La lectura del veredicto está
prevista para las 11. La fiscalía pidió 15 años de prisión y la
querella, 20. Está acusado de secuestro y torturas a Froilán Aguirre.
Hoy, a partir de las 9.30, el ex agente del Comando Radioeléctrico e
integrante de la Brigada de Explosivos, Roberto Martínez Dorr, podrá
hacer uso del derecho a la palabra y luego, el Tribunal –integrado por
los jueces José María Escobar Cello, Otmar Paulucci y presidido por
María Ivón Vella– dará su veredicto sobre las pruebas aportadas en la
causa. Martínez Dorr llegó el 1 de marzo al Tribunal, imputado por los
delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos de los que fue
víctima Froilán Aguirre, cuando militaba en la Unión de Estudiantes
Secundarios, en 1976.
Los abogados que representaron a Aguirre, Alejandra Romero Niklison y Horacio Coutaz, pidieron 20 años de prisión, la pena máxima prevista para los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político, ambos en perjuicio de Froilán Aguirre y en concurso real.
En su alegato, expusieron que dentro del plan sistemático de terrorismo de Estado “se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para seleccionar a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión”. En ese contexto, los querellantes ubicaron a Martínez Dorr como integrante del Comando Radioeléctrico pero además, como miembro activo de La Patota, con acceso irrestricto y autoridad de acción en distintas dependencias policiales, y sobre todo en la comisaría 1ª, lugar donde Aguirre estuvo detenido, desaparecido durante casi un mes y donde fue brutalmente golpeado por el imputado.
“Ha quedado acreditada la participación en la denominada lucha contra la subversión de Martínez Dorr, y como ya se ha probado en las diferentes causas, la comisaría 1ª era un eslabón fundamental del sistema represivo en Santa Fe”, agregaron y subrayaron que el planteo de la defensa de que la acusación contra Martínez Dorr fue por una confusión en la identidad del imputado, por tener el mismo apellido que el Personal Civil de Inteligencia Oscar Roque Martínez, quedó desacreditada por la precisa descripción física que realizó Aguirre de Martínez Dorr, a la que se sumaron los testimonios de otros secuestrados en la seccional primera.
Cara a cara
Sobre la identificación del imputado, también se refirió el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien en su alegato expresó que “el transcurso del tiempo desde aquel entonces no ha presentado un obstáculo en la memoria de Aguirre a la hora de identificar al autor de los hechos sufridos, lo que encuentra su explicación en que, dejando de lado que difícilmente puedan olvidarse los rasgos físicos del autor de hechos tan aberrantes como los que aquí se investigaron, la víctima –desde que recuperó su libertad–, se encontró de manera casual con Martínez Dorr en varias ocasiones en lugares públicos –lo que no resulta llamativo, teniendo en cuenta que ambos desde aquel entonces han vivido en esta misma ciudad. En definitiva, ello contribuyó a que Aguirre pudiera conservar vigente la imagen del imputado en su memoria”.
Los abogados que representaron a Aguirre, Alejandra Romero Niklison y Horacio Coutaz, pidieron 20 años de prisión, la pena máxima prevista para los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político, ambos en perjuicio de Froilán Aguirre y en concurso real.
En su alegato, expusieron que dentro del plan sistemático de terrorismo de Estado “se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para seleccionar a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión”. En ese contexto, los querellantes ubicaron a Martínez Dorr como integrante del Comando Radioeléctrico pero además, como miembro activo de La Patota, con acceso irrestricto y autoridad de acción en distintas dependencias policiales, y sobre todo en la comisaría 1ª, lugar donde Aguirre estuvo detenido, desaparecido durante casi un mes y donde fue brutalmente golpeado por el imputado.
“Ha quedado acreditada la participación en la denominada lucha contra la subversión de Martínez Dorr, y como ya se ha probado en las diferentes causas, la comisaría 1ª era un eslabón fundamental del sistema represivo en Santa Fe”, agregaron y subrayaron que el planteo de la defensa de que la acusación contra Martínez Dorr fue por una confusión en la identidad del imputado, por tener el mismo apellido que el Personal Civil de Inteligencia Oscar Roque Martínez, quedó desacreditada por la precisa descripción física que realizó Aguirre de Martínez Dorr, a la que se sumaron los testimonios de otros secuestrados en la seccional primera.
Cara a cara
Sobre la identificación del imputado, también se refirió el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien en su alegato expresó que “el transcurso del tiempo desde aquel entonces no ha presentado un obstáculo en la memoria de Aguirre a la hora de identificar al autor de los hechos sufridos, lo que encuentra su explicación en que, dejando de lado que difícilmente puedan olvidarse los rasgos físicos del autor de hechos tan aberrantes como los que aquí se investigaron, la víctima –desde que recuperó su libertad–, se encontró de manera casual con Martínez Dorr en varias ocasiones en lugares públicos –lo que no resulta llamativo, teniendo en cuenta que ambos desde aquel entonces han vivido en esta misma ciudad. En definitiva, ello contribuyó a que Aguirre pudiera conservar vigente la imagen del imputado en su memoria”.
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