Como ciudadano, como hombre de derecho interiorizado sobre una institución que fue creada, supuestamente, para seleccionar a los mejores candidatos a ocupar un lugar en la judicatura, siento la obligación de expresar con absoluta convicción, firmeza y con la certeza que marca la realidad y la experiencia que, a pesar de los cambios, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la provincia de Santa Fe es absolutamente inapropiado e ineficiente. Como ya veremos, tal funcionamiento permite arbitrariedades e injusticias a la hora de realizar la selección, en definitiva no cumple con el fin para el cual fue creado. Por Juan Daniel Stella
Basta recordar, que en marzo de 2010, más de setenta abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial de Santa Fe, remitimos una nota al Presidente del Consejo y por su intermedio al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Gobernador de la provincia, a efecto de solicitarle que se implementen las medidas apropiadas para mejorar el funcionamiento del Consejo. En aquella misiva, se destacaban ciertos principios tenidos en cuenta para la optimización del funcionamiento (celeridad; la excelencia en la selección; la transparencia por mayor publicidad; la regionalización, entre otros). Han pasado más de dieciséis meses y, hoy, tal como en aquella ocasión, puedo reiterar hasta el cansancio, que tales principios fueron insuficientes o bien no fueron tenidos en cuenta, por lo tanto no generaron ningún cambio en positivo. Ante tal situación, el sentido de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros nos exige una clara toma de conciencia y la insoslayable obligación de expresarnos. Prácticamente, se está llegando al final de un periodo de gobierno y el proclamado cambio en positivo no se produce, por el contrario, ciertas circunstancias nos demuestran que la institución no cumple con su fin y que sistemáticamente se fue degradando.
En aquella recordada nota, se decía expresamente "En la norma de inminente aplicación, no se determina con claridad una formulación apropiada de los casos que serán sometidos a evaluación. En casos recientes, se pudo tener conocimientos de formulaciones deficientes, circunstancias que, obviamente, también influyen en manera decisiva en la evaluación. Tal deficiencia podría conllevar a la designación de quien, a pesar del procedimiento preestablecido, no cuenta con merito suficiente. La designación de un postulante a ocupar un lugar en la judicatura es un hecho de gran importancia.". El tiempo paso y, a pesar de la contundencia de los hechos, nada se hizo para mejorar. Los errores o vicios de funcionamiento, ya sean estos por acción u omisión, se reiteran continuamente. En el archivo de tribunales existen expedientes con todas las materias que van a ser sometidas a examen, entonces, no sería razonable y con viso de mayor seriedad y responsabilidad seleccionar casos de la vida real. Estos casos darían una objetividad a la hora de realizar la evaluación, objetividad de la cual, evidentemente, carecen.
El Consejo de La Magistratura, una institución llamada a cumplir una función muy importante funciona en forma inapropiada. Hasta tanto no exista una clara y definida decisión política de generar los cambios necesarios para hacer que el Consejo cumpla cabalmente con su fin, sería más honesto, transparente y sin dobleces e hipocresía, que se respete la manda constitucional y el Gobernador elija un candidato y remita el pliego a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Para que no genere malas interpretaciones, quien escribe esta opinión, es un defensor del Consejo de la Magistratura y durante muchos años analice y trabaje activamente sobre el tema. Ante tal circunstancia es un imperativo expresarme y expresarnos sobre la calidad institucional que anhelamos para la provincia. Con la pasividad, con el silencio, nada, absolutamente nada va a cambiar. Lamentablemente, nos seguirán diciendo mil cosas sin que ninguna de ellas se ajuste a las vivencias cotidianas.
He de reiterarlo incansablemente que, como ciudadanos, observamos con total asombro en la forma que se desvía la atención y como se discuten cuestiones insustanciales, intrascendentes para mejorar la calidad institucional. En cierta forma, todos somos un poco responsables de lo que pasa. Aceptamos discursos y posiciones engañosas sin manifestarnos con determinación y a la vez con razonabilidad para que de una buena vez, quienes ejercen el poder, fijen en forma coherente objetivos claros y precisos que redunden en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Como ya lo sostuve en otras oportunidades, quienes nos representan deben ganar credibilidad ante la sociedad y, esa credibilidad se gana con ideas, con proyectos, con acciones políticas concretas que tiendan a cambiar las cosas que funcionan mal y mejorar las que funcionan bien. Tener objetivos claros en el cual se priorice una construcción colectiva.
En un tema tan sensible como es la designación de un juez, todos los actores involucrados -abogados, jueces, representantes de los estamentos políticos, en definitiva todos y cada uno de nosotros- debemos tomar conciencia y asumir un firme compromiso y una acción clara e inequívoca a tal fin. El silencio permitirá ser rehén de las mentiras y las dobleces. Debemos aprender de los errores y no permitir que estos se repitan.
Para construir una sociedad mejor, debemos terminar con la injusticia. En primer lugar, quienes ejercen el poder, deberían tener presente a José Ingenieros, cuando en un pasaje de "Las Fuerzas Morales", decía: "Los intereses creados obstruyen la justicia. Todo privilegio injusto implica una inmoral subversión de los valores sociales. En las sociedades carcomidas por la injusticia los hombres pierden el sentimiento del deber y se apartan de la virtud...Y es por falta de justicia que los Estados se convierten en confabulaciones de favoritos y de charlatanes, dispuestos a lucrar de la patria, pero incapaces de honrarla con obras dignas."
Reconquista 22 junio de 2011.
Por Juan Daniel Stella, abogado, ex presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción Judicial de Santa Fe y ex miembro de la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
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