La iniciativa de los justicialistas
Busatto y Olivera apunta a crear el Instituto Provincial de Solidaridad
Educativa. Los recursos surgirían de un tributo que pagarían los
profesionales liberales inscriptos en los respectivos colegios.
Ricardo Olivera
El proyecto contempla que dicho Instituto sea un ente de carácter autárquico, conformado por un Comité de Evaluación compuesto por tres representantes de las Universidades Nacionales dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, dos representantes del Ministerio de Educación de la Provincia, tres profesionales matriculados representantes de las organizaciones que los agrupan, dos legisladores representantes de la Cámara de Senadores y dos legisladores representantes de la Cámara de Diputados.
Dicho Comité será el organismo facultado para definir el tipo de becas, establecer sus montos, determinar los reglamentos de evaluación, determinar las carreras terciarias y universitarias a priorizar de acuerdo a los objetivos de desarrollo que tenga la Provincia.
Asimismo, se prevén las fuentes de financiamiento del Instituto, dentro de las cuales adquiere preponderancia el Impuesto al Ejercicio de la Actividad Profesional que la misma norma crea, estipulando que son contribuyentes del mismo las personas físicas que posean título universitario o terciario, habilitante para el ejercicio de una profesión liberal, y se encuentren matriculados en concejos, colegios u otra organización.
Para ello, se fija una alícuota del 2% sobre la base imponible, que estará constituida por el total de ingresos percibidos durante el período fiscal en concepto de honorarios o cualquier otro tipo de retribución por el ejercicio de la actividad profesional, exceptuando a los profesionales que tengan menos de cuatro años de matriculación. Cabe destacar que en la actualidad, el ejercicio de la actividad profesional se encuentra exento.
Por otra parte, se instituyen una serie de requisitos para el acceso de los estudiantes a las becas que tienen que ver con el carácter de alumnos regulares, el esfuerzo académico y la carencia de recursos suficientes para solventar sus estudios.
En síntesis, el Proyecto pretende que aquellos profesionales que tuvieron la oportunidad de graduarse con el financiamiento total o parcial de sus carreras, por parte del Estado Nacional o Provincial, permitan con este tributo, constituir un fondo, que sustentado en el concepto de solidaridad, le dé la posibilidad a muchos estudiantes santafesinos, de poder cumplir con el sueño de tener un título universitario o terciario.
Teniendo en cuenta que una de las principales causas por la cual los estudiantes no pueden culminar sus carreras, es la cuestión económica, sobre todo aquellos jóvenes que son del interior, y deben pagar viajes y alquiler, la idea subyacente del proyecto es generar un FONDO SOLIDARIO que permita equiparar oportunidades entre quienes más lo necesitan, tomando siempre como prioritarios los objetivos de desarrollo socioeconómico de la provincia. La solidaridad intergeneracional está garantizada cuando, quienes en la actualidad han logrado una situación de estabilidad profesional y tienen capacidad para colaborar en la formación de nuevos profesionales, contribuyen a acortar las brechas socioeducativas existentes.
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