos del departamento y se preguntó adónde
iba ese dinero desembrados en suelos de uso público. "Quiero saber si
van al bolsillo de un particular o al patrimonio de comunas. En este
caso cómo se blanquea su ingreso. El que lo siembra tiene autorización
escrita. Los jueces de la zona no vieron crecer la soja", se cuestionó.
También precisó que en el caso de la
ruta 13, sobre la mano sur-norte, "sembraron sobre las vías del
ferrocarril. Sobre esto caben dos preguntas. Nadie vio cuando sacaban
los durmientes y los rieles y a nadie le sonó raro ver una sembradora en
lugar de un tren. Nos pusimos a trabajar sobre esto junto al
administrador de Vialidad y seguiremos profundizando porque los terrenos
provinciales no están para que ningún vivo gane dinero", concluyó.
La resolución del Comité
Interministerial de Salud Ambiental 508/2012 prohíbe la utilización con
fines agrícolas de la zona de caminos (de alambrado a alambrado) de las
rutas provinciales. La norma otorga potestad a la DPV para destruir por
su cuenta los sembrados irregulares de las zonas de seguridad vial de
las rutas.
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