En la apertura de un congreso sobre derecho bancario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos se refirió al trabajo de la Comisión Interjurisdiccional de la provincia sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, disertó hoy en Rosario sobre las políticas contra el lavado de dinero y el trabajo de la Comisión Interjurisdiccional de la provincia de Santa Fe sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este organismo fue creado en junio pasado a través de una resolución conjunta de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, junto a la Fiscalía de Estado. "La queja por la falta de seguridad siempre apunta al delito realizado por la fuerza o la violencia, pero los delitos realizados con la inteligencia muchas veces generan condiciones económicas que son causas de exclusión social, y son justamente esos excluidos los que cometen los delitos de violencia que preocupan a la sociedad. Una política criminal tiene que abarcar todos los delitos y éste es uno de ellos", expresó el ministro Superti. La exposición tuvo lugar en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de la Jornada de Actualización en Derecho Bancario. La actividad, auspiciada por la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue declarada de interés provincial por decreto del gobernador Hermes Binner. En declaraciones a la prensa, el ministro Superti explicó que "a nivel nacional funciona la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo creado justamente para la realización de tareas de inteligencia y de información de todas aquellas operaciones que puedan indicar o señalar operaciones relacionadas con el lavado de activos. La UIF funciona sobre la base de informaciones que le tienen que elevar distintos organismos o sujetos que son obligados para eso". En ese sentido, dentro del ámbito público, en la provincia existen cuatro organismos obligados: el Registro Público de Comercio, que pertenece al Poder Judicial, y dentro del Poder Ejecutivo la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro General de la Propiedad. "Nosotros hemos propiciado que estos organismos trabajen en forma coordinada, cumpliendo con toda la normativa vigente, y se ha creado una Comisión Interjurisdiccional que funciona desde mediados de este año, donde han sido convocados los tres organismos del Poder Ejecutivo y hemos invitado al Poder Judicial para que participe y así lo ha aceptado (el Registro Público de Comercio)", continuó Superti. Luego, el ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que "estamos trabajando de manera coordinada, identificando las normativas aplicables, las generales y las específicas de cada uno de ellos, trabajando en los manuales de procedimientos y en un sistema informático que detecte aquellas operaciones que sistemáticamente hay que informar o aquellas operaciones que tienen carácter de sospechosas. Y esto para nosotros es muy importante porque es una metodología que responde a la política criminal que apunta normalmente a aquellos delitos del crimen organizado, a aquellos delitos conocidos como de guante blanco. Porque la queja por la falta de seguridad siempre apunta al delito realizado por la fuerza o la violencia, y a veces parece que uno se olvida de los delitos realizados con la inteligencia y la argucia". Por último, el funcionario indicó que "muchas veces estos delitos de gran escala, como el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de armas, el vaciamiento de algunas empresas, la corrupción a alto nivel, generan condiciones económicas que son causas de exclusión social, y son justamente esos excluidos los que cometen esos delitos de violencia que preocupan a la sociedad. Una política criminal tiene que abarcar todos los delitos y éste es uno de ellos". POLÍTICAS ACTIVAS La Comisión Interjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo aborda en la provincia de Santa Fe la implementación de la normativa nacional sobre prevención de estas actividades delictivas. Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política articulada contra el lavado. A partir de la creación de esta comisión, el 14 de junio de 2011, el Estado provincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos. Su constitución se produce en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros. Tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial. Esta norma es la que establece un sistema para prevenir y perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (y que creó la Unidad de Información Financiera). La comisión está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien preside el organismo, dirigiendo y coordinando el trabajo. Se ha invitado a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio. En ese sentido, participaron de la jornada en la UCA, además de Superti, el director de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti, y representantes de las áreas estatales que lo integran, como el Registro de la Propiedad, la Lotería de Santa Fe y la Inspección General de Personas Jurídicas.
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