Tres efectivos policiales de la División Logística de la Unidad Regional X, con asiento en Cañada de Gómez —que habían sido pasados a disponibilidad por la propia fuerza hace alrededor de cinco meses— fueron detenidos por orden de la jueza en lo Penal del Distrito Judicial N 6, Delia Paleari, quien viene desarrollando junto a la Fiscalía de los Tribunales cañadenses una investigación sobre el cobro de facturas truchas por 470 mil pesos durante aproximadamente un año.
.La Capital |
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada en el Buzón de la Vida, un instrumento que funciona en Cañada de Gómez para dar cuenta de hechos relacionados con el narcotráfico. Pero como no se trataba de una causa federal, uno de los juzgados Federales de Rosario derivó la presentación a la Fiscalía de Cañada de Gómez, quien se puso a trabajar en el caso.
Los policías apresados (un jefe y dos agentes de la División Logística de la UR X) fueron identificados como José María S., Leandro V., y Luis G., quienes ya habían sido pasados a disponibilidad por la Jefatura de la Policía provincial por presunto peculado, la misma causa por la que ahora los detuvieron. La Justicia ordenó además una serie de allanamientos en sus domicilios particulares.
Se los acusa de haber elaborado facturas truchas de proveedores de la fuerza, y de cobrar los cheques extendidos por la propia policía. Las supuestas estafas habrían ocurrido durante el año 2012, pero yendo hacia atrás en la contabilidad, se habría hallado el mismo procedimiento durante 2011.
Unos $ 470 mil en un año. Como la tarea investigativa no ha finalizado, no se conoce la cifra final del supuesto peculado, pero bien podría duplicarse, aseguran fuentes tribunalicias. Solamente en un año, la cifra ascendería a los 470 mil pesos aproximadamente, según dijeron a La Capital esas mismas fuentes.
"Se secuestró una computadora con la que hacían las facturas y los cheques oficiales eran cobrados por familiares de estas personas. Estamos viendo el grado de responsabilidad de cada uno y si hay otros implicados. Buscamos saber si se trata de una organización", dijo un vocero judicial a este diario.
"Inocente". De los tres uniformados detenidos, solamente uno (Luis G.) declaró ayer en la sede judicial de calle Balcarce en la indagatoria del juzgado. Según el abogado defensor del imputado, Luis Rossini, su defendido se declaró inocente.
El letrado dijo además que todas las acciones que desarrolló (el llenado de alguna factura y el cobro de algún cheque por parte de algún familiar) "fueron encomendadas por un superior, por lo que respondió entonces a órdenes lógicas de una institución netamente vertical. Mi defendido vive de manera muy austera y sencilla, la Justicia debe buscar más arriba si quiere saber qué pasó con todo ese dinero que salió de las arcas de la provincia. El era chofer del jefe de ese entonces (Claudio Prarizzi) y lo que hizo en la oficina fue a pedido de sus superiores", añadió Rossini.
La investigación tiene un largo desarrollo, desde noviembre del año pasado, y ya lleva ocho cuerpos. Rossini presentó ayer un escrito pidiendo la excarcelación de su defendido, y declaró a los medios de prensa que la causa tiene vicios de nulidad, aunque se reservó el hecho de explicar en qué aspecto precisamente. "No es posible que mi defendido siga detenido, no está obstruyendo a la Justicia, tampoco hay peligro de fuga y no se trata de alguien que pueda dañar a otras personas. A mi entender, la jueza debe otorgarle la libertad", dijo el abogado.
Y tras insistir con que Luis G. "jamás administró bienes o dinero dentro de la Jefatura", remató: "Ustedes deberían ver cómo vive para darse cuenta de que ese muchacho no se llevó un peso".
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