La Federación de Centros Comerciales de Santa Fe advirtió que no sirve la justificación del sustento para sectores menos favorecidos. Dicen que la actividad informal promueve trabajo a destajo y desprotección social, legal o sanitaria de los puesteros, mientras otros hacen grandes diferencias.
La Federación de Centros Comerciales de
Santa Fe emitió una declaración de apoyo a “toda iniciativa nacional,
regional y local” contra la venta ilegal, por lo que reclama “aplicar
las normas legales a todos por igual, valorando el esfuerzo y la
responsabilidad de todos los contribuyentes y ciudadanos en general”.
La entidad que preside el sunchalense Carlos Mainardi explicó que “la campaña iniciada hace un par de semanas por los comerciantes de calle Florida en Capital Federal, encabezados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, procura dar cumplimiento a las leyes que prohiben la venta ilegal por los famosos “manteros”. Y es un fiel reflejo de lo que sucede en todo el país.
Expone que “el impacto mediático de lo que sucede en el corazón de la Capital Federal es más fuerte que el reclamo de los comerciantes de cualquier localidad del interior, aunque las razones de la protesta sean las mismas y las consecuencias de desoír tales reclamos también”.
Tomando como base los cálculos de la Came, la Federación estima que en todo el país la venta ilegal de mercaderías supone un movimiento de unos $ 45.500 millones en los últimos 12 meses.
“Los números de la venta clandestina son escalofriantes y deberían movilizar a los responsables de los órganos recaudatorios de todas las jurisdicciones”, advirtió la entidad.
“Corporaciones clandestinas”
“Las cifras son por demás de significativas y demuestran que los comerciantes y sus entidades representativas están luchando contra corporaciones clandestinas destinadas a contrabandear, falsificar, evadir y explotar personas para ganar millones de pesos”.
Dice Fececo que “quienes cumplen puntualmente sus responsabilidades y compromisos tributarios, impositivos, de salubridad o laborales, sufren toda la presión de los órganos de control, siendo en la práctica un esfuerzo no compensado por la falta de equidad con los responsables del comercio ilegal”.
“Muchas veces se trata de defender este tipo de actividades alegando que ofrece el sustento diario a miles de personas. Si bien puede parecer cierto, una rápida lectura de las condiciones de trabajo nos permite deducir que estamos frente auna auténtica explotación de personas”.
“Muy alejadas de la inclusión social, las personas que están al frente de los diferentes ‘puestos’ se encuentran en una clara marginalidad y excluidos de cualquier sistema de seguridad social, de salud y de proyección personal o familiar. Trabajan a destajo, sin vacaciones, descansos o protección legal, entre otras penurias que deben soportar para percibir las dádivas de quienes embolsan la mayor parte del negocio”.
La entidad que preside el sunchalense Carlos Mainardi explicó que “la campaña iniciada hace un par de semanas por los comerciantes de calle Florida en Capital Federal, encabezados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, procura dar cumplimiento a las leyes que prohiben la venta ilegal por los famosos “manteros”. Y es un fiel reflejo de lo que sucede en todo el país.
Expone que “el impacto mediático de lo que sucede en el corazón de la Capital Federal es más fuerte que el reclamo de los comerciantes de cualquier localidad del interior, aunque las razones de la protesta sean las mismas y las consecuencias de desoír tales reclamos también”.
Tomando como base los cálculos de la Came, la Federación estima que en todo el país la venta ilegal de mercaderías supone un movimiento de unos $ 45.500 millones en los últimos 12 meses.
“Los números de la venta clandestina son escalofriantes y deberían movilizar a los responsables de los órganos recaudatorios de todas las jurisdicciones”, advirtió la entidad.
“Corporaciones clandestinas”
“Las cifras son por demás de significativas y demuestran que los comerciantes y sus entidades representativas están luchando contra corporaciones clandestinas destinadas a contrabandear, falsificar, evadir y explotar personas para ganar millones de pesos”.
Dice Fececo que “quienes cumplen puntualmente sus responsabilidades y compromisos tributarios, impositivos, de salubridad o laborales, sufren toda la presión de los órganos de control, siendo en la práctica un esfuerzo no compensado por la falta de equidad con los responsables del comercio ilegal”.
“Muchas veces se trata de defender este tipo de actividades alegando que ofrece el sustento diario a miles de personas. Si bien puede parecer cierto, una rápida lectura de las condiciones de trabajo nos permite deducir que estamos frente auna auténtica explotación de personas”.
“Muy alejadas de la inclusión social, las personas que están al frente de los diferentes ‘puestos’ se encuentran en una clara marginalidad y excluidos de cualquier sistema de seguridad social, de salud y de proyección personal o familiar. Trabajan a destajo, sin vacaciones, descansos o protección legal, entre otras penurias que deben soportar para percibir las dádivas de quienes embolsan la mayor parte del negocio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario