El municipio pidió a la Justicia que garantice la prestación y la integridad de personas y bienes. Cuatro camiones fueron interceptados.
La Capital |
Un clima de tensión se vivió ayer en Villa Gobernador Gálvez, donde el municipio recurrió a la Justicia para que se garantizara la recolección de residuos y la libertad de trabajo, luego de que un grupo de empleados de ese servicio decidiera parar en reclamo de la incorporación de los contratados y la recategorización para los trabajadores del sector. Ocurre que los cuatro camiones que la Municipalidad pudo sacar a la calle para recoger la basura de la ciudad fueron interceptados por partidarios de la protesta y debieron interrumpir su marcha. Las autoridades preparaban al cierre de esta edición una presentación en la Justicia penal por amenazas y coerción.
El conflicto se desató este martes, cuando un grupo de empleados para la recolección de los residuos resolvió una medida de fuerza, que no cuenta con el apoyo del sindicato de los municipales, aunque sí está motorizado por un delegado del gremio, Sergio Rodríguez, quien exige "el pase a planta de todo el personal contratado y recategorización para todos", y amenazó conque "esto no se levanta hasta que haya un arreglo".
A Tribunales. Frente a esto, la Municipalidad concurrió ayer en los Tribunales de Rosario, donde hizo una presentación en la Fiscalía en turno, la Nº 3, a cargo de Carlos Covani. Allí, las autoridades pidieron que "se permita la prestación del servicio de recolección de residuos y que gartantice la libertad de trabajo de los empleados que están desarrollando sus tareas y las de aquellos que quieren hacerlo y se lo impiden".
Además, se reclamó que se "garantice la integridad de los bienes del patrimonio municipal", ante las amenazas de destruir camiones y otros elementos. Las actuaciones recayeron en los juzgados Correccional Nº 8, por obstrucción del servicio público, y en el de Instrucción Nº 15, por amenazas coactivas.
Así lo reveló a La Capital el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Diego Garavano, quien recordó que ayer mismo, el municipio dispuso de cuatro camiones para que el servicio pudiera hacerse con aquellos trabajadores que estaban dispuestos a hacerlo. "Tuvimos reuniones con las autoridades policiales, que autorizaron que móviles policiales acompañaran a los camiones. La orden fue que ante la primera amenaza contra las personas y los bienes dejaran de circular. Y eso fue lo que ocurrió. Pudieron trabajar solamente una hora, hasta que fueron interceptados. La policía labró las actas correspondientes, y es lo que estamos esperando para hacer una nueva presentación", le dijo Garavano a este diario ayer por la tarde. .
Al cierre de esta edición, la Municipalidad preparaba toda la documentación y trabajaba en el reconocimiento de las personas que participaron de la protesta para elevar todo a la Justicia.
Sin apoyo sindical. Por su parte, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad, Cristián Barleta, aclaró que "de ninguna manera" la organización gremial apoya la medida, que "no responde a una decisión orgánica del sindicato, sino que fue algo fogoneado por delegados que están alineados con los recolectores de Rosario, donde el servicio es privado. El dirigente adelantó que el sindicato evalúa "algún tipo de sanción", con quienes pertenecen a la organización y están reclamando por su cuenta. "Esto es una práctica desleal, la representación es orgánica y la tiene el sindicato de los municipales, más allá de que los motivos de la protesta puedan ser válidos", aclaró.
Al respecto, Barleta recordó que desde el año pasado el tema del pase a planta permanente "fue un tema que se discutió en paritarias. Le transmitimos a la Municipalidad, como sindicato y a través de la federación, el reclamo de que se regularice la situación para todos los precarizados. Hace rato que estamos planteando que no haya trabajadores en negro".
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