La ordenanza que reglamenta las condiciones de ingreso tiene un año y medio de sancionada; se cumple a medias.
La ordenanza que prohíbe a los boliches y bares aplicar el derecho de
admisión no tuvo el impacto esperado en Rosario. Si bien la mayoría de
los boliches ejercen restricciones para el ingreso legales, como las
referentes a vestimenta y edad, no exhiben la cartelería reglamentaria
en la que se deberían detallar los derechos del consumidor e informar el
número telefónico para denuncias ante casos de discriminación. A un año
y medio de la sanción de la norma se labró una sola multa por
discriminación. En otros cinco casos, el Tribunal de Faltas evitó una
sanción gracias al método de mediación. Frente a este cuadro, desde el
municipio prometieron convocar a los dueños de los locales para hacer
efectiva la legislación local.
Pantalón de gimnasia, gorra, ojotas, pantalón corto, camisetas de futbol. Son algunos de los impedimentos de ingreso habituales en los boliches y bares de la ciudad. Pero a estas restricciones “legales”, se les suelen sumar otras por “portación de rostro”, razón no explicitada para que el personal de seguridad de los establecimientos niegue la entrada a ciertos jóvenes. Según contaron algunos empleados de seguridad, la vista se hace más gorda cuando se trata del ingreso femenino. Los lineamientos bajan de la gerencia, insistieron las mismas fuentes.
Antes de 2010, las distintas agrupaciones en defensa de los derechos civiles de las minorías sexuales y del consumidor luchaban por que se retire el tradicional cartel: “La casa se reserva el derecho de admisión”. En agosto de ese año, el Concejo Municipal estableció un nuevo régimen de condiciones de ingreso bajo la ordenanza 8.508. La modificación obligó a los boliches a que establezcan pautas para franquear la puerta o permanecer en el local –como código de vestimenta, edad u horarios, sin incurrir en discriminación– pedir a la oficina de Derechos Humanos un cartel de 30 por 60 centímetros que deben colgar en la entrada.
En diálogo con El Ciudadano, la directora de Derechos Humanos del municipio, Gabriela Sosa, confirmó que desde la vigencia de la ordenanza el grueso de los negocios que establecen restricciones no solicitó esa cartelería obligatoria. “Si bien hubo un leve interés por la norma, los dueños de los boliches no se acercaron. Tendremos que hacer una campaña para revertir esto. La lucha contra la discriminación debe ser diaria”, contó la funcionaria.
Ante un hecho de discriminación en bares y boliches, los asistentes a esos locales que consideren avasallados sus derechos pueden llamar al 0800 de la GUM para radicar la denuncia. Según los datos municipales, entre 2005 y 2011 la cantidad de llamados sigue una curva descendente. En 2012 no se recibieron denuncias telefónicas por actos de discriminación en locales bailables. “Menos de un 5 por ciento de los llamados en Rosario están relacionados a la comunidad trans”, informó Sosa sobre uno de los colectivos más vulnerables.
Desde 2010, el Tribunal de Faltas de Rosario sólo labró una multa por actitud discriminatoria. Claudio Canalis, subdirector de la dependencia, explicó que desde esa fecha no atendieron más de cinco casos relacionados no sólo con boliches, sino con supermercados y bares. Y, excepto uno, el resto se resolvió por el método de mediación, similar al que tiene el Poder Judicial. “Se llama a presentar las pruebas, si las hay, y se busca un entendimiento entre las partes”, detalló Canalis. La ordenanza indica que los negocios infractores deben abonar una multa de entre 900 y 1500 pesos más una clausura que va de 7 a 30 días. La reincidencia agudiza las penas: de1.200 a 2.000 pesos y clausura de 30 a 180 días.
Según informaron en el municipio, en el registro oficial de establecimientos bailables figuran 31 confiterías, 18 cantinas, 10 cabarets y/o whisquerías, 11 peñas y una discoteca para menores. El resto, apuntaron las mismas fuentes, corresponde al rubro bares.
Sobre el futuro de la aplicación de la normativa, la directora de la oficina de Derechos Humanos adelantó: “En breve estaremos relanzado la iniciativa. Convocaremos a los dueños de boliches para que pidan sus carteles y de esa manera difundamos los derechos y el número de teléfono para denunciar si los discriminan”. En esta convocatoria, siempre según la funcionaria, se orientará sobre cómo detectar casos de explotación sexual o trata de personas.
Pantalón de gimnasia, gorra, ojotas, pantalón corto, camisetas de futbol. Son algunos de los impedimentos de ingreso habituales en los boliches y bares de la ciudad. Pero a estas restricciones “legales”, se les suelen sumar otras por “portación de rostro”, razón no explicitada para que el personal de seguridad de los establecimientos niegue la entrada a ciertos jóvenes. Según contaron algunos empleados de seguridad, la vista se hace más gorda cuando se trata del ingreso femenino. Los lineamientos bajan de la gerencia, insistieron las mismas fuentes.
Antes de 2010, las distintas agrupaciones en defensa de los derechos civiles de las minorías sexuales y del consumidor luchaban por que se retire el tradicional cartel: “La casa se reserva el derecho de admisión”. En agosto de ese año, el Concejo Municipal estableció un nuevo régimen de condiciones de ingreso bajo la ordenanza 8.508. La modificación obligó a los boliches a que establezcan pautas para franquear la puerta o permanecer en el local –como código de vestimenta, edad u horarios, sin incurrir en discriminación– pedir a la oficina de Derechos Humanos un cartel de 30 por 60 centímetros que deben colgar en la entrada.
En diálogo con El Ciudadano, la directora de Derechos Humanos del municipio, Gabriela Sosa, confirmó que desde la vigencia de la ordenanza el grueso de los negocios que establecen restricciones no solicitó esa cartelería obligatoria. “Si bien hubo un leve interés por la norma, los dueños de los boliches no se acercaron. Tendremos que hacer una campaña para revertir esto. La lucha contra la discriminación debe ser diaria”, contó la funcionaria.
Ante un hecho de discriminación en bares y boliches, los asistentes a esos locales que consideren avasallados sus derechos pueden llamar al 0800 de la GUM para radicar la denuncia. Según los datos municipales, entre 2005 y 2011 la cantidad de llamados sigue una curva descendente. En 2012 no se recibieron denuncias telefónicas por actos de discriminación en locales bailables. “Menos de un 5 por ciento de los llamados en Rosario están relacionados a la comunidad trans”, informó Sosa sobre uno de los colectivos más vulnerables.
Desde 2010, el Tribunal de Faltas de Rosario sólo labró una multa por actitud discriminatoria. Claudio Canalis, subdirector de la dependencia, explicó que desde esa fecha no atendieron más de cinco casos relacionados no sólo con boliches, sino con supermercados y bares. Y, excepto uno, el resto se resolvió por el método de mediación, similar al que tiene el Poder Judicial. “Se llama a presentar las pruebas, si las hay, y se busca un entendimiento entre las partes”, detalló Canalis. La ordenanza indica que los negocios infractores deben abonar una multa de entre 900 y 1500 pesos más una clausura que va de 7 a 30 días. La reincidencia agudiza las penas: de1.200 a 2.000 pesos y clausura de 30 a 180 días.
Según informaron en el municipio, en el registro oficial de establecimientos bailables figuran 31 confiterías, 18 cantinas, 10 cabarets y/o whisquerías, 11 peñas y una discoteca para menores. El resto, apuntaron las mismas fuentes, corresponde al rubro bares.
Sobre el futuro de la aplicación de la normativa, la directora de la oficina de Derechos Humanos adelantó: “En breve estaremos relanzado la iniciativa. Convocaremos a los dueños de boliches para que pidan sus carteles y de esa manera difundamos los derechos y el número de teléfono para denunciar si los discriminan”. En esta convocatoria, siempre según la funcionaria, se orientará sobre cómo detectar casos de explotación sexual o trata de personas.
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