Moyano y las entidades del campo ponen en riesgo un acuerdo por el piso salarial

La ausencia del moyanismo y una abstención del campo complicarían las chances de lograr el consenso necesario en el Consejo del Salario. Alientan suba del 25%. El gobierno podría tener que laudar y fijar el aumento en forma unilateral.

    

Ismael Bermúdez

La anunciada ausencia de Hugo Moyano sumada a la posible abstención de las entidades del campo en las deliberaciones del Consejo del Salario Mínimo amenazan complicar las chances de un acuerdo entre empresarios y sindicalistas por la suba del piso salarial, lo que obligaría al Gobierno a recurrir a un laudo para fijar el nuevo sueldo mínimo que perciben los trabajadores fuera de convenio y que constituye la principal referencia de ingresos en el sector informal de la economía.

El Ministerio de Trabajo oficializó anteayer la convocatoria para que el próximo martes se reúna el Consejo con el objetivo de consensuar el aumento del actual mínimo de $ 2.300. Pero todas las decisiones de ese órgano tripartito, integrado por el Gobierno, 16 representantes por el sector empresario y la misma cantidad de delegados por la CGT y la CTA, requieren para ser aprobadas del voto positivo de una mayoría calificada de los dos tercios de los miembros, es decir 24 representantes sobre un total de 32.

El faltazo de Moyano y los otros tres dirigentes que responden a su liderazgo (Sergio Palazzo, Juan Carlos Schmid y Carlos González) reducirá a 28 la cantidad de miembros presentes en la negociación. A eso se suma la preocupación –anticipada por funcionarios del Gobierno– por la posición que adoptarán en el encuentro los representantes de la Sociedad Rural (Hugo Biolcati), la Federación Agraria (Eduardo Buzzi). Confederaciones Rurales (Alberto Frola) y Coninagro (Carlos Garetto) que, en línea con su perfil opositor a la administración kirchnerista, suelen abstenerse en la votación por la suba del mínimo salarial.

Si ese escenario se concreta, cualquier ausencia o postura de abstención o rechazo de alguno de los otros 24 miembros del Consejo, impediría la mayoría necesaria para aprobar un acuerdo y forzaría al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a laudar y fijar en forma unilateral el aumento del piso salarial, una alternativa a la que el Gobierno jamás tuvo que recurrir en los 10 años de vigencia del Consejo del Salario.

La mayor inquietud oficial gira por estas horas en la actitud que adoptará el dirigente del gremio del Seguro, Luis Pérez, quien mantiene una posición equidistante en la interna de la CGT, y cuyo voto afirmativo es clave para asegurar un acuerdo y evitar el laudo de Trabajo.
La magnitud del aumento del piso salarial parece un tema menos preocupante para las expectativas oficiales. La propuesta del Ejecutivo, que alentaría una suba en torno al 25% –en línea con el promedio de los incrementos salariales fijados en la última ronda de paritarias–, es considerada como un parámetro razonable tanto en el sector empresario como entre los referentes sindicales más afines a la Casa Rosada.

El titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, remarcó ayer la intención de esa entidad de “trabajar dentro de los parámetros parámetros que cerraron la mayoría de los convenios colectivos”. La misma posición adelantó a este diario el titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega.

En tanto, desde el frente de gremios antimoyanistas plantearon que reclamarán un piso del 25% para el aumento del mínimo, lo que llevaría la cifra actual de $ 2.300 a $ 2.900.
La mayor discusión, se prevé, pasará por la forma en que se escalonará la aplicación del aumento.