Los responsables de la obra de ampliación de la red cloacal donde el pasado 8 de junio murieron dos obreros atrapados en el barro mientras cavaban una zanja, admitieron que una llave de paso rota les impidió interrumpir el flujo de agua que terminó ahogando a los operarios.
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Además, aportaron datos técnicos que demuestran que la tubería que colapsó, lo hizo porque había sido reparada de forma precaria, y que una modificación en su recorrido no figuraba en los planos aportados por Aguas Santafesinas SA (Assa). El representante de la contratista a cargo de las obras que se realizaban en Unión y Herrera, aportó datos que intentan defender su posición en la causa judicial que investiga la jueza Correccional Nº 5, Marisol Usandizaga, caratulada como doble homicidio culposo. Si bien son parciales, esos documentos desnudan la falta de previsibilidad en una actividad que no para de sumar víctimas. En el marco de una ronda de declaraciones informativas que comenzó a tomar Usandizaga, el martes declaró el responsable de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) (Pecam S.A y Del Sol SRL) que estaba a cargo de los trabajos. Mostró fotos, gráficos y estudios de factibilidad del suelo, y la secuencia de la obra desde su proyección hasta después de la tragedia. Así, la empresa intentó demostrar las causas de la inundación de la zanja y las supuestas anomalías que provocaron el accidente. Se detalló que un caño de pvc de 110 milímetros del servicio de agua potable que se extendía paralelo y recto a la zanja fue mal reparado y sufrió una modificación en su recorrido, que no figuraba en los planos que aportó Assa antes de que comenzaran los trabajos. Se trata de un recodo de esa tubería, que cedió e inundó la zanja a razón de 90 centímetros cúbicos por segundo. Tapados por el barro que se formó tras desmoronarse una de las paredes, primero murió Ceferino Crespo, de 24 años, y después Julio Lucero, de 54, cuando intentaba rescatar con una soga a su compañero. En ese momento se intentó extraer el agua con dos bombas, pero de acuerdo al nivel alcanzado hacían falta por lo menos trece de esas máquinas para desagotar el pozo. La información aportada por la empresa contradice la versión de Assa, que a través de su apoderado le había dicho a la jueza que la cañería colapsada no había sido modificada ni reparada, algo que se trata de establecer a través de los sellos impresos en la misma tubería, donde consta la fecha de fabricación. Imprevisión. El responsable de la contratista también aportó un dato que desnuda la falta de previsión: el grifo de seguridad o llave de paso dispuesto para estas contingencias cada cien metros, y que podría haber evitado el desmoronamiento y posterior inundación de la zanja, no funcionaba cuando se intentó cerrarlo. En ese sentido, el juzgado no pasará por alto el rol que debía tener un ingeniero en seguridad laboral que designó Assa para controlar las acciones en la obra, y que figuraba como obligatorio en el pliego licitatorio. También se constató que el coordinador de la seguridad de los obreros dispuesto por la contratista estaba presente en el lugar el día del accidente. La causa ya acumuló la declaración de dos obreros que se encontraban en el lugar al momento de la tragedia, tres policías que fueron los primeros en acudir en auxilio de las víctimas, filmaciones y fotografías solicitadas por el juzgado (propias y de la cobertura periodística). Todo ese material será parte de la evaluación de los peritos oficiales, que aún no fueron sorteados por la Corte Suprema de Justicia, lo cual demora la ponderación de pruebas. En la zona de la tragedia se trabajaba en la ampliación de la red cloacal (70 mil metros), tareas encaradas por le Dirección Provincial de Vivienda.
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