La Cámara votó un pedido de
informes sobre la empresa firmado por todos los bloques justicialistas y
de la Unión Pro Federal. Sancionaron el paso a planta de agentes de
Assal.
La Cámara de
Diputados, a instancias del justicialista Mario Lacava, votó un nuevo
pedido de informes sobre la Empresa Provincial de Energía (EPE) referido
a temas considerados durante el paso del ministro de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y el presidente del
directorio de la compañía, Daniel Cantalejo, y que no dejaron
satisfechos al cuerpo, especialmente a los diversos bloques
justicialistas y de la Unión Pro Federal.
En cambio, una declaración motorizada por Héctor Acuña con recomendaciones a la EPE para usuarios afectados por los prolongados cortes quedó para la próxima sesión ante algunas advertencias formuladas desde el oficialismo -especialmente a través del radical Santiago Mascheroni- sobre algunos de los términos contenidos en la minuta.
El tema EPE dominó la sesión de Diputados que -por otra parte- y sin discursos sancionó el mensaje del Poder Ejecutivo que incorpora a la planta permanente de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) 82 cargos, 28 de los cuales corresponden al estatuto escalafón previsto en la ley 8.282 y los restantes 54 en el estatuto ley 8.525. Dichos cargos serán destinados a la instrumentación de la estructura orgánico-funcional de la Agencia. En los hechos, la Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado al texto votado en primera instancia por ese cuerpo.
En el inicio de la sesión, Gustavo Peters prestó juramento como subsecretario parlamentario, cargo que estaba vacante desde diciembre pasado. Peters -quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Jorge Obeid y precandidato a senador por Rosario por el justicialismo- fue propuesto por el grupo de legisladores que acompañó a María Eugenia Bielsa en la aspiración a presidir la Cámara de Diputados. La designación es otro paso en la búsqueda de entendimiento político que ensayan los 28 diputados de la mayoría justicialista.
Más cortocircuitos
En cuanto al pedido de informes a la EPE, si bien fue presentado por Lacava, lleva la firma de todos los bloques justicialistas e incluso de la Unión Pro Federal y tiene cuatro puntos fundamentales que refieren a las inversiones llevadas adelante por la Empresa, la estación transformadora del Puerto, operaciones financieras y sobre el nombramiento de los miembros cooperativos del directorio.
Lacava fundó el proyecto en lo que “no ocurrió” el miércoles durante la reunión a la cual habían sido convocados, por escrito, los funcionarios que concurrieron sin la documentación respaldatoria.
Sobre las inversiones de la Empresa, el pedido reclama conocer inversión anual en el período 2008-2011 en equipamiento (partida maquinarias y equipos) y obras (partida construcciones), detallando para cada ejercicio el crédito inicial, crédito final y ejecución definitiva de cada partida (etapa devengado); recaudación anual por venta de electricidad en el período; transferencias efectuadas por la administración central para la atención de gastos corrientes y de capital; gasto anual en el período en concepto de compra de electricidad (etapa devengado), y monto total subsidiado en cada ejercicio por el gobierno nacional; plan anual de inversiones previstas para el período 2012-2016.
Otro aspecto importante es sobre las operaciones financieras para saber si en el ejercicio 2011 y/o lo que va del 2012 la Empresa ha realizado operaciones financieras (“giro en descubierto”) sobre alguna de sus cuentas que componen el Fuco, o si realizó algún tipo de operación de crédito con el agente financiero de la provincia o con alguna otra institución bancaria con detalles sobre plazos, y condiciones.
El último punto es para saber el motivo por el cual no se han nombrado los nuevos miembros cooperativos que integran el directorio de EPE atendiendo las ternas presentadas.
El socialista Raúl Lamberto habló de acompañamiento sin apoyar los dichos de Lacava, afirmó que el uso del Fuco está autorizado por ley y anunció que “esta semana llegó la autorización para pasar el cable bajo avenida 27 de Febrero” y comunicar la estación Puerto con su par Rosario en el centro santafesino.
Por su parte, Acuña con la firma de los restantes justicialistas motorizó una declaración pidiendo que la EPE se abstenga de cobrar el último aumento de tarifas a los usuarios que hayan sufrido cortes por más de 24 horas acumuladas y pedía para industrias y comercios que se tenga en cuenta “el daño emergente y el lucro cesante como componentes indemnizatorios o resarcitorios a los mismos”. Lamberto y después Mascheroni advirtieron sobre los inconvenientes de votar sobre tablas estos últimos párrafos y reclamaron un debate en comisión que finalmente fue aceptado por el autor con el compromiso de tratarlo en la próxima sesión.
En cambio, una declaración motorizada por Héctor Acuña con recomendaciones a la EPE para usuarios afectados por los prolongados cortes quedó para la próxima sesión ante algunas advertencias formuladas desde el oficialismo -especialmente a través del radical Santiago Mascheroni- sobre algunos de los términos contenidos en la minuta.
El tema EPE dominó la sesión de Diputados que -por otra parte- y sin discursos sancionó el mensaje del Poder Ejecutivo que incorpora a la planta permanente de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) 82 cargos, 28 de los cuales corresponden al estatuto escalafón previsto en la ley 8.282 y los restantes 54 en el estatuto ley 8.525. Dichos cargos serán destinados a la instrumentación de la estructura orgánico-funcional de la Agencia. En los hechos, la Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado al texto votado en primera instancia por ese cuerpo.
En el inicio de la sesión, Gustavo Peters prestó juramento como subsecretario parlamentario, cargo que estaba vacante desde diciembre pasado. Peters -quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Jorge Obeid y precandidato a senador por Rosario por el justicialismo- fue propuesto por el grupo de legisladores que acompañó a María Eugenia Bielsa en la aspiración a presidir la Cámara de Diputados. La designación es otro paso en la búsqueda de entendimiento político que ensayan los 28 diputados de la mayoría justicialista.
Más cortocircuitos
En cuanto al pedido de informes a la EPE, si bien fue presentado por Lacava, lleva la firma de todos los bloques justicialistas e incluso de la Unión Pro Federal y tiene cuatro puntos fundamentales que refieren a las inversiones llevadas adelante por la Empresa, la estación transformadora del Puerto, operaciones financieras y sobre el nombramiento de los miembros cooperativos del directorio.
Lacava fundó el proyecto en lo que “no ocurrió” el miércoles durante la reunión a la cual habían sido convocados, por escrito, los funcionarios que concurrieron sin la documentación respaldatoria.
Sobre las inversiones de la Empresa, el pedido reclama conocer inversión anual en el período 2008-2011 en equipamiento (partida maquinarias y equipos) y obras (partida construcciones), detallando para cada ejercicio el crédito inicial, crédito final y ejecución definitiva de cada partida (etapa devengado); recaudación anual por venta de electricidad en el período; transferencias efectuadas por la administración central para la atención de gastos corrientes y de capital; gasto anual en el período en concepto de compra de electricidad (etapa devengado), y monto total subsidiado en cada ejercicio por el gobierno nacional; plan anual de inversiones previstas para el período 2012-2016.
Otro aspecto importante es sobre las operaciones financieras para saber si en el ejercicio 2011 y/o lo que va del 2012 la Empresa ha realizado operaciones financieras (“giro en descubierto”) sobre alguna de sus cuentas que componen el Fuco, o si realizó algún tipo de operación de crédito con el agente financiero de la provincia o con alguna otra institución bancaria con detalles sobre plazos, y condiciones.
El último punto es para saber el motivo por el cual no se han nombrado los nuevos miembros cooperativos que integran el directorio de EPE atendiendo las ternas presentadas.
El socialista Raúl Lamberto habló de acompañamiento sin apoyar los dichos de Lacava, afirmó que el uso del Fuco está autorizado por ley y anunció que “esta semana llegó la autorización para pasar el cable bajo avenida 27 de Febrero” y comunicar la estación Puerto con su par Rosario en el centro santafesino.
Por su parte, Acuña con la firma de los restantes justicialistas motorizó una declaración pidiendo que la EPE se abstenga de cobrar el último aumento de tarifas a los usuarios que hayan sufrido cortes por más de 24 horas acumuladas y pedía para industrias y comercios que se tenga en cuenta “el daño emergente y el lucro cesante como componentes indemnizatorios o resarcitorios a los mismos”. Lamberto y después Mascheroni advirtieron sobre los inconvenientes de votar sobre tablas estos últimos párrafos y reclamaron un debate en comisión que finalmente fue aceptado por el autor con el compromiso de tratarlo en la próxima sesión.
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