Los dueños de la firma explicaron las razones por las cuales presentaron la convocatoria de acreedores. Denunciaron amenazas y dijeron que los gremios no entienden la situación y responden a las empresas multinacionales.
Martín y María Galán, responsables de Productora Alimentaria. Foto:Amancio Alem
Por Gabriel Rossini
economia@ellitoral.com
Los propietarios de la firma Productora Alimentaria SA, María y Martín Galán, ratificaron la decisión de mantener funcionando la empresa preservando los más de 800 puestos de trabajo, pero para ello -aseguran- necesitan readecuar la estructura de costos porque con los actuales no pueden funcionar.
"Nuestros planes son mantener la compañía funcionando y hacer todas las gestiones necesarias para que el negocio sea viable. Luego de intentar todos los caminos de diálogo posible, hoy lo hacemos bajo el último recurso que tenemos que es el de la convocatoria de acreedores. Lo que buscamos es darle viabilidad a la empresa para mantener no sólo los puestos de trabajo sino un montón de economías regionales que dependen de Productora Alimentaria", expresó María Galán.
"Nuestro objetivo es mantener el negocio, pero para poder continuar, necesita de otras reglas de juego y dentro de esas condiciones una es la parte laboral. Necesitamos hacer un acuerdo, que el proceso de convocatoria nos permite y que nunca pudimos conseguir. Por ejemplo, dentro del convenio, abrir una rama que contemple las empresas del interior o de capitales nacionales que no son primeras marcas", explicaron.
"El concurso nos permite sentarnos a negociar un acuerdo de crisis. Una de las consecuencias de la convocatoria es que se cayó el convenio colectivo de trabajo. El 1º de junio conversamos sobre un acuerdo de crisis basado sobre los números reales de la empresa, bajo la consigna de mantener los puestos de trabajo y su normal funcionamiento. Fuimos todos, pero por la parte gremial estuvo un delegado de nuestra empresa. Allí el juez bajó pautas de cómo teníamos que proceder hasta que se llegara a un acuerdo y llamaba a las partes mantener el diálogo, actuar de buena fe y mantener la paz social hasta la audiencia del 22 de junio. Pero el delegado gremial desvirtuó lo conversado en la audiencia y transmitió un mensaje que no fue el que dio el juzgado", dijeron.
Salarios
Con respecto al pago de salarios, expresaron que desde la empresa "siempre fuimos claros que estabamos en un momento de transición hasta firmar un acuerdo. Si bien el juez como el síndico fueron muy claros en que hasta tanto se llegue a un acuerdo la empresa podía pagar el mínimo vital y móvil, liquidamos por arriba de lo resuelto judicialmente. Ya llevamos pagado 2.500 pesos y esta semana se van a pagar otros 500 a cuenta del acuerdo crisis. Siempre quisimos mostrar buena voluntad y no hacer uso y abuso de la situación. Pero esto no se entendió o no se quiere entender", expresaron.
"Acá se mezclan otros intereses. Tenemos que diferenciar que una cosa son nuestros trabajadores y y sus familias y otra cosa son los representantes gremiales que vienen de Buenos Aires a bajar otras líneas porque tienen otros intereses. Ellos responden a las multinacionales, imponen costos laborales a las demás empresas hasta que las sacan de mercado y las eliminan porque los únicos que ganan hoy con estas plantas paradas son ellos".
La empresa, que venía arrastrando una problema financiero desde 2008 producto de la crisis del campo, que la tuvo parada entre tres y cuatro meses por falta de insumos y por la crisis financiera internacional, integra Cadibsa, que agrupa a las empresas del sector. Esa cámara tiene 37 asociados, de los cuales Productora Alimentaria SA es la única firma del interior del país, el resto está conformado por primeras marcas y está dirigido por sus representantes.
"Esta cámara firmó con el gremio un convenio colectivo que nos rige a todos y que se fija en base a las realidades económicas de las primeras marcas y no se contempla que en las segundas y terceras marcas se manejan otros números. No nos escucharon, los siguieron firmando y nosotros tuvimos que cumplirlo. No discutimos si es justo o no el convenio, si es mucho o es poco. Lo que discutimos es que para las empresas que competimos en las segundas y terceras marcas no es viable, no podemos tener los mismos costos laborales que las primeras marcas. Otras firmas tienen otra forma de trabajar y aplican otros convenios como el de alimentación y comercio que tienen un costo que es la mitad que el de aguas y bebidas y gaseosas. Esto nos dejó fuera de competencia", dijeron.
economia@ellitoral.com
Los propietarios de la firma Productora Alimentaria SA, María y Martín Galán, ratificaron la decisión de mantener funcionando la empresa preservando los más de 800 puestos de trabajo, pero para ello -aseguran- necesitan readecuar la estructura de costos porque con los actuales no pueden funcionar.
"Nuestros planes son mantener la compañía funcionando y hacer todas las gestiones necesarias para que el negocio sea viable. Luego de intentar todos los caminos de diálogo posible, hoy lo hacemos bajo el último recurso que tenemos que es el de la convocatoria de acreedores. Lo que buscamos es darle viabilidad a la empresa para mantener no sólo los puestos de trabajo sino un montón de economías regionales que dependen de Productora Alimentaria", expresó María Galán.
"Nuestro objetivo es mantener el negocio, pero para poder continuar, necesita de otras reglas de juego y dentro de esas condiciones una es la parte laboral. Necesitamos hacer un acuerdo, que el proceso de convocatoria nos permite y que nunca pudimos conseguir. Por ejemplo, dentro del convenio, abrir una rama que contemple las empresas del interior o de capitales nacionales que no son primeras marcas", explicaron.
"El concurso nos permite sentarnos a negociar un acuerdo de crisis. Una de las consecuencias de la convocatoria es que se cayó el convenio colectivo de trabajo. El 1º de junio conversamos sobre un acuerdo de crisis basado sobre los números reales de la empresa, bajo la consigna de mantener los puestos de trabajo y su normal funcionamiento. Fuimos todos, pero por la parte gremial estuvo un delegado de nuestra empresa. Allí el juez bajó pautas de cómo teníamos que proceder hasta que se llegara a un acuerdo y llamaba a las partes mantener el diálogo, actuar de buena fe y mantener la paz social hasta la audiencia del 22 de junio. Pero el delegado gremial desvirtuó lo conversado en la audiencia y transmitió un mensaje que no fue el que dio el juzgado", dijeron.
Salarios
Con respecto al pago de salarios, expresaron que desde la empresa "siempre fuimos claros que estabamos en un momento de transición hasta firmar un acuerdo. Si bien el juez como el síndico fueron muy claros en que hasta tanto se llegue a un acuerdo la empresa podía pagar el mínimo vital y móvil, liquidamos por arriba de lo resuelto judicialmente. Ya llevamos pagado 2.500 pesos y esta semana se van a pagar otros 500 a cuenta del acuerdo crisis. Siempre quisimos mostrar buena voluntad y no hacer uso y abuso de la situación. Pero esto no se entendió o no se quiere entender", expresaron.
"Acá se mezclan otros intereses. Tenemos que diferenciar que una cosa son nuestros trabajadores y y sus familias y otra cosa son los representantes gremiales que vienen de Buenos Aires a bajar otras líneas porque tienen otros intereses. Ellos responden a las multinacionales, imponen costos laborales a las demás empresas hasta que las sacan de mercado y las eliminan porque los únicos que ganan hoy con estas plantas paradas son ellos".
La empresa, que venía arrastrando una problema financiero desde 2008 producto de la crisis del campo, que la tuvo parada entre tres y cuatro meses por falta de insumos y por la crisis financiera internacional, integra Cadibsa, que agrupa a las empresas del sector. Esa cámara tiene 37 asociados, de los cuales Productora Alimentaria SA es la única firma del interior del país, el resto está conformado por primeras marcas y está dirigido por sus representantes.
"Esta cámara firmó con el gremio un convenio colectivo que nos rige a todos y que se fija en base a las realidades económicas de las primeras marcas y no se contempla que en las segundas y terceras marcas se manejan otros números. No nos escucharon, los siguieron firmando y nosotros tuvimos que cumplirlo. No discutimos si es justo o no el convenio, si es mucho o es poco. Lo que discutimos es que para las empresas que competimos en las segundas y terceras marcas no es viable, no podemos tener los mismos costos laborales que las primeras marcas. Otras firmas tienen otra forma de trabajar y aplican otros convenios como el de alimentación y comercio que tienen un costo que es la mitad que el de aguas y bebidas y gaseosas. Esto nos dejó fuera de competencia", dijeron.
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