Un gasista que trabajó 12 días antes en la instalación del edificio de calle Salta 2141, será indagado hoy en el marco de la causa judicial que se instruye para esclarecer la explosión del 6 de agosto, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas y decenas de heridos.
La Capital |
Ese operario, junto a personal de Litoral Gas que supervisó los arreglos, está bajo sospecha ante una desprolija intervención, y por haberse apartado de la normativa vigente respecto a los protocolos de tareas. Se trata de esclarecer si existió una secuencia negligente anterior a la tragedia.
Aunque no con el peso de haber manipulado el regulador que falló y finalmente ocasionó la fuga de gas y posterior explosión, como ocurre con el gasista Carlos Osvaldo García, José A. también deberá explicar qué trabajo realizó entre el 26 y 27 de julio cuando fue convocado para arreglar un inconveniente en el edificio de Salta y Oroño.
Ese gasista, según los elementos recopilados en la causa, habría cambiado dos niples y un codo que se conectaban a la válvula que regulaba la presión de gas del flujo público al domiciliario. En el trabajo intervino personal de Litoral Gas para cortar el servicio.
Luego de esa tarea, la empresa concesionaria rehabilitó el gas a la tres torres del edificio, pero de la investigación surge que en esos procedimientos, tanto el gasista como Litoral Gas habrían omitido seguir los pasos que estipula la reglamentación.
En cuanto a José A., no habría informado a la empresa qué clase de trabajo realizó, las modificaciones que dispuso en la instalación, y tampoco habría completado los formularios técnicos que exige la normativa vigente para esas situaciones.
Aunque el estado de la cañerías y componentes que colapsaron están bajo pericia, en el marco de la causa surgió que ese arreglo fue precario, ya que, al no conseguir un repuesto por la antigüedad de los componentes, el propio gasista lo diseñó de manera artesanal.
La jueza de Instrucción Nº 10, Irma Patricia Bilotta, busca determinar si previo a la intervención de García el 6 de agosto, existió un obrar negligente o imperito de parte de José A. y de los inspectores y personal técnico de Litoral Gas que lo supervisaron. Para la fiscalía Nº 11, a cargo de Graciela Argüelles, surgieron contradicciones al cotejar el testimonio de varias personas que declararon como testigos apenas ocurrió la explosión, pero que ahora volverán a Tribunales bajo una acusación concreta.
En el marco de esa hipótesis que perfila una cadena de actos imprudentes, también se decretaron cinco declaraciones indagatorias y una informativa a empleados de la compañía prestataria del servicio (cuatro inspectores y dos jefes de área), acto que se concretará en los próximos días. La actuación de Litoral Gas también fue cuestionada por informes del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que la sancionó por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Desde que se inició la investigación judicial, caratulada como estrago culposo agravado por las muertes, a García y su ayudante, Pablo Miño, se sumaron como imputados Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, estos tres últimos por omitir el deber de cuidado de los espacios comunes al condominio en su calidad de administradores —denunciado por los vecinos—. y a quienes hoy se le sumará José A.
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