El juez Claudio Bonadío se
expediría al respecto durante los primeros días de la semana próxima.
Sobre la pesquisa, se supo que el teléfono celular del maquinista no
registró actividad antes del accidente, por lo que no dio aviso de las
fallas por esa vía.
Luego del trágico accidente que ocurrió en la estación de
Once, el cual dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, el
Gobierno anunció que sería querellante en la causa. Y ahora trascendió
que en pocos días recibiría una respuesta a esa presentación.
Fuentes judiciales adelantaron que Bonadío se expediría "entre el lunes y martes" de la semana próxima sobre el pedido del Estado nacional.
Con respecto a Marcos Antonio Córdoba, maquinista de la unidad siniestrada la semana pasada, se reveló que su teléfono móvil "no tiene ningún mensaje ni recibido ni emitido antes de las 8:30", cuando ocurrió el accidente.
Fuentes allegadas a la pesquisa informaron que en el número de teléfono del motorman "recién hay entrantes a partir de las 9 y hasta las 13", lapso en que el conductor estuvo atrapado en el tren.
Además trascendió que el juez rechazó los peritos de parte propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a un grupo de pasajeros que viajaban en el tren. Lo hizo por "falta de idoneidad en la especialidad", ya que uno de los peritos era un licenciado en criminología y el otro se autodefinió como "experto en ferrocarriles", sin más precisiones.
Fuentes judiciales adelantaron que Bonadío se expediría "entre el lunes y martes" de la semana próxima sobre el pedido del Estado nacional.
Con respecto a Marcos Antonio Córdoba, maquinista de la unidad siniestrada la semana pasada, se reveló que su teléfono móvil "no tiene ningún mensaje ni recibido ni emitido antes de las 8:30", cuando ocurrió el accidente.
Fuentes allegadas a la pesquisa informaron que en el número de teléfono del motorman "recién hay entrantes a partir de las 9 y hasta las 13", lapso en que el conductor estuvo atrapado en el tren.
Además trascendió que el juez rechazó los peritos de parte propuestos por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a un grupo de pasajeros que viajaban en el tren. Lo hizo por "falta de idoneidad en la especialidad", ya que uno de los peritos era un licenciado en criminología y el otro se autodefinió como "experto en ferrocarriles", sin más precisiones.
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