NAC. Guillermo Moreno necesita desalojar a una familia para un negocio personal

Su hijo quiere hacer una inversión inmobiliaria en una casa ocupada. El funcionario le prestó 740 mil pesos para el emprendimiento. 

 

LITIGIO. Mendoza con sus hijos en el patio de la casa de dnde quieren echarla para que Moreno Jr. contruya un edificio.

Guillermo Moreno realizó el año pasado una gran inversión inmobiliaria. El poderoso secretario de Comercio Interior informó en su declaración jurada que le “prestó” 740 mil pesos a un fideicomiso que construirá un edificio en una esquina bien valuada de Buenos Aires.
Sin embargo, existe un detalle que el poderoso funcionario no aclaró a la Oficina Anticorrupción: ese millonario proyecto edilicio le pertenece a su hijo mayor, José Pablo Moreno, un joven de 34 años que solía trabajar en la ferretería de su padre y ahora aparece como un flamante empresario constructor.
El otro detalle que el dirigente jamás reveló podría generar rechazo en la militancia progresista. En el lugar donde quieren levantar la torre está viviendo una familia humilde, que es acusada de estar “ocupando” ese predio y a la que quieren desalojar –por medio de la fuerza– para concretar el negocio.
“Le pido a Moreno que no me deje en la calle”, ruega Liliana Mendoza, madre de seis hijos –la mayoría menores de edad– que habita esa propiedad. “No soy ninguna ‘ocupa’, tengo un contrato de alquiler y me mudé a plena luz del día”, se defendió la mujer en una entrevista con PERFIL.

Litigio. Mendoza con sus hijos, en el patio de la casa de donde quieren echarla para que Moreno Jr. construya un edificio.

El predio de esta historia se encuentra en una esquina ideal: Donato Alvarez y Franklin, justo enfrente de Plaza Irlanda, en el barrio de Caballito. Con esa dirección fue bautizado el fondo en el que invirtió el secretario de Comercio, creado para construir un edificio y cuyo proyecto maneja Moreno junior.
La controversia comenzó hace cuatro meses –a fines de marzo–, cuando Mendoza decidió mudarse allí con su familia. En el comedor de la casa antigua, la mujer de 44 años recibe a este diario y muestra un contrato de alquiler por un plazo de dos años.
“Un hombre llamado Marcelo Raúl Duarte me dijo que era el propietario y me ofreció alquilarla”, relata. “El 31 de marzo pasado le pagué tres meses por adelantado, me dio la llave del lugar y nos mudamos ese mismo mediodía, a la vista de todos los vecinos”, agrega mientras masculla su bronca por la posibilidad de haber sido estafada.
Según el relato de Liliana, ni la familia Moreno ni los propietarios se contactaron para dialogar con ellos u ofrecerles algún tipo de solución pacífica. Por el contrario, denuncia que de inmediato –a los cuatro días– fueron intimidados por un grupo numeroso de efectivos de la Comisaría 50 de la Policía Federal.
“Durante dos semanas estacionaron un carro de asalto frente a mi casa, apostaron agentes de fuerza antichoque, armados con casco y chaleco antibalas”, recuerda la mujer. “Los policías me decían que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que esta propiedad es de los Moreno y que estaban esperando una orden para entrar”, asegura.
Esa orden debía provenir de la jueza Gabriela Zangaro, porque el episodio dio origen a una causa en la Justicia Contravencional, que lleva el número 11556/12. En mayo, la magistrada finalmente resolvió el “allanamiento y la restitución del predio”. Pero la sentencia todavía no se ejecutó, porque fue apelada en la Cámara por los abogados defensores.
“Yo sé que le estoy arruinando un gran negocio a Moreno, pero le pido que no nos deje en la calle”, suplica Mendoza, que sostiene a sus hijos con su trabajo de empleada doméstica. “Somos una familia normal, mis chicos van al colegio y le solicito al Gobierno que me ayude a conseguir una vivienda digna”.
Este diario intentó contactarse con Moreno, pero no respondió a las llamadas.