Los trabajadores judiciales, los municipales capitalinos y del sector de Luz y Fuerza realizan hoy un paro total de actividades por 24 horas, en repudio a la“represión policial” ocurrida ayer.
La represión fue durante la manifestación de gremios estatales que protestaban en contra del ajuste previsional del gobernador José Manuel de la Sota.
El paro de actividades es acompañado por otros gremios con abandono de tareas y asambleas, como el caso del Sindicato de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) y bancarios, quienes luego marcharán hacia la sede de Tribunales, donde ayer se generaron los incidentes, para exigir a la Justicia que se investiguen los hechos de violencia y represión oficial.
De acuerdo a los datos suministrados por el abogado Claudio Orosz, representante de los organismos de los Derechos Humanos, esta madrugada fueron liberados los tres manifestantes detenidos en la jornada de ayer.
La titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Irina Santesteban, esta mañana justificó las medidas de protesta para “repudiar la represión y la falta de acción de la Justicia” ante estos hechos de violencia en contra de los trabajadores, además de reiterar que “el principal responsable de estos hechos es el gobierno de la provincia”.
Juan Monserrat, titular de la Uepc, criticó al Gobierno de la provincia por “avalar semejantes niveles de represión” y consideró que “la policía podría haber actuado de otra manera y que hiciera los desmanes cuando estábamos haciendo un reclamo legítimo”.
El sindicalista también dijo que “el plan de lucha va a continuar” con medidas que se van a resolver en los próximos días, más aún cuando De la Sota ratificó la vigencia de la cuestionada ley que introduce cambios en el sistema previsional que afecta a los haberes de los pasivos cordobeses.
La investigación judicial de los hechos, que dejó como saldo varios heridos y detenidos, está a cargo del fiscal José Bringas.
Con respecto a los incidentes, el Gobierno de la provincia dio a conocer hoy un comunicado oficial en donde repudia los “hechos de violencia protagonizada por inadaptados”, y resalta el accionar "estoico" de la policía.
El conflicto comenzó en la noche del 8 de agosto cuando De la Sota, con el argumento de que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, presentó en la Legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.
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