El proyecto de ley apunta a ampliar la oferta y los valores de terrenos para que sectores medios y bajos accedan a la casa propia. La propuesta consolida la función social del suelo y castiga la especulación inmobiliaria. El proyecto establece la prioridad estatal para comprar un inmueble destinado a soluciones habitacionales, so pena de expropiación, y obligaría a grandes emprendimientos edilicios a ceder al banco fiscal de tierras el 10 por ciento de la superficie a desarrollar.
El gobierno envió ayer a Legislatura el proyecto de ley que apunta a ampliar y mejorar la oferta y los valores de terrenos para que sectores medios y bajos accedan a la casa propia. La propuesta consolida la función social del suelo y por eso castiga la especulación inmobiliaria, llegando a incrementar el Impuesto Inmobiliario hasta en un 200 por ciento para quienes posean baldíos ociosos de más de 5 mil metros cuadrados. También habrá mayor carga tributaria para quienes posean más de cinco inmuebles y para quienes descuiden el mantenimiento de sus parcelas urbanas. La iniciativa de la Secretaría de Hábitat quiere gravar las transacciones superiores al millón de pesos, e instituir formas asociativas entre dueños y Estado para generar loteos e infraestructura a valor subsidiado, inferior a los precios actuales de mercado. Con esto esperan recaudar alrededor de 600 millones de pesos anuales, tres veces más de lo que hasta ahora costó preparar 2.000 lotes del plan Mi tierra, mi casa. El proyecto establece la prioridad estatal para comprar un inmueble destinado a soluciones habitacionales, so pena de expropiación, y obligaría a los grandes emprendimientos edilicios a ceder al banco fiscal de tierras el 10 por ciento de la superficie a desarrollar. Con esto, la Provincia promueve que comunas y municipios adhieran a esta normativa, de manera de desalentar la tenencia especulativa y volcar mayor superficie urbana al uso obligatorio para vivienda.
"Hoy existe sobre oferta de unidades que la gente no puede comprar. No hay relación entre los que demandan y lo que el mercado ofrece. El descalce cada vez mayor entre precios y sueldos, la explosión urbanística del aglomerado Rosario, la urbanización sin infraestructura de localidades que no tienen normativa específica, son señales que marcaron la necesidad de que el Estado intervenga con una ley marco", explicó el titular de Hábitat, Gustavo Leone. El funcionario evaluó que la ley pretendida "quizás no altere el mercado, pero sí permitirá generar suelo que el Estado dotará de infraestructura y sacarlo al mercado a valores de referencia más bajos de lo que hoy existen y en cuotas. Eso creo que alguna presión producirá. Hoy no hay alternativa, y si no, hay que irse a 40 kilómetros de la ciudad", abundó.
El gobernador Antonio Bonfatti anunció el proyecto el miércoles, en la apertura del período legislativo ordinario. Y ayer lo dieron a conocer. Con esta ley el gobierno se propone disuadir la tenencia especulativa del suelo, fijar reglas que propicien un proceso que lleve a que los terrenos ociosos se vuelquen al mercado bajo formas nuevas en las que el Estado jugaría como un desarrollador más, aunque en función social, no de lucro.
"Queremos redistribuir cargas y recursos entre quienes hoy acumulan y ahorran en bienes inmobiliarios, y quienes no tienen acceso ni a un terreno", indicó Leone. Uno de los caminos es la figura de consorcio urbanístico, por el cual el Estado, provincial o municipal, promoverá acuerdos con dueños de parcelas ociosas para desarrollar loteos a cambio de hacerles mejoras de infraestructura, y luego comercializarlo bajo control de la Secretaría de Hábitat. Otra figura parecida es la de convenios urbanísticos para promover emprendimientos similares con organizaciones sin fines de lucro y con sindicatos.
La propuesta contiene instrumentos fiscales para incidir en la tenencia de inmuebles. Incentivos y castigos tributarios que acaso harán rezongar a más de uno. Se aumentaría 50% el impuesto inmobiliario sobre inmuebles destinados a vivienda o uso comercial de superficie edificada superior a 300 metros cuadrados, o 200 m2 si es en propiedad horizontal, cuya antigüedad sea posterior a 1980 y su calidad esté en el rango más alto, entre las categorías 1 y 5. Lo mismo ocurrirá con los inmuebles cuyo dueño tenga más de 5 propiedades mayores a los 15 m2.
Los que posean un inmueble vacante que supere los 3.000 m2 sufrirían un incremento del 100% en el Impuesto Inmobiliario; y en el caso de quienes posean uno de 5.000 m2 en desuso el aumento de ese gravamen ascendería al 200%.
Para las transacciones inmobiliarias por un millón de pesos o más, se propone un aumento del 50% del Impuesto de Sellos.
Los propietarios de cavas a cielo abierto, terrenos sin cerco, con malezas y otros signos de descuido, serán compelidos a remediar ese abandono. Llegado el caso, si la autoridad de aplicación -Hábitat- entiende que allí existe una maniobra especulativa, podrá declarar el inmueble de interés social y urbanístico y expropiarlo sin más.
Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios que superen los 10.000 m2 deberán aportar al Estado otro terreno similar al 10% de la superficie de su emprendimiento, o su equivalente en dinero o costo de infraestructura. Esta medida ya se aplica en Rosario a nivel municipal. "Precisamente, esta norma viene a emparejar el panorama de Rosario y Santa Fe, donde ya hay una tradición de normativa urbanística, con sus localidades aledañas y las del resto de la provincia", explicó el titular de Hábitat.
La ley impone que los recursos generados por sus mismas condiciones deben destinarse a financiar esta misma política de hábitat. Según Leone, se estima que podría recaudarse unos 600 millones de pesos anuales. "Solucionaría el problema de financiamiento para generar suelo e infraestructura. Los 2.000 lotes que generamos por el plan Mi tierra mi casa en Avellaneda al 4200 y en Ibarlucea representan 200 millones de inversión", comparó. Para fin de año, adelantó el director de Vivienda, Pablo Abalos, el gobierno anunciará 4.000 nuevos lotes que ya tienen relevados, en la periferia y en intersticios vacantes del ejido urbano.
La norma impone el derecho de preferencia a favor del Estado cuando se venda un inmueble pasible de afectar a la urbanización de un asentamiento irregular. Es que otro de los objetivos de la ley es integrar las villas miseria al tejido urbanístico, abrir calles y dotarlas de las mejoras necesarias para que dejen de ser consideradas zonas rojas o ghettos.
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