La realidad que emerge tras la muerte de una voluntaria que quedó en medio de una guerra de bandas en Ludueña. La directora de Salud Mental del municipio, Débora Daniele, dijo que los equipos sanitarios "quedaron en soledad" y "totalmente excedidos".
La Capital |
Cada vez más, cunde la sensación de que nada alcanza para frenar los efectos trágicos del delito y que el Estado, si llega, lo hace tarde. Después del tiroteo entre jóvenes de dos quioscos de droga que anteayer terminó con la vida de Mercedes Delgado en barrio Ludueña, LaCapital consultó a dos funcionarios sobre la realidad que enfrentan en un territorio donde los chicos son fácilmente seducidos por las economías delictivas. Prestigio, estatus, poder, dinero rápido, pertenencia grupal, identidad, son algunos de los espejos de colores con que esos circuitos los tientan. ¿Qué hacen las políticas públicas para disputar esa oferta? No lo suficiente. Para la directora de Salud Mental del municipio, Débora Daniele, durante el 2012 "hubo un retroceso del Estado" que dejó a los equipos sanitarios en completa soledad y "totalmente excedidos" por la conflictividad social.
Ludueña no es un barrio cualquiera, sino uno de los cinco que Salud Mental "priorizó" para atender con miniequipos especializados diversas situaciones complejas.
Entre ellas, la "gran cantidad de jóvenes complicados en sus circuitos vitales que no acceden a un recorrido saludable (como la escuela, el club, el trabajo), que quedan capturados por el delito, el consumo de sustancias y la violencia". Como si fuera poco, con altos índices de enfrentamientos entre ellos. Pero ocurre que el trabajo de esos equipos en Ludueña, por ejemplo, ha permanecido casi en solitario.
"El año pasado hubo un retroceso en muchos espacios: el único actor estatal que quedó fue el efector de salud, pero la demanda que le llega es de una dimensión que no puede resolver", explicó Daniele, lo que deja a esos equipos "totalmente excedidos".
La funcionaria insistió. "Tengo la responsabilidad de plantear que el 2012 fue un año muy complicado porque no hubo mucha presencia estatal", algo que —aseguró— "no es sin consecuencias".
Daniele admitió que "es bastante poco lo que se puede hacer para competir con los circuitos ilegales", dado que "ejercen todo tipo de seducción" sobre los jóvenes.
"Desde una intervención técnica y política como la que pueden hacer los equipos de salud, claramente nos encontramos con situaciones que nos exceden: la gestión del delito es un entramado que por sus dimensiones y complejidad nos desborda", reconoció.
La problemática dista de ser exclusiva de Ludueña. "Porque un circuito de narcotráfico entra a un barrio y a la semana ese barrio es otro", un proceso que la funcionaria vio multiplicarse "muy rápido en los últimos dos años" y que hoy pone a las "políticas de infancia" entre las más "acuciantes".
El reconocimiento de que cada vez son más los chicos vulnerables cooptados por las redes de narcotráfico y la economía del delito (lo que los transforma simultáneamente en víctimas y victimarios) no sólo corrió por cuenta de Daniele, sino también del director provincial de Seguridad Comunitaria (zona centro-sur), Pablo Suárez.
Ir por más. "No es que el Estado no tenga inserción territorial ni Ludueña es una sola", dijo el funcionario, pero aceptó que "se necesita más presencia estatal, con mayor fortaleza y no sólo con una parte, sino jugando todos los poderes para enfrentar lo que estamos viviendo".
Por ejemplo, situaciones como las que, por disputas dentro del mundo del delito, le costó la vida a Mercedes Delgado. "Es muy fuerte el nivel de enfrentamiento vinculado a las economías delictivas: o bien porque forman parte de distintas bandas o bien porque se mantienen viejas broncas", graficó.
La impunidad fue otro rasgo que destacó el funcionario para mostrar la fortaleza de las estructuras que deben enfrentar las políticas públicas, a riesgo de asumir su impotencia.
Suárez fue gráfico. "Como Estado intentamos estar en cada territorio, pero la presencia de las economías delictivas se va afirmando en distintas zonas cada vez con mayor descaro: se saca un búnker y a las 48 horas hay otro al lado; no los asusta la intervención del Estado aunque haya secuestro de sustancias y detenciones; el temor al correctivo no alcanza y, por otro lado, la actividad es sumamente rentable y provee suficientes contactos como para tener una buena defensa que garantice libertad hasta a los judicializados...".
Un panorama vertiginoso y sumamente complejo. Pero nunca tan complejo, ni tan veloz, como para que la única respuesta del Estado sea la de correr atrás.
Crecer
“Con la refuncionalización de los Centros Crecer se perdió capacidad de intervención en los barrios”, señaló Débora Daniele.
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