Tras las investigaciones, el fiscal Martín Castellano entendió que no hubo negligencia, imprudencia o impericia en los responsables de la fábrica.
Castellano analizó de manera integral los informes brindados por diferentes organismos, provinciales y nacionales, para determinar si por parte de los responsables de la firma hubo alguna conducta violatoria del deber de cuidado y si ella fue la causa eficiente del hecho. En virtud de los resultados obtenidos en dichos informes, el fiscal no pudo probar un accionar negligente o imprudente. A raíz de esto, se contempla la posibilidad, dentro del terreno de las conjeturas, que el siniestro pudo haberse originado por circunstancias o causas ajenas; por ejemplo caso fortuito, situación imprevista o error humano involuntario.
Según conoció UNO Rafaela, se constató que las condiciones de seguridad donde trabajaban las víctimas eran adecuadas y cumplían con las exigencias reclamadas por el Registro Nacional de Armas, tal como había adelantado este medio. Con respecto a la vestimenta utilizada por Batellini y Perriard, pudo comprobarse que se adecuaba a las reglamentaciones vigentes y a las necesidades de que actuen de manera "anti-estática".
Con respecto al sistema de electricidad, se supo que se encontraba instalado en una sala independiente al lugar en que se emplazaba la máquina tamizadora, cuyas pericias revelaron que estaba en buen estado. Sobre aquello, tampoco se verificaron anomalías o irregularidades en el funcionamiento.
Cabe recordar que, a dos semanas de la explosión, los dueños de Foti sacaron una solicitada en la que pidieron que se deje actuar a la justicia y exigieron que se terminen tanto "los aprietes como las presiones".
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