El Ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, confirmó que en febrero el Ejecutivo volverá a mandar a la Legislatura Provincial los pliegos de fiscales y defensores que retiró en noviembre. "Hemos hablado con la oposición y confiamos en que habrá acuerdo", dijo el funcionario.
Fumata blanca entre el Ministerio de Justicia y los legisladores opositores que rechazaban los pliegos de fiscales y defensores. Tras haber sido retirados a mediados de noviembre, en febrero volverán a derivarse a las Cámaras, ahora con la "posibilidad cierta" de ser aprobados, tras haber arribado a un acuerdo con un sector de la oposición. "Se los retiró no por ninguna cuestión de los pliegos en sí, sino porque estaba la firme posibilidad de arreglar un acuerdo, que se venía gestando hace tiempo", explicó el ministro Juan Lewis, en diálogo con Rosario/12. El gobernador Antonio Bonfatti llamaría a sesiones extraordinarias para que la Legislatura vuelva a atender cada pliego.
El 28 de noviembre, el gobierno provincial retiró de la Legislatura 16 pliegos propuestos, ocho fiscales y ocho defensores, futuros funcionarios judiciales del nuevo sistema penal que aflora en Santa Fe. Esa misma tarde, iba a sesionar la Asamblea Legislativa, con el certero riesgo para el oficialismo de no obtener la aprobación de seis postulantes cuestionados, ex integrantes del Ministerio de Justicia. Hubiera sido un golpe durísimo para el equipo de Lewis, similar al que sufrió cuando los legisladores del Pro y el peronismo rechazaron el pliego del criminólogo Enrique Font, quien había ganado un concurso para convertirse en auditor del sistema de fiscalías.
Lewis aseguró que los legisladores con quienes dialogó en los últimos días "nunca" pusieron en duda el visto bueno de los pliegos con el argumento de "haber sido funcionarios del Poder Ejecutivo". Todo lo contrario, "tenían otra clase de objeciones. Podemos estar o no de acuerdo, pero muchas eran atendibles... (Luis) Rubeo lo dijo claramente, ellos no objetaban eso". Sin embargo, otros legisladores, como el senador y presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Ricardo Kaufmann, en declaraciones a Rosario/12 el 7 de noviembre, no descartaban que la mayoría justicialista utilice "la misma vara" con la que rechazó el pliego de Font. "Si aplicamos la misma vara, estos tampoco podrían ser operadores de la justicia, pero vamos a esperar que se pronuncie la Legislatura", había dicho el legislador del departamento Garay.
"Quienes lo ponían en duda eran (María Eugenia) Bielsa, (Mario) Lacava, no sé que opinarán ellos, han tenido algunas conversaciones con gente del Colegio de Magistrados en el norte, con el Colegio de Magistrados de zona sur, con gente de los cincos Colegios de Abogados, pero me parece que no consiguieron promover sus objeciones al anterior sistema con ninguna de estas instituciones, nadie los acompañó. No sé que seguirán pensando", apuntó el ministro. Para no aguardar al comienzo del período de sesiones ordinarias, Bonfatti convocaría a extraordinarias, para que en virtud del "acuerdo logrado" se aprueben las postulaciones. Se renviarán los 16 pliegos retirados en noviembre y se enviará por primera vez otra tanda de nuevos casos.
Para entender esta cercanía entre ministerio y legisladores es clave posar la mirada sobre la creación de un nuevo sistema para la designación de jueces, que efectivizó Bonfatti a través del Decreto Nº 3904/12, uno de los últimos del año pasado. El gobernador derogó las normas que regulan la selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial a ser designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y en su lugar creó un único sistema de autolimitación para estas designaciones. "Para el diseño del nuevo sistema se atendieron expresas recomendaciones vertidas, incluso en las últimas oportunidades en que se trataran pliegos, de legisladores tanto oficialistas como de la oposición, quienes convinieron en que la propuesta que se eleve al gobernador no esté condicionada exclusivamente al puntaje técnico dado que los postulantes que la integran ya han superado los estándares de calidad previstos en las instancias anteriores", señalaron hace unos días desde el Ministerio.
Con este acuerdo parlamentario, la provincia está "cerca de poder poner en plena vigencia el código". Faltan "unos pasos", fundamentales, como lo es "la aparición de los jugadores de este nuevo sistema, los funcionarios", explicó Lewis, quien estimó: "Se trata de procesos, que tienen sus tiempos, algunos son más rápidos, otros vienen más despacio".
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