Más allá del Informe Rattenbach, el Gobierno aún no desclasificó toda la documentación de la Cancillería y de Defensa.
“Este decreto termina, creo, con el último de los secretos de
Estado”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner al anunciar el martes la
desclasificación del Informe Rattenbach sobre Malvinas.
Sin embargo, no es exactamente así. Primero, porque toda la
documentación relacionada con Malvinas que elaboró la Cancillería desde
el principio del conflicto aún se mantiene bajo reserva pues nunca se
elaboró una normativa para la desclasificación de material oficial, tal
como ocurre en Gran Bretaña.
Segundo, porque toda la documentación de Defensa sobre el conflicto del
Atlántico Sur, incluidas las actuaciones de la justicia militar durante
la guerra, sigue bajo llave porque un decreto de enero de 2010 exceptuó
esos archivos de una apertura masiva.
En el material del Ministerio de Relaciones Exteriores deberían constar
los diálogos mantenidos por funcionarios de esa cartera con sus pares
británicos en relación con las distintas alternativas que se evaluaron
antes de la guerra para negociar una salida al conflicto, incluyendo las
posibilidades del retroarriendo o la soberanía compartida.
También deberían estar los diálogos de 1982 entre Leopoldo Galtieri y el
secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, cuando las tropas
argentinas ya habían desembarcado en las islas.
Pero no hay certezas al respecto porque esa documentación sufrió
mudanzas, sustracciones por parte de funcionarios y quema por parte de
los militares. Nunca nadie se encargó de clasificar y cuidar el
material.
Y puntualmente los papeles vinculados con el período de la guerra
tuvieron un derrotero insólito. El canciller de Galtieri, Nicanor Costa
Méndez, se llevó todo el material a su casa cuando terminó la guerra.
Allí lo tuvo hasta que falleció.
Su esposa lo cedió al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales
(CARI) porque no sabía qué hacer con unas veinte cajas que había
heredado.
Tras una década en esa institución, sus autoridades resolvieron en 2007
devolverlas a Cancillería, y allí permanecen en reserva porque el
Gobierno entiende que su contenido se encuadra dentro de las excepciones
previstas por el decreto 1172 de 2003, por el que Néstor Kirchner
estableció el libre acceso a la información pública; su contenido podría
servir para demostrar las concesiones que Londres estaba dispuesta a
hacer.
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